La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició este 26 de febrero la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para explicar las cifras de la proforma del presupuesto general del Estado para el período fiscal 2024 y la programación cuatrianual 2024-2027.
Acudieron el viceministro Daniel Falconí; Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto; y Silvia Burbano, subsecretaria de programación fiscal. También asistió la delegada del Servicio de Rentas Internas (SRI), María Caridad Carrión.
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En la mesa se analizó el presupuesto asignado a las universidades a través del Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) y se informó que las asignaciones se reducirán en la proforma 2024 porque se incorpora a la fórmula de distribución a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
“El Ministerio de Finanzas respondió a criterios técnicos: al Fopedeupo ingresa Yachay por lo que modifican las asignaciones presupuestarias. Pero con la vigencia de la Ley para enfrentar el conflicto Armado interno, la crisis social y económica se debería aumentar la asignación a las universidades. Es un llamado de atención también a las autoridades administrativas de las universidades públicas a que ejecuten los presupuestos”, dijo al término de la sesión la titular de la Comisión, Nathaly Farinango.
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Para este año está previsto que a esa entidad se entreguen $ 1.069 millones, frente a los $ 1.073 que recibió en 2023.
Según explicó Daniel Falconí, viceministro de Finanzas, una de las razones para la reducción de fondos es que no hubo capacidad de gestión de algunas entidades públicas en 2023, lo cual se ha reflejado en el presupuesto utilizado el año pasado.
“Nosotros estuvimos acá hace tres semanas en la Asamblea Nacional comentando estos datos, que fueron calculados sobre la base de la información que está disponible para la generación de los impuestos; y sobre eso el cálculo del Fopedeupo, adicionalmente gratuidad, funcionamiento y compensación, en el cual los niveles entre todas las asignaciones son $ 4 millones menores a los que se generaron en el 2023″, detalló Falconí.
Estos recortes generan preocupación en el ámbito educativo debido al temor de que afecten negativamente la calidad y accesibilidad de la educación superior en el país.
La subsecretaria de Presupuesto indicó que esta es una preasignación que consta en el presupuesto general del Estado.
“Esta preasignación en el ingreso dice que se deberá reasignar o preasignar el 11 % de impuesto a la renta y el 10 % del IVA. Eso es lo que conforma el Fopedeupo. Ese valor, como ustedes vieron, la proyección de los ingresos, en base a eso se calcula. Es un cálculo sobre una base legal en firme”, aclaró Núñez.
La funcionaria afirmó que en las asignaciones que corresponden a las universidades “no existe una disminución importante”.
En palabras de Núñez, “la torta es la misma y con la torta distribuyo a un número mayor de universidades. Si se incrementa una universidad más, seguramente todas se van a ver afectadas”.
$ 16.000 millones a la caja fiscal
La delegada del SRI, María Caridad Carrión, mencionó que la entidad contempla recaudar un monto neto de $ 16.000 millones ya con el IVA al 15 % y los impuestos que saldrán en los próximos días en la nueva ley.
“Aproximadamente el valor que nosotros como SRI entraríamos a caja son los $ 16.000 millones. Al momento el SRI da $ 15.265 millones, que es lo que está plasmado esa proforma 2024″, apuntó Carrión.
Jubilados del IESS reclaman recursos
Por la tarde, la Comisión de Régimen Económico recibió a Édison Lima, representante de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Él reprochó que la proforma no cubre todas las necesidades económicas que demanda el IESS, para atender los gastos de salud, pensiones, riesgos de trabajo y para el Seguro Social Campesino.
Según Lima, en la proforma faltan $ 1.300 millones adicionales frente a los $ 2.388,30 millones que presupuestó el Ministerio de Finanzas para el 2024.
El representante de los jubilados señaló que desde el año 2008 la deuda del Estado con el IESS, por diversos rubros, es de aproximadamente $ 23.000 millones; por lo que el Gobierno debe encontrar mecanismos para obtener recursos para saldar sus obligaciones.
A la sesión de la mesa legislativa también fue convocada Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, pero se excusó por temas de agenda y pidió ser recibida en otro momento. (I)