En la preparación para los comicios de la segunda vuelta del 13 de abril suman dos los pedidos que ha hecho el Gobierno nacional al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que aún están en análisis del pleno.
Los ecuatorianos volverán a las urnas dentro de 34 días para definir quién ocupará la Presidencia de la República por los siguientes cuatro años y, aunque el Consejo Nacional Electoral sigue el calendario fijado para llegar al 13 de abril, surgieron dos pedidos gubernamentales no planificados.
Publicidad
Luego de las elecciones de la primera vuelta del 9 de febrero, el presidente-candidato Daniel Noboa habló de una serie de aparentes casos de extorsión a los electores para que voten por una u otra lista de candidatos, en los que estarían involucrados grupos de delincuencia organizada.
Para ello, los sospechosos habrían exigido fotografías del voto, por lo que el mandatario pidió que se restrinja el uso de teléfonos celulares a los electores.
Publicidad
El 28 de febrero pasado, los consejeros José Cabrera y Diana Atamaint asistieron a una reunión en el Complejo de La Recoleta en Quito con los ministros de Defensa y del Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, respectivamente, y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para obtener información y detalles sobre estas denuncias, y sobre esa base elaborar una resolución.
Se desconoce el número de denuncias que el régimen entregó al Consejo, porque la información se consideró como reservada.
Extraoficialmente se conoció que la posibilidad de una regulación es viable y se podría observar como una infracción electoral muy grave contemplada en el numeral 2 del artículo 279 del Código de la Democracia por “incumplir las órdenes legítimas emanadas de los órganos electorales competentes”.
Un nuevo pedido del candidato-presidente Noboa es que el Consejo Nacional Electoral tome una resolución para evitar que los electores de las zonas afectadas por la época invernal sean multados por no asistir a sufragar.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral permite justificar la inasistencia al sufragio o a la integración de las juntas receptoras del voto (JRV) por diferentes motivos.
“En estas elecciones no se debería cobrar multa a las provincias afectadas por las emergencias, por las inundaciones (…). Cómo se les va a cobrar la multa. Le vamos a solicitar al CNE que elimine la multa a las provincias que están en emergencia declarada”, expresó Daniel Noboa, en una entrevista para radio City, este 10 de marzo.
El 25 de febrero, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó de la declaratoria de emergencia en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay.
El Consejo no se ha pronunciado respecto a este pedido, que deberá resolverse en su pleno, al igual que la medida para evitar el uso de celulares en los recintos electorales.
No obstante, en el Consejo se explicó extraoficialmente que se requiere de un informe jurídico en el que se detalle, por ejemplo, si la afectación es en toda una provincia o en determinadas poblaciones.
Otro análisis es que el clima mejore hasta llegar al 13 de abril.
El Código de la Democracia en el artículo 292 sanciona con el pago de una multa equivalente al 10 % de un salario básico a quien teniendo la obligación de votar no lo haga; y con el 15 % del salario a aquellos ciudadanos convocados a integrar las juntas receptoras del voto que incumplan con esta obligación.
La misma norma exceptúa de esta sanción a quienes no puedan votar por mandato legal, como los presos con sentencia ejecutoriada.
Así como por motivos de salud o impedimentos físicos comprobados con el certificado médico del sistema de salud público o privado; quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave que ocurra el día de las elecciones o hasta ocho días antes; y aquellos que el día de las elecciones se ausenten o lleguen al Ecuador.
Además, quienes tengan voto facultativo y no están obligados a votar.
En el Reglamento de Trámites para el Incumplimiento del Sufragio, la autoridad electoral incluyó a los “médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, internos rotativos y médicos rurales, así como todo el personal de servicios de salud pública que, por razones de cumplimiento de su trabajo en la prestación del servicio de salud en hospitales, centros y subcentros de salud pública, se encontraren de turno laborando el día de las elecciones”, cita la normativa.
Las personas incursas en estas faltas podrán presentar los documentos que justifiquen su inasistencia a votar, para lo que previamente se debe llenar un formulario. (I)