En la audiencia de juicio del caso Metástasis, que a esta hora se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General ofreció demostrar la participación de los 21 acusados del delito de delincuencia organizada relacionada con el narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, ya fallecido.
Sobre Xavier N., alias Novita o Novi, la Fiscalía indicó que demostrará que dirigió la red de influencias en la Corte de Justicia del Guayas para gestionar decisiones a favor Norero y que intervino en la oferta, la negociación y el pago de sobornos para conseguir fallos judiciales para el fallecido delincuente y su familia. Alias Novi mantenía comunicación directa con Norero a través de una aplicación de mensajería.
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Los otros tres acusados como líderes de la organización son Fabián C., Xavier J. y Cristian R., quienes están prófugos, por eso se les ha suspendido la etapa de juicio.
Los acusados de colaboradores que llegaron a juicio son 20.
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De Wilman Terán, alias Diablo, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez nacional, el fiscal Wilson Toainga manifestó que probará que facilitó la compra de decisiones judiciales de los magistrados que conocieron, junto con él, un pedido de habeas corpus para un familiar de Norero y que retrasó su trámite para que Norero ganara tiempo para negociar con el juez a cargo de su caso de lavado de activos.
En tanto que, según la Fiscalía, el exjuez Ronald G., alias Momia, conoció y gestionó el caso de lavado de activos contra Norero y su familia, colaboró en la emisiones judiciales a su favor a cambio de sobornos y planeaba dictar un sobreseimiento en ese caso a cambio de bienes inmuebles.
El exjuez Johann M., según la Fiscalía, se apartó intencionalmente del conocimiento de la apelación que negaba la prisión preventiva en el caso de lavado de activos de Norero y su familia. Con ello, la red criminal logró que se conforme un tribunal afín a sus intereses y se revoquen las medidas sustitutivas contra Lina R., esposa de Leandro Norero.
Del expresidente de la Corte de Manabí Carlos Z., la Fiscalía señaló que colaboró con la red criminal creando condiciones favorables para que los procesos legales contra su supuesto financista, Agustín Intriago, el fallecido alcalde de Manta, no avanzaran. También que Xavier J. le habría solicitado su ayuda para gestionar un habeas corpus a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo y ofreció ayuda a la red para contactar a Ronald G.
María José A., agente fiscal de Samborondón y encargada de la investigación de un caso de tráfico de armas contra Norero, supuestamente cambió el tipo penal por tenencia ilegal de armas, lo cual derivó en la sustitución de la prisión preventiva que se le había dictado. Imputó el delito de alteración de evidencia a los funcionarios de Inmobiliar que ingresaron a la casa de Norero y dictó su prisión preventiva porque él quería asesinarlos en la cárcel.
John C., agente fiscal de Guayas, colaboró con Norero asesorándolo con estrategias de defensa en un caso de tráfico de drogas.
Víctor Hugo A., agente fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, dio a la red información reservada a la que tenía acceso por su cargo y filtró datos sobre operativos de la Policía, lo cual permitió que integrantes de la banda de Norero pudieran evadir a la justicia.
Doris O., quien era oficial de la Unidad Antilavado de Activos encargada de la investigación del proceso contra Norero, redireccionó el informe financiero para que sea favorable para Norero y su familia.
Según la Fiscalía, Armando R. usaba su negocio de compraventa de vehículos para financiar a Norero y aprovechó su rango de mayor de la Policía para hacer el enlace con el oficial investigador del caso de lavado de activos contra el Patrón.
Asimismo demostrará que Ángel L., agente investigador de la Dinased, dio información reservada sobre operativos a la red criminal y asesoró a Norero sobre cómo destruir indicios de sus delitos.
Según la Fiscalía, los policías Fernando G. y Eddin I. dieron resguardo a los bienes muebles de Norero ubicados en su casa en Riberas del Batán, en Samborondón.
Pablo Romero, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, dio beneficios penitenciarios administrativos a Norero y autorizó la salida de alias Madrid y alias Cuyuyui de la cárcel de Latacunga tras la compra de fallos al exjuez Emerson Curipallo. Todo esto a cambio de dineros entregados por el narcotraficante.
La Fiscalía dijo que probará que Katherine G., quien era guía penitenciaria, recibió más de $ 15.000 de dos operadores de Leandro Norero para que este tuviera privilegios y comodidades en la cárcel de Latacunga. Esto lo gestionó con Carlos M., su pareja, que se halla prófugo.
También señaló que demostrará que Claudia Garzón, excomisonada por los Diálogos de Pacificación en las cárceles, dio tratos privilegiados a Norero.
(Noticia en desarrollo)