Por inconstitucional, el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto que reformaba la Ley de Régimen Tributario Interno que proponía que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), las universidades y escuelas politécnicas puedan retener en sus cuentas el impuesto al valor agregado (IVA), que cancelan en la adquisición local e importación de bienes y servicios gravados.