Solo falta que se conozca el número total de candidatos que participarán en las elecciones generales de febrero próximo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) disponga la impresión de 55 millones de papeletas.
Simultáneamente a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está tramitando recursos legales de los partidos y movimientos políticos inconformes con las resoluciones del Consejo y las juntas provinciales electorales en la calificación de sus listas de precandidatos, se prepara la logística para que 13′736.314 ecuatorianos vayan a las urnas el próximo 9 de febrero del 2025.
Publicidad
Se elegirá presidente y vicepresidente de la República, cinco representantes al Parlamento Andino y 151 asambleístas para el periodo 2025-2029.
Por el momento, hay catorce fórmulas que correrán por llegar a Carondelet y está pendiente que se resuelva la calificación de la postulación de Carlos Rabascall Salazar, auspiciado por el partido Izquierda Democrática (ID), lista 12.
Publicidad
El Tribunal debe certificar que no hay recursos en trámite, ya que Paúl Desamblanc ingresó un recurso subjetivo en contra de su candidatura, que se archivó porque no completó un conjunto de requisitos legales que solicitó la jueza Ivonne Coloma, sobre quien recayó la causa.
También debe resolverse un recurso subjetivo contencioso que enfrenta el precandidato Jan Topic Feraud, cobijado por el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23.
El Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el movimiento Pachakutik (PK) lo acusan de mantener contratos con el Estado, por lo que, según su criterio, estaría impedido de participar. La causa está en análisis del juez electoral Ángel Torres Maldonado, quien está solicitando información a ocho instituciones del Estado sobre los movimientos financieros y empresariales de Topic.
En cuanto a listas a asambleístas nacionales, doce partidos y movimientos competirán por llegar con el mayor número de curules, ya que los movimientos Pachakutik, Democracia Sí y Construye, así como el partido Avanza, no participarán con candidatos a esta dignidad, luego que los jueces identificaron “vicios” en la conformación de las nóminas que se originaron en los procesos de democracia interna.
Este requisito es insubsanable, por lo que en las papeletas sus cuadros políticos no estarán.
En todo caso, el 30 de diciembre, el CNE y el TCE darían a conocer el total de candidatos.
El Consejo aprobó un presupuesto de $ 91′707.668 para organizar los comicios. Según la presidenta Diana Atamaint, los recursos están fluyendo y han recibido alrededor de $ 53 millones.
Lo restante está comprometido para el 2025 y servirá para financiar la contratación de personal y, entre otras cosas, el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto.
La consejera detalló que los recursos están fluyendo y corresponden a contratar productos y servicios, en cuyo caso la institución ha comprometido, por lo menos, $ 24′5 millones.
Entre los valores más altos en contratación, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), está el de la impresión de las papeletas.
El Consejo y el Instituto Geográfico Militar (IGM) suscribieron el contrato por $ 6′038.166, que está en curso, ya que falta conocer el total de candidatos calificados.
En este caso, el IGM tendrá que imprimir alrededor de 55′200.000 papeletas, de las que 13′800.000 son para presidente y vicepresidente de la República, el mismo número para listas de candidatos a asambleístas y otras 13′8 millones para parlamentarios andinos.
Otras 13′370.000 para asambleístas provinciales y 430.000 para asambleístas del exterior.
Las partes incorporaron un inciso en el que se aclara que los formatos de las papeletas podrían sufrir cambios por el número real de listas que participen.
Adicionalmente, se integró la posibilidad de que se impriman otras 13′800.000 papeletas de binomio presidencial en el caso de que haya una segunda vuelta electoral en abril.
A lo que se suma que podría haber otra papeleta para un referéndum que propone el actual mandatario, Daniel Noboa Azín, para reformar la Constitución y permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país para la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, tendrá que superar el trámite de debate en la Asamblea Nacional. Otra propuesta de reforma constitucional, para eliminar el aporte estatal a los partidos y movimientos nacionales, está en debate en la Corte Constitucional (CC).
Otra adjudicación de $ 4′488.930 es para las fundas selladas de documentos electorales, que también se adjudicó al IGM.
En el ámbito de comunicación, el Consejo contrató por $ 11.350 a la empresa Escopusa para que realice el monitoreo de información que se publica en los medios de comunicación para generar alertas que sirvan a la institución en la toma de decisiones.
Está en proceso de calificación de proveedores para la contratación del servicio de monitoreo de la propaganda electoral anticipada, de la campaña electoral que se difundirá entre el 5 de enero y el 6 de febrero, del silencio electoral y del día del sufragio.
El organismo espera que durante 105 días se dé seguimiento a los mensajes de los candidatos en 532 medios de comunicación, entre ellos la televisión, radio, impresos, revistas y medios digitales.
Se estima una inversión de $ 626.000 para esta actividad.
También se contempló un monto por $ 97.000 para comprar 40 computadores portátiles con el mantenimiento por los siguientes tres años a la empresa Megasupply.
Se aprovechó para adjudicar, por $ 77.000, el mantenimiento de cuatro vehículos del Consejo Nacional Electoral que se usarán en los comicios; una empresa para que se encargue de proveer los pasajes aéreos nacionales e internacionales para los observadores de las misiones, para lo que se presupuestaron $ 190.000.
A los que se sumarán otros $ 265.740 para solventar el rubro de hospedaje para los observadores.
Para lo que resta, en el 2025, la autoridad electoral requerirá de más de $ 33 millones para el pago de personal con y sin relación de dependencia, para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional otros $ 10 millones, y otros $ 3′9 millones para preparar el voto de los ecuatorianos en el exterior. (I)