El presidente de la República que asuma el poder el próximo 24 de mayo se encontrará con una “chequera” de $ 453 millones en el Banco Central del Ecuador (BCE), según Marcos López, miembro de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
Así explicaron los representantes del Gobierno nacional la crisis de liquidez por la que atraviesa la institución, durante la comisión general que arrancó este 4 de abril en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, como parte del tratamiento del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.
Los siguientes cuatro días, la comisión legislativa continuará escuchando a los voceros del Gobierno nacional (proponente del texto legal que tiene el carácter de urgente ) y a la sociedad civil, antes de elaborar el informe de primer debate que será tratado en el pleno de la Asamblea.
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Esta jornada, que se extendió ayer por casi cinco horas, se abrió con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y del delegado del presidente Lenín Moreno en la Junta, Marcos López, quienes mostraron un diagnóstico de la liquidez del BCE.
Los funcionarios resaltaron la necesidad de que el banco sea independiente del Gobierno, con el objetivo de proteger la dolarización.
López aseguró que “no hay exceso de liquidez” en el banco, respecto del balance al 31 de diciembre del 2020; y advirtió el escenario con el que se encontrará el próximo presidente de la República que se elija en las elecciones del 11 de abril próximo.
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“De lo único que puede disponer el próximo presidente de la República —si tomara con este balance—, sea el candidato Guillermo Lasso (CREO-PSC) o el candidato Andrés Arauz (UNES), lo único que van a encontrar es una chequera con $ 453 millones. Eso es lo único que se va a encontrar en la chequera. No tiene más, y si quiere girar $ 1.000 millones, tendrá que buscar $ 600 millones de algún lado; o pedir un préstamo u obligar a que se compren bonos”, alertó.
Marcos López: La reserva internacional debe ser exactamente igual al dinero que le entregaron al BCE
Detalló que el BCE tiene $ 13.853 millones al 31 de diciembre del 2020. “Eso es lo que nos deben a los ecuatorianos, o es lo que nos tiene que pagar el Banco Central cuando le pidamos. ¿Cuánto tiene para pagarnos? $ 7.195 millones al 31 de diciembre. Es decir, que le hacen falta $ 6.700 millones para pagarnos lo que nos debe. No hay exceso de liquidez como se habla”, expresó López ante la mesa.
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El ministro Mauricio Pozo aseguró que este proyecto requiere ser aprobado para establecer las “seguridades y candados para fortalecer la dolarización, para mantener un sistema monetario estable”.
Insistió en la preocupación de que el BCE tiene un “descalce” de $ 6.600 millones para respaldar los depósitos, porque fueron cambiados por “papeles”.
“Tenemos un descalce de casi $ 7.000 millones. No hay ahorro fiscal, no tenemos ahorro fiscal y por eso hemos tenido que endeudarnos”, acotó Pozo.
Los funcionarios fueron cuestionados por las legisladoras Ana Belén Marín (AP), Pinuccia Colamarco (AP) y Lira Villaba (RC) respecto a la reforma legal de integrar las juntas de Política y Regulación Monetaria y la de Política y Regulación Financiera, cuyos integrantes podrán ser recomendados por el presidente de la República y serán elegidos por la Asamblea Nacional.
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Para las asambleístas, esta propuesta sería inconstitucional, porque la Constitución determina que el presidente de la República tiene la atribución de conducir la política monetaria.
Villalba, por ejemplo, discrepó que pueda ser integrada por “banqueros”, quienes podrían ir a hacer “lo que les da la gana” en esos cuerpos colegiados.
Pozo apuntó que estas instancias son necesarias para que definan políticas “técnicas”, que sean aplicadas por el BCE.
“Hacemos esto para tener un Banco Central totalmente independiente. Nadie más va a manejar el banco: ni el Gobierno, ni los banqueros”, explicó.
Sin embargo, dijo que “no es pecado” haber sido banquero y que pueda ejercer funciones en una de estas juntas.
López, de su parte, rescató que con estas reformas las juntas tendrán una representación jurídica, y sus integrantes deberán ser profesionales en la materia y que puedan tomar decisiones técnicas para así garantizar la independencia del Banco Central.
Discrepó de Villalba, a quien le respondió que él no encuentra ningún artículo en el que se diga que “los miembros de las juntas pueden hacer lo que les da la gana”.
Aclaró también que las 55 funciones que actualmente tiene asignadas la Junta de Regulación Monetaria se repartirán entre las dos juntas (de ser aprobado el proyecto legal).
Pozo insistió en que esta norma asegurará que “se mantenga la dolarización”, y reconoció que su envío al Legislativo responde a una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de créditos.
Después de casi cinco horas de discusión, el presidente de la comisión, Franco Romero, la suspendió y la reinstalará hoy a las 09:40.
El cuerpo legal fue enviado con el carácter de urgente y debe ser aprobado en un plazo de 30 días.
Contiene alrededor de 104 artículos, 8 disposiciones reformatorias y 6 disposiciones transitorias. Según el régimen, su objetivo es dar autonomía en el manejo de la política monetaria y “custodiar, sin presiones, los dineros de la Reserva Internacional (RI)”.
Fue calificada por el CAL en el tercer intento, pues en dos momentos anteriores fue rechazada por incumplir cuestiones de forma y constitucionales. (I)
