Reducir el alto índice de muertes violentas en el país, retomar los espacios que están en poder del crimen organizado y la delincuencia común, combatir la corrupción institucional, controlar las cárceles, depuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mejorar el sistema de justicia, dotación de insumos a la fuerza pública, frenar la entrada y salida de la droga, ... son entre otros los desafíos en el tema de seguridad que deberá enfrentar quien llegue al Palacio de Carondelet para gobernar el Ecuador los próximos 17 meses.
La constante escalada de violencia que ha vivido el Ecuador en los últimos años, principalmente atada al crecimiento de los grupos criminales locales y carteles internacionales que tienen que ver con el crimen organizado, le han valido, por ejemplo, para que la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Citog), por sus siglas en inglés) ubique al país como uno en los que existe mayor criminalidad del mundo.
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En 2021, en la primera medición de Citog, Ecuador apareció en el puesto 35, y tan solo dos años después, para 2023, el país de casi 17 millones de habitantes está en el puesto once, solo debajo de Líbano y empatado con Siria. Colombia, México y Paraguay son los países de la región que se ubican en los primeros cuatro lugares de este ranking.
“Ecuador temía convertirse en Venezuela y ahora se parece a la Colombia de los 80″
Según la Iniciativa Global, Ecuador tiene “un ecosistema criminal complejo y más violento impulsado por grupos empoderados de estilo mafioso y redes criminales locales”.
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Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, cree que entre los objetivos básicos en las actuales condiciones está el luchar para que no siga escalando ese “incremento brutal” de muertres violentas, extorsiones y secuestros que vive el país. Refiere que se debe establecer una correcta gobernanza en materia de narcotráfico que permita poner un punto de orden en el tema escáneres, la intervención aérea, marítima.
Para resolver los desafíos, explica el experto, se necesita un alto nivel de acuerdo político y en eso deberá pensar el o la nueva gobernante. Pontón anota como otro de los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno a la corrupción institucional que se vive en la Policía, las Fuerzas Armadas y la justicia, además del desafío económico, al que, dice, hay que ponerle mucha atención, pues se debe pensar en cómo financiar y rehacer el sector seguridad.
“Creo que también el desafío es psicosocial, es anímico. No se puede enfrentar al crimen organizado con el discurso que tiene el Gobierno actual, que es un discurso derrotista al máximo. Eso limita mucho el ánimo. La gente lo que no entiende es que un ministro o un alto funcionario no solamente hace las labores de firmar papeles y gastar plata, sino es la conducción política, que eso es lo que no veo. Falta liderazgo, mostrar señales políticamente de que las cosas se pueden enderezar y que no todo está perdido”, sostiene.
Ecuador ha experimentado un incremento exponencial en cuanto a muertes violentas. Datos oficiales revelan que el 2022 el país cerró con una tasa de 26 crímenes por cada 100.000 habitantes y, según estadísticas del Observatorio del Crimen Organizado, tan solo en el primer semestre de 2023 las muertes violentas aumentaron en un 74 % respecto al mismo periodo de 2022.
La tendencia en lo que va del año va al alza y podría superar de largo a la tasa del año pasado. Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas están ubicadas como las provincias en las que más muertes violentas -generalmente al estilo sicariato- se registran. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito una de las formas más efectivas de medir la inseguridad y la violencia en un territorio es la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
La experta en temas de seguridad, Bertha García, piensa que al punto que hemos llegado en Ecuador se debe al completo abandono que se ha dado al sector de seguridad, en el que no hay políticas claras y en el que, por ejemplo, afirma, ante una explosión de actos delictivos o del crimen organizado la mejor medida que toma el Gobierno es simplemente emitir un decreto con el que se saca a las calles a las Fuerzas Armadas.
Las elecciones de este domingo 15 de octubre se darán en medio de un estado de excepción renovado por 30 días más, ante una grave conmoción interna. Este fue dispuesto el 8 de octubre último, luego de conocerse que siete investigados por el asesinato del excandidatio presidencial Fernando Villavicencio fueron encontrados ahorcados en sus celdas en dos diferentes cárceles del país. Este estado de excepción renovó el ya existente desde el 10 de agosto pasado, un día después del crimen al estilo sicariato del presidenciable.
A decir de García, ya es hora de que los actores políticos y sociales se sienten y convengan un norte en el tema de seguridad, para así afrontar todo lo que implica el crimen organizado, resolver el problema institucional en el campo judicial, en instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales, refiere, deben ingresar en un proceso de depuración profundo.
“Si no se tiene una visión de reforma de las instituciones, tampoco se puede combatir el problema de la inseguridad en cuanto al crimen organizado, común, al empobrecimiento de la gente... Es momento de reordenar y reorientar las instituciones. Eso no es una cosa que se hace en un solo periodo, pero sí hay que empezar esa idea de reorientar las instituciones, especialmente del sector seguridad y del propio Gobierno”, anotó García, quien ve como positivo el que se dote de todo los necesario a las fuerzas del orden, aclarando que eso es solo una parte y no la solución del problema.
La experta también explica que hay que trabajar en el espacio de inteligencia, reorientar la capacidad para que el Estado en su conjunto, y no solo las Fuerzas Armadas y la Policía, tomen los espacios físicos que están perdidos y a donde el Estado no ha llegado con ningún tipo de servicios. Para ella los espacios que están tomados por el narcotráfico y otros tipos de tráficos son espacios físicos que tienen poblaciones que no están atendidas y si no están atendidas están perdidas para la seguridad.
Ambos conocedores del tema de seguridad coinciden en que el retomar el control de las cárceles del país es otro tema fundamental que deberá ser abordado con prioridad por quien dirija al Ecuador hasta mayo de 2025. En los últimos 28 meses, el país ha presenciado catorce masacres en centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo y Esmeraldas que han dejado más de 500 internos asesinados.
Tanto García como Pontón califican de complejo el cambiar de fondo la realidad del tema de seguridad en solo un año y medio de Gobierno. Aún así coinciden en que lo indispensable es enrumbar al país, sentar las bases hasta donde sea posible, para que existan cambios en la situación de inseguridad a corto, mediano y largo plazo y no sigamos con este derrotero que lo único que ha dejado en Ecuador, dicen, es muerte, desesperanza, migración y dolor. (I)