Cuatro años de investigaciones dejan a la Fiscalía la ruta de una trama de corrupción que desembocaría directamente en Lenín Moreno y su círculo íntimo

Ruth Palacios y Diana Salazar, fiscal general encargada y titular, respectivamente, son quienes han intervenido hasta el momento en lo que ha sido el caso INA Papers, hoy denominado caso Sinohydro.

La primera abrió la investigación previa a finales de marzo de 2019 contra el entonces presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin y cuatro personas más; mientras que Salazar, casi cuatro años después, pidió audiencia a la Corte Nacional para formular cargos por el delito de cohecho contra 37 personas, 31 más de las que inicialmente fueron notificadas con la etapa previa de indagación.

Para el jueves 2 de marzo próximo el conjuez nacional Luis Adrián Rojas convocó a la Fiscalía y a los 37 sospechosos para la audiencia de formulación de cargos solicitada a la Corte Nacional.

La denuncia en esta causa la colocó en calidad de asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga e incluyó como antecedente la investigación periodística realizada por Christian Zurita y Fernando Villavicencio, actual legislador independiente, que fue titulada “El Laberinto Offshore del Círculo Presidencial”, publicada el 19 de febrero de 2019.

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En el reportaje se establecen supuestos nexos entre varias empresas offshore constituidas por Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, con la compra de varios bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos para el entonces presidente Lenín Moreno, su esposa, Rocío González, y su hija Irina Moreno González.

Aparentemente una de las empresas de propiedad de Conto Patiño recibió injustificadamente $18 millones por servicios de asesoría de ingeniería, por parte de la empresa estatal china Sinohydro, contratista del proyecto Coca Codo Sinclair, en el periodo en el que Lenín Moreno, era vicepresidente de la República, en binomio con Rafael Correa.

Según el reportaje, Ina Investment Corporation sería una empresa offshore vinculada a Xavier Macías, su esposa María Auxiliadora Patiño y la familia del hoy expresidente Moreno. Que esa compañía manejó cuentas, entre 2012 y 2016, en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron muebles y alfombras que fueron enviadas a Lenín Moreno, en Suiza. Asimismo, se habría comprado un departamento en la costa Mediterránea en 2016.

Como parte de las primeras acciones, la fiscal Palacios solicitó información a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República; al Servicio de Rentas Internas pidió un informe ejecutivo de las compañías: Comercial Recorsa C. A.; Recorsa S. A.; de los ciudadanos Conto Patiño, Edwin Moreno, Xavier Macías y María Auxiliadora Patiño.

Igualmente pidió información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; a Celec, relacionada con el proyecto Coca Codo Sinclair; y a la empresa Sinohydro Corporation, sobre los pagos realizados a la empresa Recorsa S. A.

En 2019, el presidente Moreno reconoció que su hermano creó una empresa offshore, pero que lo habría hecho por “pedido de quien le debía un dinero” para poder pagarle ese dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco a Ecuador. “¿Algo indebido? Nada, absolutamente nada, porque mi hermano no es funcionario público. Él puede tener las empresas offshore que quiera”, anotó.

Para Christian Zurita, uno de los autores de la investigación periodística, el entonces exvicepresidente Moreno se encargó de viabilizar los procesos precontractuales con Sinohydro e implicó a todo su círculo íntimo. “Fue él quien desanudó los problemas existentes para la contratación de esta obra (Coca Codo Sinclair). (...) Esos $ 18 millones fueron cargados al proyecto”.

A mediados del 2021, la fiscal Salazar respecto a este caso señaló que se estaba ampliando la indagación en la Fiscalía, pues existía evidencia de que el caso es parte de “un andamiaje”, de una “estructura” que va más allá de los hechos analizados inicialmente.

“No solamente tiene relación con el tema INA Papers, esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, construido por la empresa china Sinohydro Corporation. (...) El país va a tener una sorpresa realmente. Se van a dar cuenta de por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata de centrarnos en un tema, sino hacerlo de manera integral”, dijo Salazar.

Versiones, allanamientos, requerimientos de información, asistencias penales, pericias, entre otras diligencias dispuso Salazar. Panamá y Suiza fueron de los primeros países a los que la Fiscalía de Ecuador solicitó información respecto a cuentas y empresas.

Casi cuatro años después de abierta la investigación la Fiscalía tiene elementos para señalar que Moreno, su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos, dos cuñadas y otras 30 persona entre exfuncionarios públicos, cercanos a Moreno, un embajador chino, y representantes legales de la empresa Sinohydro y Comercial Recorsa, son parte de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

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Según Salazar, esta estructura con un alcance interestatal y transnacional habría desarrollado sus acciones ilícitas entre el 2009 y el 2018. Para la Fiscalía el monto del cohecho analizado sobrepasaría los $ 18 millones indicados en la investigación periodística y se ubicaría en $ 76 millones.

Esto correspondería al 4 % del valor contratado por la obra que inicialmente fue de $ 1.979 millones. “Esas decenas de millones en dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultorías y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, explicó Salazar.

La Fiscalía en este trayecto de investigación previa ha generado 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, trece pericias, trece audiencias privadas, cinco allanamientos y diez asistencias penales solicitadas a países como Panamá, Belice, Suiza, China, España y Estados Unidos.

En febrero del 2022, la Fiscalía allanó inmuebles relacionados con las empresas Comercial Recorsa C. A. y Novatex C. A., en Quito, y Ginepri S. A., en Guayaquil. Documentos y equipos electrónicos se incautaron en esas acciones.

Mediante una carta pública, Lenín Moreno asegura que es inocente de lo que se le pretende acusar y no deja de resaltar que le sorprende la coincidencia de la reactivación del caso por parte de la Fiscalía en momentos en que el correísmo está en un mejor momento político. También le llama la atención al exmandatario que entre las personas a las que se les quiere procesar penalmente no estén los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la obra más emblemática del correísmo.

Por el lado contrario, correístas como Ricardo Patiño critican que la Fiscalía haya demorado cuatro años para iniciar un juicio contra quien califica como “el traidor ecuatoriano Lenín Moreno”. Sostiene él que desde el primer día existían las pruebas para encausarlo. “Ahora lo musarpan como cortina de humo ante las denuncias contra el círculo íntimo del presidente banquero”.

Ante ello, en su cuenta personal de Twitter, la fiscal general escribió: “Para los suspicaces todo momento es inoportuno y para los corruptos toda acción de la justicia es sospechosa. Pero, para quienes actuamos con responsabilidad, el momento justo llega cuando existen todos los elementos de convicción para procesar a los presuntos responsables”.

Moreno ha adelantado que se defenderá con absoluto apego a la verdad. Espera que las instancias de justicia emitan resoluciones y sentencias ajustadas al marco legal y jurídico, para que no quede la menor duda de su inocencia y la de su familia, luego de años de una campaña contra su imagen y reputación. (I)