La fiscal general del Estado, Diana Salazar, regresó hace pocos días a sus funciones después de haber tomado su licencia de maternidad.

El periodo de seis años de la funcionaria como titular de la Fiscalía General culmina en abril próximo.

Salazar señaló en una entrevista con el portal La Historia que, en lo que le queda de tiempo en sus funciones, precautelará que la institucionalidad de la entidad se mantenga; que los casos en los que se encuentra trabajando no corran ningún riesgo y que el proceso de transición se maneje de forma ordenada.

La funcionaria regresó al país en enero, después de que en diciembre de 2024 naciera su hija en Argentina. A su llegada, Salazar realizó su rendición de cuentas de las labores realizadas en el 2024 ante la Asamblea Nacional.

Aunque sus funciones concluyen en menos de un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no avanza en el concurso para elegir a quien le sucederá.

En caso del que el CPCCS no culmine el proceso de designación de un nuevo titular para la Fiscalía antes de que Salazar termine su periodo, esta última puede dejar su cargo o prorrogarse en él hasta que se nombre a su sucesor.

A lo largo de sus labores como fiscal, la funcionaria investigó casos emblemáticos, como el llamado Sobornos 2012-2016, en el cual se sentenció al expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios de su gobierno por el delito de cohecho agravado. En el caso Las Torres consiguió que el excontralor general del Estado Pablo Celi fuera condenado por delincuencia organizada. También procesó al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión por abuso sexual. Y participó en la investigación del caso Metástasis, en el que se sentenció en primera instancia al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y otros servidores judiciales por delincuencia organizada.

En mayo de 2024, Diana Salazar informó que no podría continuar el juicio político que impulsaba el correísmo en su contra por presunto incumplimiento de funciones, que se estaba llevando a cabo en la Asamblea, ya que se encontraba en un embarazo de alto riesgo. En ese momento, el juicio fue suspendido y en septiembre de 2024 este proceso fue archivado, de forma definitiva, por el Legislativo. (I)