Segundo día de la campaña electoral hacia las elecciones nacionales de febrero y algunos de los candidatos presidenciales arrancaron desilusionados de lo que consideran será un “proceso viciado y condiciones desiguales” frente a su contendor Daniel Noboa que, por el momento, no se ha acogido a la licencia sin sueldo y se mantiene actuando como jefe de Estado y candidato inscrito ante la autoridad electoral.
Desde el 5 de enero se abrió el periodo de 33 días para que los candidatos a las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos promocionen sus planes de gestión de llegar a obtener el respaldo popular el 9 de febrero de 2025.
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De los 16 presidenciales, al menos tres, hicieron pública su molestia por el “silencio” de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Corte Constitucional (CC), ante la aparición del presidente–candidato a la Presidencia, Daniel Noboa Azín, en el balcón del Palacio de Carondelet pidiendo el apoyo ciudadano a su gestión, en medio de su postura de no tomar licencia sin remuneración para hacer promoción política.
Esto, articulado al artículo 93 del Código de la Democracia que dispone que los “dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.
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“Ustedes y este Gobierno vamos a lograr que en cinco semanas resurja al fin el país. Debemos estar atentos a lo que está pasando. Es una lucha histórica contra la desigualdad, la delincuencia, la indolencia. En cinco semanas venceremos. Necesitamos su apoyo. Necesitamos una Asamblea que apoye, que no ponga trabas a nuestros proyectos, que se ponga la camiseta del Ecuador y trabaje por su progreso”, manifestó Daniel Noboa el 5 de enero de 2025, ante grupos de personas que se concentraron en la Plaza Grande en Quito.
En respuesta, la mañana de este lunes, 6 de enero, el presidenciable del movimiento Construye, lista 25, Henry Cucalón Camacho, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una acción por incumplimiento para que se apliquen las reglas de campaña a todos los candidatos.
Cucalón hizo un llamado al CNE a que se pronuncie en una resolución y disponga un “efectivo control para quienes, ocupando un cargo público, incumplen con la solicitud de licencia obligatoria durante el periodo de campaña”; y, que tenga una posición pública sobre el incumplimiento del artículo 93.
“Van a terminar viciando el proceso. El pueblo ecuatoriano quiere que su voto sea respetado en igualdad de condiciones y, más temprano que tarde, la ley va a brillar. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresó Cucalón en los exteriores del edificio del Consejo en la capital.
Añadió que ninguna autoridad pública puede hacer campaña porque “eso propicia la desigualdad” y que lo que espera es “un juego limpio y el árbitro debería ser el CNE, aunque ha sido un árbitro mudo”.
De no haber una posición de las autoridades, ese “silencio cómplice será el plazo previo para que llegue a la Corte Constitucional (CC) y ponga orden en el país y no se siente un pésimo precedente”, dijo.
Minutos después de las 11:00, en la sede del Partido Social Cristiano (PSC), lista 6, al centro norte de Quito, el candidato presidencial, Henry Kronfle Kozhaya, acompañado de sus coidearios, como Alfredo Serrano, candidato a la Asamblea Nacional, hizo un llamado público a respetar la ley.
“El Ecuador enfrenta una grave amenaza a su democracia. Este no es un tema político, es un tema de país, de no permitir que la patria sea pisoteada por quienes quieren ignorar la ley, y poner sus intereses personales por encima. Durante los años del correísmo fuimos testigos de cómo se burlaba la Constitución, se manipulaba la institucionalidad y se aplastaba cualquier oposición. Hoy, ese mismo abuso se repite. El actual presidente que busca su reelección ha decidido ignorar lo que manda la ley. (...) Muestra un desprecio y crea una desigualdad grotesca”, anotó Kronfle.
También pidió al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que haga respetar la norma y, a la Contraloría General del Estado a que inicie de oficio auditorías ante un posible uso de recursos públicos en campañas electorales. A la Corte Constitucional le dijo que el “el silencio no es justicia” y que defienda la institucionalidad.
A una cuadra de distancia del PSC, en la puerta del TCE, estaba el postulante Luis Tillería Limongi, auspiciado por el partido Avanza, lista 8, que luciendo un chaleco antibalas y un casco, formalizó una denuncia por presunta infracción electoral grave y muy grave en contra de Noboa.
Lo responsabilizó de no solicitar licencia sin sueldo desde el “inicio de la campaña”, es decir, desde el domingo, como lo menciona el artículo 93 del Código; y, que haya servidores que, en ejercicio de sus funciones, estarían induciendo al voto a favor de determinada preferencia electoral.
Esta última es una infracción grave que se sanciona con multas desde once salarios básicos hasta 20; la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
La denuncia por infracción electoral muy grave se sanciona con multa desde 21 salarios hasta 70, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años, en el caso que haya servidores gubernamentales que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales (…).
Tillería espera que en el trámite de estas denuncias, el presidente–candidato sea descalificado de la contienda electoral. “Es público y notorio que Daniel Noboa hizo proselitismo desde el balcón de Carondelet. Él ha convertido a Carondelet en una central política”, cuestionó.
Hasta esta publicación, el CNE no se pronunció y el TCE no ingresaba en el sistema la denuncia por presunta infracción. (I)