El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene previsto discutir este miércoles respecto de varias denuncias de irregularidades que se estarían dando en el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
La tarde de este 5 de abril está prevista la reinstalación de una plenaria en la que los siete consejeros prevén discutir las denuncias presentadas por actores políticos y por los mismos integrantes de la comisión ciudadana que lleva a cabo el proceso para seleccionar a esta autoridad.
Publicidad
El concurso se encuentra suspendido por una medida cautelar que dictó un juez de Montecristi (Manabí) para que se cumpla con el término determinado en el reglamento para que los quince participantes rindan el examen escrito.
La norma determina que se convocará a los postulantes admitidos a rendir el examen escrito, “el cual deberá efectuarse al término de quince días contados a partir de iniciada la etapa de calificación de méritos”. Pero, la comisión convocó a los concursantes a rendir la prueba de conocimientos con menos de 72 horas de anticipación.
Publicidad
Así también, los catedráticos que elaboraron este cuestionario de 60 preguntas se seleccionaron sin la presencia de la notaria María del Pilar Flores, que fue designada por el pleno del CPCCS para dar fe de los actos que se efectúen en el proceso; y, al contrario, la comisión resolvió por su cuenta escoger otra notaria.
Entre otros hechos, el asambleísta del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinand Álvarez denunció en la Fiscalía General del Estado a cinco miembros de la comisión que representan a la ciudadanía por asociación ilícita por presunto tráfico de influencias para beneficiar a dos postulantes. Entre ellos están, William Falconí, Diana Villacís, Vicente Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán.
Como efecto de estos hechos, William Falconí renunció a la presidencia de la comisión, al igual que Diana Villacís a la secretaría.
Para conocer estas denuncias, los vocales del CPCCS escucharon en audiencia pública a los diez comisionados y al legislador Álvarez.
El evento se extendió por más de seis horas y por ejemplo, los cinco comisionados de las funciones del Estado Jéssica Burbano (Judicial), María José Valverde (Legislativa), Jéssica Rojas (Electoral), Luis Mejía (Transparencia y Control Social), Isabel Noboa (Ejecutiva) responsabilizaron a William Falconí de llevar al concurso a este estado de suspensión.
William Falconí justificó que sus acciones fueron apegadas a la ley. Ejemplificó que la elección del equipo de catedráticos, que se hizo sin la presencia de la notaria que el CPCCS designó, se “subsanó”. Aunque no explicó bajo qué norma legal lo subsanó.
Agregó que los postulantes conocían los plazos que el reglamento y que tenían el tiempo para prepararse y por eso lo convocó el 25 de marzo para que asistan el 28 de marzo.
“¡Yo me lavo las manos!” confesó William Falconí, porque a su criterio, él ha actuado apegado a las normas.
Añadió también que el 28 de marzo instaló la audiencia para tomar el examen escrito a doce de los quince postulantes que se presentaron porque él no fue notificado con la medida cautelar que dictó el juez Danilo García de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi.
Para la comisionada Gina Montalván fue la oportunidad de exponer varias irregularidades como que recibió el expediente de uno de los postulantes -el 26- que no incluía certificados del cumplimiento de requisitos como del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de repente, aparecieron.
O, que el expresidente William Falconí le hacía trabajar de lunes a domingo, sin descansos.
En respuesta, en el turno de Diana Villacís, que renunció a la secretaría de la comisión, reprochó a Montalván que tenía un “trastorno psicológico” y que seguramente esa era la razón por la que, en este pleno del 5 de abril, mencionaba estos hechos.
Villacís reconoció que fue parte de la Fundación Amazónica Ecuatoriana (Fundae) de la que también es parte Falconí y que a su vez tendrían conexión con otras fundaciones e institutos de las que los comisionados Víctor Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán son parte.
Esas evidencias las presentó el legislador Ferdinand Álvarez, quien alertó a los consejeros que el “concurso no está viciado, nació viciado”.
En su exposición habló de “repartos” de los “nexos en cada uno de los miembros de la comisión” y que no existieron parámetros de igualdad para calificar a los postulantes, pues la pretensión de los cinco comisionados de la ciudadanía sería beneficiar a los concursantes “Jorge Ballesteros y Rodrigo Frías”, este último, que fue director del Consejo de la Judicatura de Los Ríos en el 2020.
Uno de los últimos en ser escuchado por el pleno fue el veedor Juan Carlos Icaza, quien respaldó las actuaciones de William Falconí y los otros cuatro comisionados de la ciudadanía y, al contrario, criticó a los representantes de las funciones del Estado.
Se preguntaba cuál sería la intención de afectar este concurso público e impedir la designación de un nuevo defensor público.
Agotados, tras escuchar las acusaciones mutuas entre los comisionados, la plenaria se suspendió y se reinstalaría la tarde de este 5 de abril para que los siete vocales del CPCCS discutan qué medidas se pueden tomar para resolver la consecución de este concurso público. (I)