La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación en contra de las personas que se habrían beneficiado de las vacunas anticoronavirus sin respetar la priorización que había sido establecida por el Gobierno.
Desde enero se aplica el plan de vacunación en dos fases.
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La fase 0 comprende a personal sanitario que combate la pandemia en los hospitales y adultos mayores que viven en centros gerontológicos y quienes los cuidan.
En la fase 1 están incluidos personal sanitario en general, adultos mayores en general, fuerzas del orden y bomberos, personal de recolección de desechos, profesores y docentes de todos los niveles, personal de sectores estratégicos, población vulnerable por discapacidades y enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, obesidad, asma o enfermedades pulmonares crónicas, VIH, insuficiencia renal, tuberculosis o personas en lista de espera para trasplantes.
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La Defensoría del Pueblo fue una de las entidades que, mediante acciones judiciales, quisieron acceder al listado de quienes se habían inmunizado.
En un video, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, dijo que por eso el Gobierno se negaba a entregar la información, porque dentro del listado de los vacunados hay amigos, familiares, funcionarios públicos.
El único requisito para priorizar las vacunas ha sido ser parte del Gobierno, estar dentro del círculo cercano, ser familiares, ser amigos de los funcionarios del Gobierno; esto produce indignación y rechazo total, hay gente que se está muriendo porque no puede tener acceso a una vacuna, aumenta el contagio, los hospitales están colapsados y el Gobierno, feriándose las vacunas
Freddy Carrión, defensor del Pueblo
Carrión cree que así como la Fiscalía abrió una investigación por presunto peculado y tráfico de influencias contra el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, se lo haga también con esas personas.
Defensa del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos descarta vulneraciones a la ley
El defensor del Pueblo anunció además que una vez que venció el plazo para presentar el listado esa entidad planteará un juicio penal y solicitará a la Corte Constitucional (CC) que proceda a la inmediata destitución de aquellos funcionarios públicos que, a su criterio, han incumplido la ley.
En las últimas horas, de forma oficial y extraoficial, se dio a conocer un listado de funcionarios públicos que accedieron a la vacuna contra el coronavirus y de un grupo de personas que, sin estar supuestamente en los denominados grupos priorizados, habrían sido inmunizadas.
En tanto que, desde este lunes y hasta el miércoles, 19 personas deben comparecer en la Fiscalía.
En la lista de llamados a rendir su versión están el dirigente deportivo y exalcalde de Quito Rodrigo Paz Delgado, los periodistas Diego Oquendo Silva y Luis G. Rosero Chávez; también funcionarios del plan ampliado de inmunización; directores de comunicación; asistentes de viceministros y funcionarios del hospital Carlos Andrade Marín de Quito.
Varias personas fueron convocadas a la Fiscalía
Según Gonzalo Realpe, abogado de Rosero, no hay delito sino que lo que han existido son incorrecciones administrativas que tendrán que ser sancionadas a nivel administrativo y no penal.
Para Realpe, a las personas vacunadas no cabe sanción porque fueron invitadas por el ministro de Salud y funcionarios de esa cartera de Estado.