Trece años de vigencia de la Constitución de 2008, en los que la Asamblea Nacional no ha podido desarrollar una ley para la “coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.
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El desarrollo de una ley de justicia indígena es una deuda de la Asamblea Nacional
La Constitución dispuso en su artículo 171 que se ponga en vigencia una ley para la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria e indígena.
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