La veeduría ciudadana que vigila el proceso de renovación parcial de las juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador 2024-2025 informó que se han presentado dos recursos de revisión a las evaluaciones de los exámenes escritos que se rindieron el pasado lunes, 10 de febrero, dentro de la fase de oposición dentro del concurso.
Los recursos fueron presentados por Jorge Benavides Ordóñez (Transparencia) y por Pamela Aguirre Castro (Ejecutivo).
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“La fundamentación de los recursos de revisión observa que las preguntas (teóricas) admitían más de una respuesta posible o se encuentran mal formuladas y que la rúbrica de evaluación para los casos prácticos contiene inconsistencias y errores conceptuales y técnicos”, informó la veeduría.
Tras la presentación de los recursos por parte de quienes postulan, la comisión calificadora tiene un término de tres días para resolver los recursos.
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En tanto, el próximo 28 de febrero se conocerá a los tres nuevos jueces que se integrarán al pleno de la Corte Constitucional (CC), una vez que concluya el concurso público de selección de estas autoridades, que está a un paso de finalizar con una sombra de dudas.
La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional y se compone de nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años, a través de un concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana que lo hace una comisión calificadora.
Esta se integra por seis personas delegadas por tres funciones del Estado: la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), que a su vez envían las ternas de candidatos a jueces de la CC.
De los nueve concursantes con los que arrancó el proceso en noviembre de 2024, quedaron seis, por la descalificación de la candidatura de Angélica Porras, por una impugnación ciudadana, y por la renuncia de Gladys Proaño y Gastón Morante.
De los seis candidatos que están en la competencia, el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene a dos de sus nominados: Claudia Salgado Levy y Pamela Aguirre Castro.
De la Asamblea Nacional solo quedó Román Terán Suárez, y de la Función de Transparencia, que agrupa a nueve instituciones del Estado, están Jorge Benavides Ordóñez, Armando Aceldo Gualli y Sandra Cordero Gárate.
Este proceso está valorado sobre 100 puntos, divididos en 30 de méritos, 35 de la prueba escrita y 35 de la prueba práctica, que es la última que les falta superar.
Por otra parte, el Observatorio de Derechos y Justicia emitió un comunicado en el que expresó que ven con profunda preocupación el desarrollo del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, pues en días pasados se han suscitado varios incidentes que generan dudas sobre la imparcialidad y la rigurosidad con las que tal proceso se está llevando a cabo.
“Con respecto a los criterios de calificación de la prueba, observamos a modo general que los mismos son tan imprecisos como ambiguos: cuando se habla de ‘uso de jurisprudencia local o internacional’, no se aclara si solo se debe mencionar cualquier caso, o cómo se valora la pertinencia de esas decisiones a la hora de evaluar la respuesta (por ejemplo, en un caso relacionado a derechos de propiedad ancestral de pueblos indígenas, citar una sentencia sobre libre expresión sería equivocado)”, menciona el observatorio.
El observatorio manifestó que solicitan a los integrantes de la comisión calificadora que transparenten los criterios de asignación de puntajes en las etapas de méritos y oposición y examen escrito, y que su trabajo de evaluación y asignación de notas esté revestido de la más rigurosa objetividad, tecnicidad y claridad.
“Un proceso que empieza a ser cuestionado por juristas, docentes y prensa solo traerá como resultado una Corte con elevada desconfianza ciudadana, algo que le hace un desfavor a nuestra debilitada democracia. Confiamos en la buena fe y la colaboración que sobre estas cuestiones el país recibirá desde la comisión calificadora”, apuntó. (I)