La expectativa de Daniel Noboa frente al escenario político en Perú se centra en un punto clave: la seguridad. A pocos días de la primera vuelta presidencial, que se realizó el pasado domingo, 12 de abril de 2026, el mandatario ecuatoriano aseguró que espera que el próximo Gobierno de ese país tenga una clara disposición para trabajar de manera conjunta, especialmente en el control de la frontera y en la lucha contra el crimen organizado.
“En Perú los candidatos que van a la segunda vuelta muestran una importante intención de mejorar la seguridad y trabajar en conjunto con el Ecuador, especialmente en la seguridad en la frontera”, dijo Noboa en una reciente entrevista, marcando así el tono de lo que podría ser la relación bilateral en los próximos años.
Ese escenario comienza a delinearse con mayor claridad, aunque todavía sin un resultado definitivo.
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Según los últimos datos oficiales, con el 93,35 % de las actas escrutadas, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera con el 17,05 % de los votos válidos. En segundo lugar se ubica Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12,00 %, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,92 %.
Aunque Fujimori ya aparece como segura contendora en la segunda vuelta, aún no se define quién la enfrentará en el balotaje previsto para el 7 de junio de 2026.
La diferencia estrecha entre Sánchez y López Aliaga mantiene abierto el escenario, pero también permite anticipar dos modelos distintos de seguridad y de relación internacional que podrían impactar directamente en Ecuador.
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Escenario actual obligará a cooperar al nuevo Gobierno
Más allá de las diferencias ideológicas entre los candidatos, analistas coinciden en que el contexto regional y la situación interna de Perú empujarán a una mayor coordinación bilateral en seguridad.
Para Mauricio Alarcón Salvador, analista político y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la cooperación no es solo una posibilidad, sino una necesidad. “Es no solo viable, sino probable y hasta necesario que el próximo Gobierno, independientemente de cuál sea, priorice acciones en materia de seguridad y entre ellas una agenda conjunta con nuestro país”, sostiene.
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El analista advierte que el crecimiento del crimen organizado en Perú presenta similitudes con lo ocurrido en Ecuador en años recientes. “Ya se conocen cuestiones y casos similares: secuestros, extorsiones, asesinatos, incluso en Lima, lo que evidencia que el fenómeno ya no está focalizado”, explica.
En esa línea, añade que el principal desafío no radica en la voluntad política, sino en la magnitud del problema. “A un fenómeno como el crimen organizado transnacional, difícilmente se le va a hacer frente con acciones aisladas. Se tiene que actuar de manera coordinada, colaborativa si se quiere contener su avance”, afirma.
Desde Perú, el analista político Enrique Castillo coincide en que la articulación regional será clave. “Es muy importante que ambas naciones tengan una línea fuerte en seguridad, coordinada y de colaboración mutua permanente, para poder hacer frente a organizaciones criminales que utilizan nuestras fronteras como corredores”, señala.
Castillo enfatiza que delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión o la minería ilegal requieren respuestas conjuntas. “Se necesitan redes de inteligencia coordinada, intercambio de información en tiempo real y un control más efectivo del desplazamiento de estas organizaciones”, explica.
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Keiko Fujimori: Prevención, tecnología y control
En ese contexto, la propuesta de Keiko Fujimori plantea un enfoque integral que combina prevención social, fortalecimiento institucional y uso intensivo de tecnología.
Su plan, denominado Perú con Orden, incluye programas dirigidos a jóvenes en riesgo, con iniciativas de educación, deporte y empleo para evitar su vinculación con economías ilegales. A esto se suma la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana como herramientas de prevención del delito.
En el ámbito operativo, Fujimori propone la implementación de centros de comando y videovigilancia interconectados a nivel nacional, el uso de inteligencia artificial para análisis predictivo del crimen, así como el despliegue de drones, reconocimiento facial y patrullaje georreferenciado.
También contempla un endurecimiento del sistema judicial, con unidades de flagrancia para procesos rápidos, reforma integral de la justicia y la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad.
Uno de los puntos clave para Ecuador es su énfasis en el control de fronteras. Fujimori plantea fortalecer la gestión fronteriza mediante tecnología, cooperación interinstitucional y desarrollo de las zonas limítrofes, lo que se alinea con la expectativa expresada por Noboa.
El segundo escenario cambia dependiendo de quién enfrente a Fujimori en el balotaje de mayo.
Rafael López Aliaga: Mano dura y cooperación
Si el contendor es Rafael López Aliaga, la disputa sería entre dos propuestas con coincidencias en el uso de la fuerza, pero con matices.
López Aliaga plantea una estrategia de mano dura más directa, centrada en el fortalecimiento de la inteligencia, el uso de agentes encubiertos y la creación de unidades itinerantes de pacificación ciudadana. Su plan incluye cooperación con Estados Unidos para tecnología, inteligencia y extradición de cabecillas criminales.
Además, propone reforzar la videovigilancia y articular a todas las instituciones del sistema de seguridad en una acción coordinada contra el delito.
Desde la perspectiva del analista Castillo, este escenario facilitaría la cooperación regional. “Con gobiernos de Fujimori o de López Aliaga, la coordinación puede hacerse muy colaborativa”, afirma, aunque advierte que los desafíos serán complejos. “El nivel de penetración del crimen en la sociedad, en las fuerzas del orden y en la política peruana es muy fuerte”, señala.
Alarcón también ve mayor afinidad con el plan de López. “Hay mayores probabilidades de una alianza clara y precisa para fortalecer acciones conjuntas en materia de seguridad”, sostiene, especialmente por la cercanía de estas propuestas con modelos de cooperación internacional liderados por Estados Unidos.
Sin embargo, ambos analistas coinciden en que incluso con estas coincidencias, los resultados no serán inmediatos. La falta de recursos, la corrupción y la complejidad territorial son obstáculos estructurales que podrían limitar el impacto de las medidas.
Roberto Sánchez: Reforma estructural y soberanía
No obstante, si el segundo lugar lo consolida Roberto Sánchez, el panorama cambia significativamente.
Su propuesta se enfoca en una reforma estructural del sistema de seguridad, con énfasis en la depuración de la Policía, el fortalecimiento del control ciudadano y un enfoque comunitario de la seguridad.
Plantea la creación de unidades especializadas en inteligencia financiera y ciberdelito para combatir la extorsión y el lavado de activos, así como el fortalecimiento de juntas vecinales y la participación ciudadana en el control territorial.
Además, su discurso incorpora una visión soberanista en política internacional, con rechazo a la intervención extranjera, y apuesta por una integración regional autónoma.
Para Castillo, este escenario podría dificultar la relación con Ecuador. “Las cosas pueden tornarse algo difíciles, no solo por diferencias ideológicas, sino por su visión opuesta a políticas de mano dura”, advierte. También señala que durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que Sánchez fue ministro, “se debilitó la lucha contra el crimen y la delincuencia creció”.
Alarcón coincide en que habría mayores retos, aunque matiza que la presión interna podría empujar igualmente a la cooperación. “La situación de inseguridad puede terminar demandando estas acciones independientemente del resultado”, afirma.
La frontera es un punto crítico
Más allá del resultado electoral, ambos analistas coinciden en que la frontera entre Ecuador y Perú será el principal foco de atención.
Castillo subraya la necesidad de fortalecer el control migratorio, la vigilancia militar y el uso de tecnología para cerrar los corredores utilizados por el crimen organizado. “Es primordial impedir el libre desplazamiento de estas organizaciones y de sus cargamentos”, sostiene.
Alarcón, por su parte, amplía el enfoque al señalar que no se trata solo de seguridad en sentido estricto. “Hay coincidencias en problemas como la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico de especies. Son varios ejes vinculados al crimen organizado que deben abordarse de manera conjunta”, explica.
El resultado de la segunda vuelta en Perú no solo definirá la política interna de ese país, sino también el tipo de relación que mantendrá con Ecuador en uno de los temas más sensibles de la región.
La expectativa planteada por Noboa partiría de un diagnóstico compartido: el crimen organizado ya no reconoce fronteras y su avance obliga a respuestas coordinadas.
En ese sentido, para los expertos, más allá de quién resulte electo, la presión de la realidad de ambos países podría imponerse sobre las diferencias ideológicas ante un objetivo común: contener un fenómeno que ya ha transformado la seguridad en la región y que exige, cada vez más, respuestas conjuntas.
Como resume Alarcón, “no es un tema de si se quiere o no cooperar, sino de que se vuelve indispensable hacerlo”.
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