De la extinta Asamblea Nacional a la Corte Constitucional: Guillermo Lasso las cuestiona por complicar su administración

El presidente de la República, Guillermo Lasso, pasó de acusar a la disuelta Asamblea Nacional de bloquear su gestión a atribuirle esa acción a la Corte Constitucional (CC), a las que les expresó su “enérgico reclamo” por lo que sería una intromisión en su facultad presidencial para calificar la urgencia económica en los decretos leyes y así negar su proyecto para la creación de zonas francas.En medio de los anuncios de que enviará a la Corte Constitucional (CC) nuevos proyectos de decretos leyes de urgencia económica para la revisión de su constitucionalidad, Lasso envió una carta cuestionando a los nueve jueces de atribuirse funciones, l uego que le negaron la calificación de una propuesta económica. El origen de esta molestia se da en un contexto en el que el mandatario disolvió la Asamblea Nacional el 17 de mayo, por grave crisis y conmoción interna, apelando al artículo 148 de la Constitución.La consecuencia de la disolución permite a quien esté al frente del poder Ejecutivo gobernar con decretos leyes de urgencia económica, previo control de la CC.Lasso envió sus dos primeros proyectos y la Corte emitió dictamen favorable, respecto del decreto ley orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Pero le negó el de la ley orgánica reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que proponía la creación de zonas francas. Esta misma iniciativa produjo también los desencuentros en las relaciones Ejecutivo-Legislativo en los dos primeros años de su gestión, cuando los exlegisladores no la aprobaron. En ese entonces, Lasso anunció que gobernaría con la idea de que la Asamblea no existía. “Al no tratar cinco leyes que hemos enviado, una negada y el resto no tratadas, demuestra que a la Asamblea, salvo honrosas excepciones, a la mayoría no le importa el Ecuador. Lo único que les interesa son negocios, personas, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos. Lo que me demuestra es que debo gobernar, de aquí en adelante, sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que quieren bloquear al Gobierno”, expresó el 29 de marzo de 2022, en el programa Encontrémonos con la ciudadanía. Un año y tres meses más tarde y sin la existencia de la Legislatura, Guillermo Lasso se confronta en la víspera con los altos magistrados constitucionales al observarlos de “extralimitarse” al negar su decreto ley.“La Corte se extralimita cuando señala que esta debe controlar que en los decretos leyes enviados por el presidente, en tiempo de muerte cruzada, no se aborden materias que no sean de urgencia económica. (…) No es atribución de la Corte”, les dijo Lasso en su carta, al tiempo que advirtió de un “enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político-económico de hecho”.El documento se divulgó este 29 de junio, a poco de que se envíen nuevos decretos leyes para revisión de los jueces, a quienes les recordó que hay un dictamen 1-23-OP-2023, en que ellos reconocieron que el Ejecutivo puede calificar la urgencia económica de una iniciativa.Sin embargo, los jueces aclararon a Lasso -en el fallo que negó el decreto ley de zonas francas- que esa sentencia se refiere a la atribución contenida en el artículo 140 de la Constitución que le faculta a calificar leyes de urgencia económica en un periodo ordinario de funciones. En la actualidad, se vive un periodo de transición política “extraordinaria” bajo el régimen del artículo 148 de la norma suprema. “Aunque en ambos escenarios la norma que se incorpora al ordenamiento jurídico es un decreto ley de urgencia económica, no puede considerarse que estas dos figuras sean equivalentes entre sí, pues responden a regímenes constitucionales distintos y, por tanto, su expedición está sometida a procedimientos y controles de naturaleza y alcance diferentes”, cita la sentencia.Agrega que “los artículos 140 y 148 de la Constitución, aunque similares en su denominación, tienen naturaleza y fines distintos y, como tal, controles distintos. Por lo que, el régimen previsto en el artículo 140 de la Constitución no es aplicable ni exigible para el control constitucional que debe realizar la Corte respecto a los decretos leyes expedidos sobre la base del artículo 148″.A ese análisis se sumó que los magistrados observaron que las zonas francas serían un proyecto a largo plazo y no urgente. Primero, concluyó que había una transgresión al artículo 148 porque la iniciativa establecía un efecto de “ultraactividad”, que implica que si se producen cambios en el ordenamiento jurídico “los administradores y operadores de estas podrán seguir gozando por el tiempo de vigencia y continuará operando y desarrollando sus actividades económicas de manera regular hasta su finalización”.Con ello, se limitaría la facultad de control político democrático de la Asamblea Nacional, una vez que termine esta transición.La Corte le recordó al Gobierno que los argumentos de su propuesta legal expusieron que la urgencia se alineaba a atraer inversión en “el tiempo” y que este “no es un problema que tenga que ver con este gobierno, pero sí es una solución que la van a ver los próximos gobiernos en los próximos 20 años”. En ese caso, “se aprecia que el Ejecutivo reconoce que los efectos de la normativa que pretende implementar se reflejarían en el tiempo, a mediano y largo plazo y que las medidas tendientes a enfrentar las necesidades serán palpables para los próximos gobiernos. (…) No es posible afirmar que la atracción de inversión a través de la operación de las zonas de inversión generará resultados a corto plazo y menos, en el periodo de transición política, más aún que el propio proyecto propone un plazo de tres meses para la emisión de su reglamento”.Empero, la Corte advirtió que la atribución de calificación de urgente-económico a un presidente “no obsta que esté sujeta a control constitucional, pues permitir que su calificación quede únicamente a merced del presidente de la República, sería eximir de control constitucional a un acto del poder público que, en caso de abusos, podría incluso traer consigo, por ejemplo, reformas de tipo penal o educativo bajo la etiqueta de la urgencia económica, que contravendrían la Constitución”. Según el analista político Mauricio Gándara, hay que rescatar la decisión de los jueces a la que califica de acertada, porque “hay que pensar en el largo plazo, lo que podría decirse una prevención para evitar que se produzcan abusos en el futuro”.“Si es que hay mucha liberalidad en aprobar un proyecto, en una circunstancia como de la muerte cruzada y que puede repetirse en el futuro, se puede abusar y decir que el presidente lo hace por urgencia económica y así cambiar leyes, si la Corte no establece qué es urgente y qué no es urgente, no habría balances”, indicó.El constitucionalista Ismael Quintana reconoce como “legítimo y válido” que un presidente discrepe de lo que hace un órgano judicial, pero detrás habría una intención de indisponer a los jueces a poco de enviar nuevos decretos leyes urgentes.Además, podría interpretarse como una violación a la independencia judicial “porque enviar esta clase de cartas, cuando está a días de remitir nuevos decretos, ¿con qué objetivo? ¿De que se sienta amenazada a fallar como el presidente quiere? En las épocas de Rafael Correa si la Corte no fallaba como él quería, había sabatina y mandar a callar a la Corte cervecera que era una alfombra”, cuestionó.También, tilda la carta de Lasso como “una bravuconada de a quien no le han ido saliendo las cosas bien y ahora pasó de culparle a la Asamblea del fracaso de su gobierno a culparle a la Corte. Y advertimos que esto iba a pasar; se anticipó al presidente que al firmar la muerte cruzada se deshizo de la Asamblea, pero su conflicto se trasladó a la Corte Constitucional y fue lo que terminó de ocurrir”.La constitucionalista Verónica Hernández tiene un criterio distinto, pues considera que calificar la urgencia económica era un tema discrecional del primer mandatario.Recordó que la Constitución contempla un régimen hiperpresidencialista y a su vez le otorga “amplias” competencias a la Corte Constitucional para “emitir dictámenes constitucionales de los decretos en materia de urgencia económica dictados durante la vigencia de la muerte cruzada. En este sentido, los jueces constitucionales pueden limitar el contenido de dicho decreto ley”.Apuntó que “limitar un decreto no es extralimitarse, es cumplir con su deber de garante de la Constitución”; pero, al mismo tiempo, la CC dio una respuesta al Ejecutivo en el dictamen 1-23-OP en el que señala que corresponde al Ejecutivo decir qué es lo económicamente urgente.“Si la CC había dicho que el calificativo de económico urgente estaba sujeto a discreción del presidente de la República, ¿qué pasó con el decreto de zonas francas? Pasó que a la CC le preocupó la falta de deliberación y su posible afectación a la democracia. Pensó que no era urgente y que el tema bien podía esperar a la próxima Asamblea. Aquí, claramente, radica el problema. ¿Debía la Corte decidir si el asunto era o no urgente? Considero que no, que a la CC no le correspondía señalar si el tema era o no urgente económico. La Corte debió seguir sus propios precedentes y aplicarlos. El calificativo era un asunto discrecional del presidente”, reflexionó Hernández. (I)

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