La Asamblea Nacional con 121 votos a favor y una abstención, este 25 de febrero de 2025, aprobó una resolución en la cual reafirma su compromiso de lucha contra el crimen organizado, y reconoce como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país.

La resolución fue aprobada en la sesión n.° 1012, cuando se abrió el debate de una resolución planteada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), pero esta sufrió modificaciones por el Partido Social Cristiano (PSC), y fue el legislador Otto Vera quien presentó el texto final como moción previa.

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La sesión se instaló pasadas las 16:00, y empezó con una comisión general para recibir a cinco expertos constitucionalistas, quienes se pronunciaron respecto a la necesidad o no de que el legislativo apruebe un acuerdo para obtener la cooperación internacional. Los expertos señalaron que había antecedentes de acuerdos similares que se firmaron durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. También, se refirieron a la reforma al artículo 5 de la Constitución, aunque este tema no era parte de la resolución.

Tras las comparecencias, se retomó la sesión y el primero en intervenir fue el legislador de ADN Ferdinand Álvarez y proponente de la resolución, quien señaló que no se está discutiendo sobre la firma de convenios, que “los que han venido aquí, los abogados, que dicho sea de paso, gran parte de ellos son los que suscribieron una carta en favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Pero no les explicaron de qué venían a hablar”.

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En seguida, expresó que la moción era un pronunciamiento político para mostrarle al país que unidos van a luchar contra el crimen transnacional. Agregó que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), por una rencilla personal, pretendía votar en contra y en consecuencia iría contra del pueblo ecuatoriano.

Gissela Garzón, asambleísta de la RC5, que haciendo eco de lo mencionado por Álvarez, dijo que era un mero pronunciamiento político y por eso no sirve para combatir realmente el crimen, “otro pronunciamiento político para nada”, enfatizó.

Viviana Zambrano, legisladora de Construye, apeló a que se apoye desde el Legislativo al Ejecutivo y a dejar de lado las riñas para que el país no siga en estado de violencia.

Ana Galarza, legisladora independiente, exhortó a que el pleno vote a favor de la moción oficialista, ya que de esa manera no le darían un pretexto al presidente para decir que no puede trabajar por la seguridad porque no tiene el apoyo de la Asamblea Nacional.

Ricardo Ulcuango, asambleísta de la RC5, añadió que se ratifica que no hay Plan Fénix y que con el respaldo no se va a resolver absolutamente nada.

Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que se debe aceptar que el crimen organizado ha rebasado la capacidad de combate del Ecuador, que no debe jugarse con un tema tan sensible como la seguridad y que su bancada, al igual que con todos los asuntos que tienen que ver con la seguridad, respaldaría la moción.

Otto Vera, también del PSC, mencionó que deben hacer un alto a las posiciones políticas para elegir lo que es mejor para el país. Añadió que, si bien, no se necesita la aprobación del Legislativo, se debía respaldar las acciones de las otras funciones en la lucha contra la inseguridad.

Vera fue quien planteó el texto final de la resolución que recibió el respaldo de 121 legisladores de las bancadas ADN, RC, PSC, Construye, Pachakutik y los independientes.

Texto de la resolución

  • Artículo 1.- Reafirmar el compromiso de esta Asamblea Nacional con la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel nacional como transnacional, como ya lo ha venido realizando, realiza y realizará mediante la implementación de acciones coordinadas con el Estado, destacando la importancia de fortalecer las estrategias de seguridad, la cooperación interinstitucional e internacional para garantizar la paz, el orden público y la protección de los derechos ciudadanos, con el objetivo de erradicar las estructuras criminales que amenazan la estabilidad del país.
  • Artículo 2.- Reconocer como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales identificados por las entidades competentes y que forman parte de los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país, reiterando nuestro compromiso como Asamblea Nacional a continuar legislando y fiscalizando en el ámbito de nuestras competencias para seguir tipificando y desarrollando la normativa necesaria para sancionar y desarticular dichas organizaciones, en aras de fortalecer el marco jurídico que garantice la seguridad, integridad y estabilidad institucional del país.
  • Artículo 3.- Exhortar al Gobierno nacional para que, a través de los canales diplomáticos, con otros países y organismos internacionales, ejecute los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad ya suscritos con la República del Ecuador, los cuales conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el dictamen 9-23-TI/24 no requieren aprobación o ratificación por parte de la Asamblea Nacional.
  • Artículo 4.- Exhortar a la Función Ejecutiva disponga la coordinación interinstitucional entre las entidades estatales competentes, con el objetivo de implementar, monitorear y evaluar de manera efectiva las medidas adoptadas en virtud de la presente resolución, asegurando la sinergia entre las acciones nacionales e internacionales orientadas al fortalecimiento institucional y a la lucha contra la delincuencia organizada.
  • Artículo 5.- Remitir a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, la presente resolución, para que coordine de manera articulada con el Gobierno Nacional las acciones de colaboración legislativa para fortalecer los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad.
  • Artículo 6.- Disponer al frente de seguridad del Gobierno Nacional, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Gobierno, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministro de Finanzas, Director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Comandante General de la Policía Nacional que informen a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral cada 15 días lo siguiente: a) Las acciones y resultados de los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales en materia de seguridad; b) Estado de las relaciones bilaterales en materia de cooperación en seguridad con todos los países con los que el Ecuador haya suscrito acuerdos en los últimos tres años; c) Estado de las relaciones bilaterales en materia de seguridad con Colombia y Perú; y, d) Listado de países que tengan expertos militares extranjeros que hayan ingresado y/o permanecido en el Ecuador, como resultado de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad.
  • Artículo 7.- Notifique por Secretaría la presente Resolución a todas las instituciones públicas a las que se ha hecho referencia en el presente instrumento. (I)