El recurso de apelación a la prisión preventiva ordenada en el caso por peculado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) contra Enrique Espinosa de los Monteros, Alfredo Valverde y Santiago Duarte, tres de los cuatro procesados por supuestas inversiones con irregularidades que se habrían dado con fondos de la seguridad social policial, pasa a manos de un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
El trámite llega a este punto una vez la jueza de Pichincha Yadira Proaño, quien lleva el proceso penal, aceptó a trámite los tres recursos de apelación planteados de forma oral durante la audiencia de formulación de cargos, el 24 de febrero pasado, por las defensas de Espinosa de los Monteros, exdirector general del Isspol; Valverde, exdirector de inversiones; y Duarte, exdirector jurídico del Isspol.
Aún no existen los nombres de los jueces que integrarán el Tribunal ni una fecha definida para la audiencia, pero los abogados de los procesados saben de sobra cuáles serán los puntos por apelar. En este caso también es procesado el exdirector general del Isspol David Proaño, quien por tener una enfermedad catastrófica recibió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.
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David Proaño niega ilegalidad en inversiones del Isspol
La defensa del general (sp) Espinosa de los Monteros, Paúl Ocaña, asegura que apelarán en audiencia que no se han cumplido los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, más específicamente el punto que habla de la obligación del fiscal del caso (Martín Navarrete) de explicar por qué el resto de medidas sustitutivas son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva.
“El juez debe motivar en función de lo que dice el fiscal, pero si el fiscal no fundamenta, mal haría el juez en motivar, y es lo que pasó. Eso se da por el abuso a la prisión preventiva que se da en nuestro país”, explicó el abogado del general en servicio pasivo que se encuentra internado en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.
Ocaña está seguro de que la instrucción fiscal en este caso pasará de los 90 días iniciales a 120 días, pues desde su perspectiva la Fiscalía ordenará la vinculación de otras personas, entre ellas, Robert Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, y el empresario Jorge Chérrez Miño. Ambos son parte de la lista de cuatro denunciados por el exdirector del Isspol Jorge Villarruel, por posibles irregularidades detectadas en inversiones hechas con dineros de esa entidad, las cuales no habrían cumplido con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez.
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Luzuriaga y Chérrez también son investigados y acusados en Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, parte de una trama de corrupción ocurrida en la seguridad social policial en la que Chérrez habría entregado más de $ 2,6 millones a modo de sobornos a funcionarios de diversos rangos en el Isspol.
De ese total se cree que Luzuriaga recibió más de $ 1,3 millones para facilitar las negociaciones, pues no solo era director de Riesgos del Isspol, sino también miembro del Comité de Inversiones. Luzuriaga tuvo su primera presentación en la Corte Federal del sur de Florida hace dos semanas y ha dicho que es inocente y que por ello se entregó, el 26 de febrero pasado, voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.
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Además de Luzuriaga y Chérrez, Ocaña cree que debería vincularse a quienes integraron los diversos Consejos Superiores del Isspol, entre el 2014 y el 2020, que sería el periodo denunciado e investigado en esta causa.
El abogado mantiene la tesis de que quienes fueron los directores generales del Isspol, entre quienes está su cliente, ellos ejercen como secretarios dentro del Consejo Superior o la Asamblea, es decir, quienes toman las decisiones son el Consejo Superior basado en lo que plantea el director de la Comisión de Inversiones.
Aparte de la instrucción fiscal por el delito de peculado relacionado con inversiones de bonos del Isspol, en la Fiscalía existirían cuatro investigaciones previas por delitos como abuso de confianza, el cual es investigado en la provincia de Guayas, peculado, tráfico de influencias y lavado de activos. (I)
