A la Comisión de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional no asistió el frente de Defensa del gabinete de Daniel Noboa Azín para esclarecer los eventos alrededor de la desaparición de cuatro menores de edad en el sector de Las Malvinas en Guayaquil, en medio de un operativo militar del 8 de diciembre de 2024.
Para este jueves, 26 de diciembre de 2024, la Comisión de la Niñez de la Legislatura se instaló para recibir al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, y al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos Calderón.
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Fueron convocados en cumplimiento de la resolución de la Asamblea Nacional de iniciar un proceso de fiscalización para aclarar estos hechos. Sin embargo, no asistieron.
Al contrario, el ministro de Defensa envió un oficio a la mesa parlamentaria en la que solicitó diferir o cambiar de fecha la convocatoria, pues requiere contar con más información sobre los operativos, misiones y tareas asignadas a los repartos militares en el Guayas, esencialmente, en el Comando de Operaciones Aéreas y de la Base Aérea de Taura.
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Según Loffredo se dio al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos, plazo hasta este 27 de diciembre para que envíe un “informe militar final detallado con todas las circunstancias y los hechos fácticos ocurridos en la ciudad de Guayaquil, sector de Las Malvinas, por cuanto esa jurisdicción está entregada como responsabilidad de la Fuerza Aérea de acuerdo con la planificación y conducción de las operaciones militares”.
Con esta información espera poder dar respuesta a las inquietudes que tengan los legisladores, “lo que permitirá que con el tiempo suficiente, presentar la información pertinente como muestra de transparencia y compromiso, no solo con la Asamblea Nacional en su facultad de fiscalizar, sino lo más importante, el deber con la ciudadanía”.
El funcionario gubernamental comunicó a la Comisión que dio disposiciones, lineamientos y directrices claras al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comando General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para “esclarecer los hechos denunciados e investigados, originalmente por el secuestro y posteriormente calificados como desaparición forzada de cuatro menores de edad″.
Adicionalmente, increpó a la Comisión de Protección de la Niñez que un “proceso de fiscalización no puede convertirse en una acción de politización mediática”.
El asambleísta de Construye Jorge Peñafiel reconoció que la inasistencia de los comandantes se debería a que cumplen disposiciones del Ministerio de Defensa, ya que son “obedientes y no deliberantes”.
No obstante, el reclamo es “equivocado” manifestó el legislador, ya que el que está “pretendiendo actuar con cálculos políticos es el ministro de Defensa”, reprochó.
Lucio Gutiérrez, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica (PSP), consideró que este acontecimiento es producto de una falla del sistema y de no comprender que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar una guerra, pero no para cumplir labores de la Policía Nacional.
Dijo que a los militares no se les dan recursos para participar de esta política contra el crimen organizado y además les falta capacitación para que puedan cumplir los procedimientos.
Finalmente, luego de la intervención de varios legisladores, se resolvió que se reinstalarán el próximo lunes para continuar con este proceso.
De acuerdo con las versiones preliminares, la noche del 8 de diciembre, cuatro adolescentes fueron abordados por un grupo de militares en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.
Luego, se habrían quedado abandonados en una zona de Taura y, desde entonces, se desconoce su paradero, después de 18 días, según las declaraciones de sus familiares y de autoridades del régimen.
Por estos eventos, hasta el momento, 16 miembros de las Fuerzas Armadas son considerados sospechosos y se abrió una investigación en la Fiscalía General. (I)