La Asamblea Nacional aprobó el 15 de abril del 2026 el proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, que establece la incorporación obligatoria y progresiva de contenidos sobre gestión económica en el sistema educativo ecuatoriano.
La normativa dispone que las instituciones educativas, desde el nivel escolar hasta la educación superior, incluyan formación en educación financiera dentro de sus programas académicos. Esta obligación también se extiende al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la etnoeducación y procesos dirigidos a jóvenes, adultos y personas con escolaridad inconclusa, además de espacios de educación no formal.
De acuerdo con el Legislativo: “El proyecto final establece, por primera vez en el país, la incorporación obligatoria, progresiva y transversal de la educación financiera en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la superior”.
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“Hoy saldamos una deuda histórica con los jóvenes del país”, indicó en su cuenta de Instagram el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, señaló que la propuesta incorpora enfoques de género e interculturalidad, y que recoge aportes de legisladores y especialistas en temas educativos y financieros.
Entre sus ejes centrales, se dispone la construcción de una cultura financiera basada en principios de transversalidad, calidad, eficiencia, objetividad, oportunidad e interculturalidad.
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El objetivo de la ley es que la población desarrolle conocimientos, habilidades y criterios para la toma de decisiones relacionadas con el uso del dinero, el ahorro, el endeudamiento y la planificación económica personal en distintos contextos.
Entre los contenidos incorporados constan la prevención de fraudes electrónicos, el uso seguro de plataformas digitales, servicios financieros en línea y aplicaciones móviles, así como la protección de datos personales. Además, se incluye la identificación de riesgos asociados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial.
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La autoridad educativa nacional, en coordinación con el ente rector de la política financiera y monetaria, será la encargada de diseñar e implementar una estrategia nacional de educación financiera. Esta contemplará metodologías de enseñanza, contenidos prácticos y mecanismos de evaluación con indicadores de impacto.
El cuerpo legal también prevé la capacitación de docentes para la aplicación de estos contenidos en el aula, así como la participación de entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria en procesos formativos, con énfasis en grupos de atención prioritaria como adultos mayores.
El proyecto fue presentado en julio de 2025 por el asambleísta Juan José Reyes y fue aprobado con el respaldo de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados. Ahora pasará al Ejecutivo para su sanción o veto. (I)
