Al menos tres sectores del Legislativo ven como el camino más viable que la Asamblea Nacional se encargue de realizar una Ley interpretativa a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (CGE) para solucionar el vacío legal de la entidad tras la detención, en abril pasado, del contralor subrogante Pablo Celi, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada.