Diez momentos que marcaron la tortuosa relación entre Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional

El presidente Guillermo Lasso y los 137 ahora exasambleístas fueron electos por los ecuatorianos en las urnas en 2019 para un periodo de cuatro años que se vio afectado con el Decreto 741, que invocó la disolución de la Asamblea Nacional y solicita la convocatoria a elecciones anticipadas para renovar a todas estas autoridades.La decisión de Lasso de invocar esta herramienta, conocida también como muerte cruzada y prevista en el artículo 148 de la Constitución, se argumentó en que se viven momentos de “grave crisis política y conmoción interna” en el país, provocados por aspectos como “la existencia de un Legislativo irresponsable, obstrucción a proyectos de ley , un desbalance en las funciones del Estado, desconfianza de la ciudadanía en la clase política, las amenazas a recrudecer la protesta social y el incremento de la violencia y criminalidad”. Casi desde el inicio de sus respectivos periodos, la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se comenzó a complicar. A continuación, diez momentos para comprender este deterioro que terminó en un juicio político inconcluso y la muerte cruzada: Durante la elección de las autoridades del Legislativo se dieron las primeras fricciones entre la Asamblea y Lasso. Se rompió el pacto que se conoce se formó entre los bloques: el correísta de Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo con el movimiento CREO para nombrar a las autoridades del Parlamento. La ruptura se originó tras la abstención del bloque de CREO en la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC) para que el legislador Henry Kronfle sea el nuevo presidente de la Asamblea. Los doce legisladores oficialistas, liderados por el ahora fallecido exministro de Gobierno César Monge , se abstuvieron de votar en la moción planteada por Torres; incluso hubo un sector de independientes, con quienes llegaron a acuerdos previos, que optó por la abstención.El Gobierno armó una alianza con Pachakutik (PK), independientes y la Izquierda Democrática (ID), nombrando como presidenta de la Asamblea a Guadalupe Llori. La Asamblea Nacional no aprobó, negó ni archivó el proyecto de ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal remitido por el Ejecutivo. Inicialmente se planteó una moción para aprobar el informe de mayoría para segundo debate que se elaboró en la Comisión de Desarrollo Económico. Este no logró los 70 votos que necesitaba en el pleno; apenas alcanzó 30 que llegaron del bloque de Gobierno, la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y sus aliados. El proyecto terminó entrando en vigencia por el ministerio de la ley.Tras varios intentos y forcejeos políticos, el Gobierno sufrió una derrota legislativa con 87 votos y no logró pasar en la Asamblea Nacional el proyecto de inversiones que formaba parte de su plan de desarrollo. Las bancadas de UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática armaron mayoría para bloquear la iniciativa del régimen y lograron 87 apoyos.Ante la derrota en la Asamblea, Lasso denunció en público, aunque sin dar nombres, que asambleístas lo chantajeaban pidiendo cargos y hasta dinero en efectivo a cambio de los votos para aprobar el proyecto.La mayoría de las bancadas legislativas emplazaron al presidente Lasso a que revele los nombres, luego de sus afirmaciones de que existían “asambleístas chantajistas, ladrones y que piden dinero en efectivo”. La Fiscalía General abrió la investigación previa a los hechos denunciados por el mandatario contra los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, asambleístas de Pachakutik. Por las denuncias de chantaje presentadas por el Gobierno, en la legislatura, el presidente se quedó sin sus dos aliados legislativos: PK y la ID, a los que aglutinó el 15 de mayo del 2021 para hacer frente al correísmo y a los socialcristianos y elegir a Llori (PK) como presidenta de la Asamblea. Los dos sectores políticos marcaron distancia y pidieron explicaciones sobre las denuncias hechas.La Fiscalía General del Estado abrió la investigación previa a los hechos denunciados por el presidente Guillermo Lasso, quien reveló mediante una notitia criminis que su gobierno habría sido expuesto a supuestos pedidos económicos de legisladores a cambio de apoyar su propuesta de Ley de Inversiones. La denuncia salpicó a los cinco legisladores de PK. Cinco meses después, el mandatario solicitó el archivo de la investigación, “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha”.El 29 de marzo, Lasso terminó por decir que gobernará con decretos ejecutivos, reglamentos y otras herramientas y rompió su relación con el Legislativo, al que envió cinco proyectos: Ley de Comunicación, de Educación Superior, Seguridad, la reforma tributaria y Ley de Inversiones. Aseguró que gobernará haciendo cuenta que no existe. Ese mismo día, el presidente fue advertido por la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, sobre que la “Asamblea era la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y para el Gobierno” y que una salida en esos momentos era decretar la muerte cruzada, más aún cuando la aprobación a su gestión llegaba el 80 %. Vela renunció ante la negativa del mandatario y el entonces legislador oficialista Francisco Jiménez asumió el cargo.El país vivió un paro nacional del 13 al 30 de junio del 2022, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que causó nueve muertos. En medio de las movilizaciones, la Asamblea Nacional propuso la destitución del presidente Lasso acusándolo de ser el causante de la conmoción interna que vivía el país. El intento fracasó, solo se consiguieron 80 votos de los 92 requeridos. A favor de la destitución votaron las bancadas de UNES, un sector de PK, una parte de la ID y algunos independientes. El mismo día de la votación de la moción de destitución del presidente Lasso en la Asamblea, él junto con su gabinete, liderado por el entonces ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, seguían la sesión para decidir si era momento de invocar la muerte cruzada y disolver el Legislativo en medio del paro nacional. “Estuvimos a una tecla de distancia de activar el mecanismo de la muerte cruzada si es que las circunstancias lo ameritaban”, indicó Jiménez a este Diario en una entrevista a fines de 2022. Dos días después, el 30 de junio, las movilizaciones llegaron a su fin con la firma de un Acta por la Paz entre el Gobierno nacional y los movimientos indígenas luego de 18 días de movilizaciones en el país.Con la suscripción de esa acta, los movimientos indígenas declararon el cese de las movilizaciones en todo el país y el retorno paulatino a los territorios; así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público.Luego de varias semanas en diálogos y análisis, la solicitud de juicio político contra el presidente Lasso, con miras a destituirlo, se presentó con el apoyo de las bancadas de UNES, PSC y parte de las fraccionadas PK e ID. El principal insumo para este pedido fue el informe de la comisión del caso Encuentro, que concluyó que Lasso tendría responsabilidad política en una trama de corrupción en las empresas públicas. El trámite siguió su curso en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y luego en la Corte Constitucional (CC), que admitió solo que el proceso se desarrolle por el presunto delito de peculado en un contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker para el transporte de petróleo.El pedido de juicio también cumplió su etapa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tenía como meta en un informe recomendar o no el enjuiciamiento político. La Comisión concluyó que el proceso debía ser archivado por falta de pruebas, pero este informe no se aprobó y el 9 de mayo se presentó una resolución para seguir con el trámite en el pleno, que se aprobó con 88 votos. A las 10:10 del 16 de mayo se inició el juicio político contra el presidente Lasso. Comenzó con la interpelación de los asambleístas Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC). La legisladora del correísmo cuestionó que Lasso no haya hecho nada para poner fin a un contrato que traía perjuicios al Estado y manifestó que ante los hechos, el presidente debería enfrentar un proceso penal e incluso ir a la cárcel. Mientras, Torres cuestionó también los incumplimientos del gobierno de Lasso que, a su juicio, están relacionados con la inseguridad y el empleo.Lasso en su comparecencia acusó a los interpelantes de impulsar un proceso sin pruebas, violentando la Constitución y la ley, con el argumento de que “es político”. Luego del debate de los legisladores, se suspendió la sesión y estaba previsto que continúe el 17 de mayo a las 09:00, pero dos horas antes, a las 07:00, el mandatario disolvió la Asamblea Nacional invocando el artículo 148 de la Constitución. El juicio nunca pudo terminarse con la sesión de votación final, en la que se debían reunir 92 votos, y ahora el país ya se encuentra en proceso electoral para elegir a nuevos asambleístas y un nuevo presidente y vicepresidente el próximo 20 de agosto. (I) Como una relación compleja y efímera, así define Simón Pachano, sociólogo y académico al vínculo que mantuvieron por casi dos años el Ejecutivo y el Legislativo. Dice que si bien empezó a deteriorarse cuando un pacto se rompió producto de uno nuevo, ese pacto que se formó entre CREO, ID y PK no logró traspasar la Asamblea y ser una mayoría de apoyo al Gobierno.“Debió haber una definición de políticas que sean valoradas por los socios de ese acuerdo, valoradas por PK y la ID, pero el Gobierno no lo hizo y no puso una línea a seguir y responder a las bases de esos partidos para que tengan un incentivo de estar en la alianza, pero no lo hizo y se fueron y el Gobierno se quedó en absoluta minoría”, refiere.A su juicio, Pachano dice que el momento perfecto para invocar la muerte cruzada fue en junio de 2022 cuando se intentó destituir al presidente Lasso en medio del paro nacional.“Cuando haberse aplicado la muerte cruzada fue en junio de 2022, en las otras ocasiones que se lo pensó no. Esto no es algo que se pueda aplicar en cualquier momento”, dice y agrega que las relaciones tensas entre ambos poderes del Estado son completamente normales en todos los regímenes democráticos.El que las relaciones sean difíciles entre Legislativo y Ejecutivo no quiere decir que el uno deba eliminar al otro, dice Pachano.En tanto, sobre las posibles candidaturas de los legisladores cesados de sus funciones, Pachano dice que muchos de seguro no serán elegidos nuevamente debido al pésimo desempeño que han tenido, aunque no es algo que se pueda asegurar de acuerdo a cómo votan los ecuatorianos.“Nuestros votantes siguen dándose con la misma piedra, no se puede asegurar que no sea así, el pueblo ha elegido varias veces a los mismos mediocres”, apunta. (O)

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