El 26 de julio próximo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien es acusado por la Fiscalía de un supuesto abuso sexual, enfrentará una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La diligencia se dará 40 días después de que se cerró la instrucción fiscal, abierta el 16 de mayo pasado con la formulación de cargos y en la que se ordenó prisión preventiva para el funcionario público.
La fecha fue definida por el juez nacional Luis Adrián Rojas, luego de que la fiscal general, Diana Salazar, notificó del cierre de la etapa de instrucción, la cual duró 30 días. Al momento Carrión se mantiene en la Cárcel 4, en el norte de Quito, cumpliendo la orden de prisión preventiva, medida cautelar que fue apelada por el defensor del Pueblo el 3 de junio pasado y que fue negada por un Tribunal de la Corte Nacional.
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El supuesto abuso sexual investigado habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo último, durante un festejo en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí y en el que estaba la pareja de este último. Ella habría sido la persona quien hizo el llamado para denunciar el abuso por el que ahora se le procesa al defensor del Pueblo.
Pero la investigación por abuso sexual no es el único tema que en lo judicial está enfrentando Freddy Carrión. El 21 de junio pasado, la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, colocó una denuncia contra Carrión por el ingreso de artículos prohibidos a la Cárcel 4 y la usurpación y simulación de funciones públicas.
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Rovira aseguraba que cometió estos dos delitos al emitir una resolución al no estar en el cargo y desde ese Centro de Privación de la Libertad para cesarla a ella en sus funciones. La defensora subrogante en su momento explicó que una vez que Carrión no solicitó la ampliación de sus vacaciones, se procedió a la declaratoria de ausencia temporal por fuerza mayor.
En paralelo, en la Asamblea Nacional se debate la posibilidad de llevar a Carrión a juicio político. El 23 de junio pasado, en el Legislativo los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yesenia Guamaní, de los registros de Izquierda Democrática, presentaron solicitudes para llevar a juicio político a Carrión.
Ambos mantienen acusaciones similares y apelan a la violación de los mismos artículos de la Constitución y de la Defensoría del Pueblo sobre una inadecuada conducta del funcionario y vulneración de los derechos humanos.
Desde la presentación de las solicitudes, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en un plazo de diez días deberá poner a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) los dos pedidos.
Stalin Raza, defensa técnica de Carrión, asegura que no existe ningún elemento de convicción hasta ahora que determine de manera concluyente que el defensor del Pueblo cometió un delito tan grave como el de abuso sexual. “Hubo una gresca, una riña que se produjo en un departamento, donde desgraciadamente también intervino una persona de sexo femenino, pero en ningún momento hubo una connotación sexual en medio de esa gresca”.
El juez Luis Adrián Rojas en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio escuchará a las partes procesales y al final resolverá si llama o no a juicio al único procesado en esta causa. Hasta el momento no se conoce de ningún dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía, por lo que se entendería que desde esa instancia se insistirá en la acusación y se pedirá que se llame a juicio a Carrión como autor del delito investigado.
Desde la perspectiva de Marcelo Icaza, abogado de la víctima en este caso, Carrión debe ser llamado a juicio, debido a que existen pericias técnicas que confirman lo dicho por la agredida. “Tomemos en consideración que este es un delito de carácter sexual y los mismos se los cometen en la clandestinidad, que quiere decir que no son cometidos a vista y paciencia de las personas y por esa razón la valoración psicológica, la entrevista con la víctima, la pericia de género y la pericia médico legal tiene un valor muy importante para determinar lo ocurrido”. (I)