Las deudas vencidas por créditos educativos y que están en proceso de coactiva, hasta mayo del 2023, ascienden a $ 69′458.421,85, valor que representa a 6.254 operaciones. El presidente Guillermo Lasso firmó el 4 de julio el decreto-ley en beneficio de los ciudadanos en coactiva por estos valores. Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), dice a EL UNIVERSO que esta problemática nace de un derecho no entregado a la ciudadanía, que es la educación, y que confían en que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable.
¿Cómo se determinó la urgencia para que el Ejecutivo presente el decreto ley para condonar los créditos educativos?
La urgencia la determinamos desde el día uno de iniciado el Gobierno, las personas en situaciones de coactiva llevan años con esta problemática social y económica que han vivido y lo que hicimos fue presentar proyectos de reforma a las leyes que justamente produjeron que lleguemos a este nivel de complejidad y de tormento para las personas que adquirieron créditos educativos. Hicimos dos propuestas y ninguna fue atendida, y paralelamente desde la Senescyt y bajo sus competencias limitadas hicimos algunos cambios en normativas secundarias e hicimos brigadas de atención para que las personas puedan conocer determinados beneficios. La gente quiere pagar sus deudas, nos hemos reunido con ellos, pero no lo pueden hacer por la situación en la que cayeron, no vamos a condonar sus deudas sino los intereses, multas y recargos.
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¿Cuál es la realidad de estas personas?
Son 6.000 personas que no pueden hacer un convenio de pago, se han duplicado sus deudas, para el convenio se les pide una garantía real y son personas de escasos recursos. No pueden insertarse en el mercado laboral, están frenados en el sistema bancario y la realidad es que necesitan recuperarse inmediatamente. Son tantos años en desatención que esperamos que la Corte Constitucional comprenda que no es un tema político sino de los ciudadanos. Hay que recordar que son 12.000 personas las que se van a cobijar bajo estas reformas y 70.000 contando los núcleos familiares que se han visto afectados.
La Corte Constitucional rechazó el proyecto de ley sobre las zonas francas, ¿en qué cree que se diferencia este decreto para que logre un dictamen favorable?
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Esperamos que la Corte Constitucional tome en consideración que es un beneficio directo para una problemática real que existe en el país, que además nace de un derecho no entregado a la ciudadanía, que es la educación. Recordemos que los años en que se ofrecieron los créditos educativos, los cupos en el sistema eran muy escasos. También, que no hubo un control de riesgo crediticio, por ejemplo, se entregaron $ 40.000 a personas y estoy segura de que por la inmediatez que estamos planteando es que creemos que la Corte va a escuchar a estas voces, que no escucharon otros gobiernos y ni siquiera la Asamblea Nacional.
Expertos constitucionalistas mencionan que si bien el beneficio será inmediato, la Corte podría decir que no es un beneficio para todos los ecuatorianos, ¿qué opina usted?
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En el proyecto se ha justificado de la manera más adecuada la problemática. No se puede desmerecer si es una persona y logramos solucionar su vida, estamos haciendo algo grande. Todos ellos están conscientes de que deben pagar. Hablamos de 60.000 personas que no pueden insertarse en el campo laboral, que no pueden volver a levantarse y si la Corte pide alguna corrección o lo que se tenga que hacer, lo haremos. Nos hemos puesto como prioridad este tema.
¿Cuál es la expectativa de tiempos para que se pronuncie la Corte sobre este decreto ley?
Esperamos que nos respondan dentro de los términos que tienen establecidos y que nos hagan llegar de inmediato si es que tienen alguna observación o información adicional.
¿A cuánto asciende el total de la deuda por créditos educativos vencidos?
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En cartera coactivada tenemos $ 70 millones, $ 50 millones corresponden al capital y $ 20 millones a los intereses, multas y recargos, que esperamos se reduzcan y puedan cancelar el capital. En cartera normal son $ 150 millones que corresponden a unas 12.000 personas.
Se ha dejado en claro que no es una condonación de deuda para todos sino de intereses, multas y recargos, ¿contemplan algún beneficio para los deudores que sí han venido cancelando todo a tiempo?
Es importante aclarar que la condonación de deudas es para personas que tengan enfermedades catastróficas o que tengan discapacidad y no solamente al deudor sino a su cónyuge y sus hijos. Las personas que están pagando de manera normal, creo que ninguno querrá caer en coactiva para acogerse al beneficio. A quienes están en coactiva les estaríamos dando las herramientas para que puedan pagar.
De entrar en vigencia el decreto ley, ¿cómo serán estos nuevos acuerdos de pago?
Será como está establecido en las leyes que cobijan estas deudas y lo que haremos es levantar las coactivas, hacer nuevos convenios de pago para que continúen con el pago mensual de sus deudas, y a quienes se encuentren en desempleo se les dará un periodo de gracia de seis meses. Solicitamos eliminar también del buró crediticio estas operaciones.
En su momento, ¿Ecuador cuánto llegó a desembolsar en becas y créditos educativos?
Entre 2007 y 2016 se ejecutaron $ 1.000 millones en créditos educativos, de los cuales la mayoría se han cancelado. Esto hubiera sido muy bueno insertarlo en la academia o en becas y no darles a los jóvenes un crédito por un derecho que tienen.
Algunos de estos compromisos implicaban que los ecuatorianos regresen al país para poner en práctica lo aprendido, ¿esto se cumplió en todos los casos o no?
Entre 2011 y 2020 se entregaron 35.451 becas en el exterior, de todos ellos el 44 % sí finalizó su compensación. Al inicio tenían que volver al país, pero luego se hizo una reforma para que puedan compensar con generación de soluciones, conocimiento e investigaciones. El 11 % todavía está por compensar y el 37 % está compensando en la actualidad, el 8 % incumplió. Aquí surgió una problemática y es que los chicos fueron a universidades no acreditadas y de las que sus títulos no se pueden registrar.
Ahora, el Ejecutivo reconoce los créditos educativos y las becas son una política pública positiva, ¿cuánto ha invertido el Gobierno en los últimos dos años en este sector?
Vamos a invertir más de $ 23 millones en becas y ayudas económicas y 20.000 becas TEC con cobertura total para toda la carrera en 27 institutos privados a nivel nacional. Por otro lado, ayudas económicas para jóvenes que estén estudiando en instituciones públicas y que no dejen sus estudios y esto nos permitió que continúen. También tenemos el programa de becas Fortalécete para cuarto nivel en universidades públicas y que se ejecutarán este año. El año pasado invertimos $ 15 millones en líneas similares. (I)
