Un grupo de legisladores de la Amazonía afines a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), este 10 de abril de 2026, presentó un proyecto que reforma la ley para la planificación y desarrollo integral de la Amazonía que establece un régimen sancionatorio para las autoridades que incumplan otorgar empleo preferente a los residentes de las seis provincias amazónicas.

La reforma pretende consolidar una gestión integral en la Amazonía, basada en cinco líneas estratégicas: fortalecer la institucionalidad y la gobernanza, garantizar el cumplimiento y la evaluación efectiva, consolidar fondos estratégicos con manejo territorial, controlar de manera rigurosa la minería ilegal y establecer un régimen sancionatorio robusto acompañado de control político efectivo.

La propuesta presentada por los asambleísta Ana Belén Tapia, Steven Villacrés, Nuvia Vega, María Cristina Acuña, Esperanza Rogel y Edwin Jarrín crea el derecho de acceso preferente, con lo cual los residentes de las provincias de la región Amazónica, ya sea por nacimiento, por domicilio habitual de al menos cinco años o por constar como domiciliados por un mínimo de diez años en el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral, serán considerados de manera preferente para la contratación y el concurso público de méritos y oposición en las entidades del sector público y privado. Asimismo, gozarán del derecho preferente en el acceso a los recursos naturales, en la realización de actividades ambientalmente sostenibles que se desarrollen en la Circunscripción, y en la provisión de servicios. Se establecerán acciones afirmativas.

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Las reformas incorporan a la juventud amazónica como grupo prioritario dentro del régimen de empleo preferente y de la planificación territorial amazónica, y se inserta un régimen sancionatorio a aquellas autoridades que incumplan con esta disposición.

La propuesta se orienta a fortalecer la atención de emergencias e incorporar el componente cultural amazónico dentro del régimen especial. La reforma incluye a los cuerpos de bomberos como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados, en calidad de ejecutores operativos dentro del Fondo Permanente de Emergencias.

Se crea el Fondo Permanente de Emergencias para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se financiará con el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los recursos del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico.

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Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente para atender y solventar las emergencias que se produzcan en la circunscripción territorial amazónica y se distribuirá de manera equitativa entre las seis provincias amazónicas, a través de la contratación de bienes y servicios para atender emergencias por desastres naturales; emergencias sanitarias que requieran intervención inmediata en la región; emergencias viales por colapso de infraestructura crítica de conectividad; o, emergencias ambientales por contaminación o degradación ecosistémica.

(I)

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