En el pleno de la Corte Constitucional (CC) se avizora una reconfiguración de fuerzas debido a la renuncia de un juez y la posible dimisión de otros magistrados, lo que mantiene en expectativa a aquellos nombres que forman parte del banco de elegibles de los concursos de selección que se han hecho en los últimos seis años.
Desde el 2019, que se instaló el primer pleno de la CC, luego de la consulta popular del 2018, se han producido dos renovaciones parciales, ya que la Constitución contempla la elección de nueve magistrados para un periodo en funciones de nueve años que se renovarán por tercios, cada tres años.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el mecanismo de reemplazo ante la ausencia definitiva o temporal de los jueces principales.
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Sin embargo, esto no implica que se hacen concursos de méritos para escoger a sus reemplazos, sino que provienen de un banco de elegibles del respectivo proceso de selección.
En el 2019 se integró el pleno de nueve jueces; en el 2022, se hizo la primera renovación parcial de tres; y, en el 2025, la segunda renovación parcial de otros tres; en el 2028, corresponde la tercera renovación.
Días atrás se conoció de la renuncia irrevocable que presentó el juez constitucional Raúl Llasag, que está en conocimiento del pleno y sobre la cual, hasta el momento, la CC no se ha pronunciado.
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Por ello, este 10 de abril de 2026, Llasag -que continúa en funciones- presidió una audiencia en una causa impulsada por representantes de la sociedad civil en contra del Decreto Ejecutivo 730, relacionado con la declaratoria de estado de excepción emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Simultáneamente se conoció de otra renuncia, aunque no se ha oficializado ni se conocen los motivos.
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Debido a que la CC no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos casos, se desconoce quiénes los reemplazarán.
El actual cuerpo colegiado tiene sus bases en el concurso público que preparó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, junto a una Comisión Calificadora de juristas, luego de la consulta popular del 2018, que permitió la destitución de varios funcionarios de Estado, entre ellos, los jueces de la CC que actuaron en el gobierno de Rafael Correa.
Los jueces provienen de nominaciones que hacen las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social.
En el concurso público que terminó en el 2019, fueron electos: Hernán Salgado, Teresa Nuques, Carmen Corral, Daniela Salazar, Karla Quevedo, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Alí Lozada y Enrique Herrería, este último, actual secretario Jurídico de la Presidencia de Daniel Noboa.
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En el banco de elegibles quedaron: Raúl Llasag, Sandra Cordero, Marco Elizalde Jalil, Javier Valdez, Dunia Martínez y María Dolores Miño. También estaba Raúl Ilaquiche, que falleció en el 2025.
En el caso de la ausencia temporal o definitiva de alguno de los jueces principales —por efectos de una renuncia o destitución— los reemplazan los magistrados del banco de elegibles, que fueron parte del concurso de selección de los principales.
O sea, la principalización de los magistrados que están en la lista de elegibles se hace siguiendo el artículo 184 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dispone que: en el caso de una ausencia temporal, los reemplazos se designan por sorteo del banco de elegibles; y, en caso de falta definitiva, se escoge a los perfiles del listado de elegibles en estricto orden de puntajes obtenidos.
Dos renovaciones en los últimos siete años
En el 2021 se produjo la primera renovación parcial de la Corte por concurso de méritos, que consiste en el ingreso de tres magistrados y salen tres, estos últimos, a través de un sorteo público.
Así, dejaron el organismo, Hernán Salgado, Agustín Grijalva y Ramiro Ávila.
Del concurso resultaron seleccionados Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz Ortiz.
En el banco de elegibles quedaron: Ana Carolina Donoso Bustamante, catedrática, especialista y máster en derecho procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctora en derecho.
También, Luis Fernando Macas, exfuncionario de la Defensoría Pública, catedrático y abogado en libre ejercicio.
En el 2024 se procedió con la segunda renovación parcial y salieron por sorteo, Enrique Herrería, Daniela Salazar y Carmen Corral.
Para reemplazarlos se eligió, por concurso a, Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides como jueces titulares.
En el banco de elegibles quedaron Pamela Aguirre Castro, exfuncionaria de la Corte Constitucional, abogada en libre ejercicio y catedrática. Y, Edwin Aceldo Gualli, catedrático universitario, que recibió un llamado de atención de la CC por permitir la prescripción de una acción de protección.
En medio de las discrepancias del gobierno de Daniel Noboa con los jueces de la CC, en julio de 2025, renunció Teresa Nuques y la reemplazó Raúl Llasag, que era parte del banco de elegibles del concurso del 2019.
El martes anterior se conoció de la renuncia de Llasag y, en su lugar le correspondería asumirlo a la siguiente de la lista de elegibles, que es Sandra Cordero.
Cordero fue exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Azuay, exfuncionaria del Municipio y de la Prefectura del Azuay y jueza de la sala de la Familia, Mujer y Niñez de esa provincia.
En el caso de que Cordero decline de esa posibilidad, le sigue en la lista, Marco Antonio Elizalde Jalil, guayaquileño, abogado en libre ejercicio, especializado en materia administrativa, constitucional, petróleo, minería, inmobiliario, arbitraje y litigios.
Próxima renovación en el 2028
Para el 2028 se integrará una Comisión Calificadora que se encargue de elegir a tres nuevos jueces, de ternas enviadas por quien ejerza la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional y de la Función de Transparencia y Control Social.
Obligatoriamente, dejarían sus despachos los jueces Alí Lozada Prado, expresidente de la CC; Karla Andrade; y, quien asuma en reemplazo de Raúl Llasag.
¿Por qué? Porque se completan nueve años de la conformación de la primera CC después del referéndum de 2018, y con ello, Lozada, Andrade y quien reemplace a Llasag, cumplirán el periodo de nueve años que ordena la Constitución.
No obstante, en la coyuntura, los jueces Alí Lozada y José Terán, enfrentan una investigación en la Fiscalía General, luego de que la Contraloría General presume de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales juramentadas.
De producirse renuncias o remoción de los dos magistrados, se principalizarían los jueces del banco de elegibles según el proceso de selección: del 2019, cuando se eligió a Alí Lozada y de 2025, cuando se eligió a José Terán. (I)
