De los 52 procesados en el caso Metástasis, solo 39 pasarían a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

De los 52 procesados en el caso Metástasis, solamente 39 pasarían a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que originalmente estaba prevista para este lunes, 15 de julio del 2024, pero que fue aplazada para una fecha aún no determinada.

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En el caso Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada derivada de la negociación de fallos judiciales a favor del fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Entre los acusados están el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) Pablo Ramírez, el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el empresario Daniel Salcedo, la comunicadora Mayra Salazar, exjueces, abogados, empresarios y otros.

En la última providencia de Manuel Cabrera Esquivel, conjuez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, emitida el pasado viernes 12 de julio, se revela que la Fiscalía General del Estado emitirá dictámenes abstentivos (o sea, no acusará por no tener pruebas suficientes) para Daniel M., Daniela B. y Juan Pablo J.

En tanto que diez procesados se acogieron a un procedimiento abreviado, es decir, se declararán culpables a cambio de una reducción importante de la pena para este delito, que va de siete a diez años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ellos son: Gabriel G., Neycer M., Christian S., Héctor P., Ángel L., Álex P., Émerson C., Helive Angulo, Daniel Salcedo y Mayra Salazar.

Según la legislación vigente, estos pedidos de procedimiento abreviado deben evacuarse antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, “pues de ser procedente los procesados beneficiados ya no serán considerados sujetos procesales en el procedimiento ordinario”, señaló el conjuez en su providencia. Por ello suspendió dicha diligencia, pero aún no ha fijado otra fecha.

En cambio, para esta semana convocó a tres audiencias individuales para tratar los pedidos de procedimiento abreviado que corresponden a Gabriel G., que será este lunes 15, a las 14:00; a Neycer M., que será el martes 16, a las 10:00; y Helive Angulo, para el miércoles 17, a las 10:00. Todas se realizarán en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

Una vez evacuadas estas audiencias se convocarán las otras para el resto de procesados.

Quitando los tres dictámenes abstentivos y los diez procedimientos abreviados solicitados, serían 39 los procesados que pasarían a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

De ellos, cinco están prófugos: el exlegislador Aleaga, el empresario Xavier J., el abogado Christian R., Gilmar C. y Marcel L., ambos colaboradores de Norero, y el expolicía Ángel L.

Ese hecho implica que, si son llamados a juicio al término de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, dicha etapa quedaría en suspenso contra ellos debido a que el crimen organizado es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. El no ser juzgado en ausencia significa que el proceso no puede recibir una sentencia si no está presente físicamente en la audiencia de juicio.

En el artículo 233 de la vigente Constitución se aclara que podrán ser juzgados en ausencia únicamente los delitos relacionados con peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Para el resto de figuras penales es necesario que el acusado y procesado sea parte del juzgamiento, el cual termina con una sentencia.

Otras decisiones

El pasado 9 de julio, Wilman Terán solicitó al conjuez Manuel Cabrera que le permita prescindir de abogados privados o públicos y ejercer por sí mismo su derecho a la defensa; ser trasladado de forma presencial para comparecer a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; y que se le permita acceder a los medios telemáticos necesarios para la revisión del expediente en un lugar adecuado con luz y sin perturbaciones.

En la providencia del 12 de julio, el magistrado reflexionó respecto a que, por estar recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, lo ideal sería que Terán contara con defensores externos. Pero reconoció que, por ser abogado, exjuez nacional y expresidente de la Judicatura, “tiene la capacidad de ejercer su propia defensa, por cuanto cuenta con las suficientes credenciales, académicas y laborales, para hacerlo de manera adecuada”.

Y si bien aceptó su pedido, señaló que debe tener a alguien que le asista para gestiones varias, como acudir a la Fiscalía para solicitar copias del expediente de investigación; conocer con inmediatez las actuaciones administrativas fiscales o jurisdiccionales con las que sea notificado; o, redactar escritos y entregarlos a la autoridad competente. Por ello, dispuso a la Defensoría Pública para que le asigne un abogado que colabore con él y al SNAI para que le dé todas las facilidades. (I)