Fiscal que allanó vivienda de Leandro Norero rinde testimonio en el caso Metástasis, dijo que su vida está en riesgo

El juez Javier de la Cadena reinstala la diligencia para escuchar el testimonio anticipado de la comunicadora Mayra Salazar en el caso Purga.

Luego de una extensa jornada de más de 12 horas, cerca de las 23:30 el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, clausuró la audiencia del caso Metástasis en la que se escucharon los testimonios anticipados de Marcelo Lasso Saavedra, Mayra Salazar, Hélive Angulo y la fiscal Lidia Sarabia. El magistrado indicó que fijará una nueva fecha para retomar los temas que quedaron pendientes en esta audiencia y que tenían que ver con revisión de medidas cautelares.

Entre lágrimas, la fiscal Lidia Sarambia, que investiga delitos de lavado de activos, describió que su vida cambió desde el caso contra Leandro Norero. Ha recibido amenazas contra su vida, contra su integridad y la de su familia. Por ello, usa chaleco antibalas y tiene resguardo policial permanente. "Esto me indigna mucho. Yo no puedo salir ni a la esquina, porque sé que mi integridad y mi vida está en riesgo. Las amenazas que he tenido son fuertes", contó brevemente Sarabia e indicó que por su seguridad no podría revelar más detalles.

Con el afán de frenar la investigación contra Leandro Norero se presentaron alrededor de 14 recursos de "habeas corpus" en Guayas, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, relató la fiscal Lidia Sarambia. En Guayas, dijo la fiscal, la Corte Provincial dispuso que se investigue la presentación de acciones simultaneas, con el mismo objeto y los mismo accionantes. Entre las personas que interpusieron los recursos estuvieron Leandro Norero, sus hermanos Johanna Zambrano e Israel Norero. "La pretensión concreta siempre era obtener la libertad", recordó Sarabia e indicó que los recursos no fueron concedidos. Además dijo que dos acciones cayeron en conocimiento en un juez de apellido Jacho y otro de apellido Terán.

Lidia Sarabia mencionó que la fiscal María José Aguirre le reveló que un grupo de alrededor de doce funcionarios de Inmobiliar "sacaban en maletas" las pertenencias de Leandro Norero y de su conviviente Lina Romero, de la casa en Samborondón. En esa conversación Sarabia recordó que había una medida judicial que impedía mover los objetos del inmueble; Aguirre le dijo que la actuación de los funcionarios de Inmobiliar probablemente respondía a la acción de protección del juez de La Concordia que ordenó devolver la casa incautada. Pero Sarabia replicó que la acción de protección no se podía cumplir, porque mover el estado de las cosas conllevaría a un delito implícito, adicionalmente de que el juez de La Concordia era incompetente para resolver la acción por su jurisdicción.