El Comité de Ética de la Asamblea Nacional, este 29 de abril, cerró la etapa de práctica de la prueba dentro del proceso de investigación que se sigue en contra de la asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) María Fernanda Astudillo, acusada de tramitar pagos ante el Ministerio de Salud a favor de Asotex Orense, lo cual prohíbe la ley y sanciona con la pérdida de la calidad de asambleísta.

Astudillo fue denunciada por el legislador Eitel Zambrano, que hoy pertenece a la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), quien ante los miembros del Comité ratificó su denuncia y el pedido de destitución de la representante de El Oro, por supuesta violación de códigos éticos.

Una vez cerrada la etapa de la prueba, el Comité analizará las pruebas de cargo y de descargo; y, en el plazo de cinco días, el presidente del Comité, Segundo Chimbo (PK), elaborará y presentará un proyecto de informe que recomiende la destitución de la legisladora o el archivo de su causa. El proyecto de informe será puesto a consideración del pleno del Comité y deberá aprobarlo en un plazo de 72 horas.

La sesión empezó con el testimonio de Jaime Granda Espinoza, representante legal de Asotex Orense. Según dijo, en esa institución trabajan 20 familias, que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y que confeccionaron trajes de bioseguridad a favor del hospital Teófilo Dávila de Machala, pero que desde hace dos años el Ministerio de Salud no cancela el valor por el servicio brindado.

Que eso motivó a que acudiera a las autoridades del Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Gobernación de El Oro, Municipio y Consejo Provincial, pero que ninguno ayudó en la gestión, por lo que envió un correo electrónico a la legisladora María Fernanda Astudillo, a quien conoció en Asotex, solicitando su intermediación. Y que hasta el momento no se ejecuta ningún pago. Ante el asambleísta acusador no confirmó ni negó que la acusada no le informó que la Ley de la Función Legislativa le impedía tramitar pagos.

Eitel Zambrano preguntó que desde cuándo la facultad de fiscalizar se trastoca a exigir a las autoridades del Estado disponer a quien corresponda que se honre la obligación pendiente, que se traduce en que la ministra de Salud disponga que se paguen a Asotex Orense los valores que tendrían adeudados por la entrega de trajes de bioseguridad.

También cuestionó que los pedidos de información y requerimientos de pagos al Ministerio de Salud, no notificó a la Asamblea Nacional como lo determina la norma.

Mostró documentos sobre la solicitud al Ministerio de Salud, entre ellos copias certificadas, CUR de pagos y comprobantes únicos de registro de transferencias; lo cual es reprochable, dijo, porque tramitar recursos del Estado está absolutamente prohibido para los asambleístas.

Pruebas de descargo

Como pruebas de descargo, la acusada, María Fernanda Astudillo, afirmó que hizo visitas previas a Asotex Orense el 20 de mayo de 2021 y, con ello, emprendió una tarea de fiscalización, por lo que envió tres oficios el 1, 3 y 8 de junio de 2021 al Ministerio de Salud.

En el primer oficio, solicitó al Ministerio información sobre la situación hospitalaria de la provincia, sobre el equipamiento necesario para afrontar los contagios de COVID-19. El segundo documento traslada la petición de la Asociación sobre pedir el pago pendiente. Y el tercero se refiere a la información sobre cumplimiento sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Todos los pedidos de información se amparan en la ley y responden a la fiscalización, afirmó.

Mostró un oficio de la ministra de Salud, en el que se advierte de presuntas irregularidades con Asotex Orense en el proceso de contratación pública y por posibles vulneraciones de derechos. Luego derivó el caso a la Defensoría del Pueblo para que asista a Asotex Orense, porque no es su atribución tramitar los pagos. Y también solicitó un examen especial a la Contraloría sobre este caso.

Astudillo sostuvo que la ministra de Salud, en octubre de 2021, en una comparecencia ante una comisión legislativa admitió que el proceso de compra a Asotex Orense, sobre trajes de bioseguridad para el hospital Teófilo Dávila, se hizo al margen de la ley, por lo que anunció que el caso sería remitido a la Contraloría del Estado para que sea auditado.

Astudillo reiteró que no tiene ninguna relación familiar ni afectiva con los integrantes de la asociación orense y que pidió la información sobre las acciones emprendidas por las autoridades sobre el caso, pero que hasta el momento no se registran acciones concretas.

Insistió en que el legislador Zambrano inició una persecución política. Fiscalizar no es tramitar, señaló la legisladora de El Oro, durante su exposición, pues afirmó que todos los pedidos de información son legales.

Acusó a Zambrano de violencia política por una publicación en sus redes sociales con el hashtag #AstudilloTramitaComoPillo, por lo que dijo que el legislador de Gobierno deberá demostrar y comprobar que es “pilla”, y que se reserva el derecho de iniciar acciones legales.

También sostuvo que por falta de entrega de la información a la secretaría general de manera oportuna, sobre los pedidos a la ministra de Salud, no lo hizo por cambios administrativos en su despacho, y aclaró que eso no es causal de destitución. (I)