De los 92 servidores judiciales destituidos en lo que va del 2024, 25 están relacionados a los casos Metástasis, Purga y Plaga

Entre enero y lo que va de diciembre de este año, el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a 92 servidores judiciales, entre jueces, fiscales, secretarios, peritos y otros. En el mismo periodo del 2023 fueron 73, o sea 19 más, lo que representa un incremento del 26 %.La mayoría de los servidores destituidos son jueces, que suman 52; luego están los fiscales y secretarios, con 13 cada uno; 4 asistentes administrativos; 4 ayudantes judiciales; y el resto, citadores, peritos y técnicos de ventanilla, señaló el CJ en un pedido de información realizado por EL UNIVERSO.De ese total de sancionados, 25 estuvieron involucrados en los casos de corrupción en el sistema judicial Metástasis, Purga y Plaga que se revelaron a partir de diciembre del año pasado tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General. En Metástasis se investigó el delito de delincuencia organizada relacionado a una red criminal que gestionaba beneficios para el fallecido narcotraficante Leandro Norero; y fueron sentenciadas en primera instancia 32 personas (por procedimiento abreviado y audiencia de juicio), entre ellas el expresidente del CJ Wilman Terán; el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) Pablo Ramírez; y los exjueces Ronald G., Johann M. y Carlos Z., entre otros.En Purga, en tanto, se investiga también el delito de delincuencia organizada para obtener favores judiciales para políticos y líderes de bandas criminales; 23 de los 25 sospechosos recibieron un dictamen acusatorio de la Fiscalía en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Entre ellos están el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, y la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo.Y en Plaga, finalmente, se investiga el delito de delincuencia organizada alrededor de una red de corrupción para el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a reclusos; son 31 procesados que esperan que se concrete una fecha para la audiencia preparatoria de juicio, entre ellos varios jueces como Banny M., Luis L., Jorge M. y Patricio C.En el reporte del CJ se indica que se destituyó a ocho funcionarios señalados en el caso Metástasis, ocho en Purga y nueve en Plaga. El resto de servidores fue sancionado por diferentes razones, como abandono del lugar de trabajo, solicitar préstamos o favores, error inexcusable y uso de información reservada para beneficio personal. Abogados consultados por este Diario señalan que los casos Metástasis, Purga y Plaga evidenciaron el grado de corrupción que caló en la justicia ecuatoriana; y por ello destacan que se haya sancionado a estos 25 servidores relacionados con dichas causas. Pero creen que además hay que implementar una serie de políticas públicas y normativas para evitar que estas situaciones se incrementen. César García, quien es director del Colegio de Abogados del Guayas, considera positivo que las cifras de la Judicatura revelen un incremento en sanciones, aunque esto no responde a los “escándalos” y no a una mejoría en los sistemas de prevención de la corrupción. “Si queremos resultados a largo plazo hay que hacer cambios estructurales, no del momento”, señala.En ese sentido, propone que se establezcan sistemas de compliance , que es el término utilizado para describir el cumplimiento de estándares legales, éticos y de buenas prácticas en una organización.Así, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura debería realizar análisis de riesgo de los sectores geográficos o materias judiciales (penal, civil y otras) donde existan mayores posibilidades de corrupción por parte de los servidores judiciales; y desarrollar medidas control. “Por ejemplo, si la Judicatura sanciona más servidores judiciales en un cantón, como Manglaralto o Yaguachi, ¿qué se puede inferir? Que ahí hay más riesgo de corrupción, y en función de eso establece controles más severos”, explica.Y una vez identificados estos sitios o áreas es importante la vigilancia. “Esto puede hacerse a través de evaluaciones periódicas, del contenido de las decisiones, no solo en un aspecto de forma sino de fondo, lamentablemente hace ya muchos años no se han evaluado a los jueces; o fortaleciendo canales de denuncias anónimos para la ciudadanía o los abogados”, añade.Esto se complementa con los controles que efectúan tanto la Contraloría General del Estado, con la revisión de las declaraciones patrimoniales; y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ya que los jueces son sujetos obligados a reportar sus movimientos financieros para determinar si existen lavados de activos. “Si todas las instituciones hacen bien su trabajo, podremos lograr resultados importantes”, estima. El penalista Jorge Luis Ortega coincide en que la UAFE debe fortalecer sus controles hacia los servidores judiciales. Por ello plantea que exista una unidad especializada en servidores judiciales y sus familias.Aparte, piensa que hay que generar espacios de preparación para jueces, fiscales y otros servidores; y se debe fortalecer la carrera judicial. En tanto que Encalada, quien ha sido fiscal y docente universitario, plantea varias acciones para intentar detener el avance de la corrupción en la Función Judicial.El jurista indica que mientras más largo y engorroso sea un proceso judicial, sobre todo los penales, hay muchas más oportunidades para el cometimiento de delitos.La Constitución y las leyes permiten la aplicación de soluciones alternativas para resolver los problemas judiciales. Entre ellas están, por ejemplo, el procedimiento abreviado, la cooperación eficaz o la suspensión condicional de la pena. “Pero nuestro país es populista y cuando la gente ve que se le ha reducido la pena a un cooperador eficaz pone el grito en el cielo. En Estados Unidos hay figuras como acogerse a la culpabilidad, le devuelven todo, está dos años en la cárcel y sale”, dice EncaladaOtra alternativa para mejorar la calidad de los servidores judiciales es crear buenas escuelas de formación, lo que va de la mano de la implementación de requisitos más estrictos para ingresar a la carrera judicial.También hacer cambios en el régimen disciplinario de la Judicatura. “Actualmente, el auto de llamamiento a juicio es una causal de destitución de los funcionarios. Pero yo me pregunto ¿cómo puede ser posible que sigan siendo funcionarios judiciales aquellos que enfrentan investigaciones? Varios jueces han sido mencionados en los casos Metástasis, Purga, Plaga, ¿cómo pueden seguir administrando justicia? Debería existir la posibilidad de que sean suspendidos mientras se resuelven sus problemas”.Encalada indica que los concursos de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que se prevén para el 2025 deberían ser una “oportunidad histórica” para reestructurarla. Para eso se necesita, según el jurista, un buen reglamento que los haga atractivos para el mundo del derecho; y paralelamente, tiene que plantearse un incremento salarial que evite que caigan en las tentaciones de la corrupción. (I)

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