¿Designación de Cynthia Gellibert como vicepresidenta de Ecuador sigue en firme? Esto es lo que aduce el Gobierno

La designación de la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert Mora , como vicepresidenta constitucional de Ecuador está “intacta”, ya que la Corte Constitucional no analizó esta decisión tomada vía decreto ejecutivo por el presidente-candidato Daniel Noboa Azín. El lunes 3 de enero, la Corte Constitucional difundió un fallo sobre una acción pública de inconstitucionalidad planteada por Gabriel Pereira, un abogado en libre ejercicio, en contra de los decretos ejecutivos 494 y 500, que firmó Daniel Noboa para ausentarse temporalmente de su cargo, encargarlo a Gellibert y hacer campaña electoral en búsqueda de su reelección en las elecciones generales del 9 de febrero. La CC declaró inconstitucional al Decreto Ejecutivo 500 (que está derogado) y también al 505, con los que encargó el poder presidencial a Gellibert por tres días. Pero sobre el 494 no se pronunció, ya que no fue admitido para su análisis y tampoco hubo una referencia sobre esta medida en su fallo final.En esa línea, la administración de Daniel Noboa celebra este pronunciamiento que aclararía la situación de quién es la actual vicepresidenta de la República, en medio del conflicto que mantiene con Verónica Abad Rojas , a quien ha relegado del Gobierno.“La situación de quién es la vicepresidenta quedó intacta. Es una cosa absolutamente constitucional que la Corte no ha procedido a tocar”, manifestó el ministro de Gobierno, José de la Gasca en una entrevista para radio Notimundo , este martes, 3 de enero.Fue en el Decreto Ejecutivo 494, del 4 de enero de 2025, que el candidato y presidente de la República, Daniel Noboa, designó como vicepresidenta constitucional a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada del Ecuador en Turquía.Luego, con el Decreto 512, del 23 de enero, la ratificó en esa función, puesto que Abad no se ha marchado a Turquía a cumplir las funciones de encargada de negocios como le asignó el mandatario , lo que “ evidencia un incumplimiento con las funciones asignadas y configura fuerza mayor y ausencia temporal del cargo”, se argumentó.Este decreto y los siguientes (500 y 505), con los que Noboa “encargó” la Presidencia por horas a Gellibert, motivaron esta acción pública de inconstitucionalidad.En la calificación de la procedencia, un tribunal de la CC admitió a trámite la acción en contra del Decreto Ejecutivo 500, pero no del 494.Se argumentó que la designación de autoridades y su consecuente asignación de funciones no producen efectos jurídicos generales, sino particulares, porque sus destinatarios han sido plena y claramente identificados y surten efectos directos que afectan la situación jurídica de estos.En este caso, a quien está ocupando la Vicepresidencia.Según el Tribunal de Admisión de la CC, este decreto tenía efectos jurídicos particulares y no es un acto administrativo con efectos generales ni un acto normativo, sino un acto administrativo con efectos individuales.La CC ha desarrollado jurisprudencia al respecto, en la que establece que los actos administrativos con efectos individuales tienen consecuencias jurídicas concretas que se extinguen, crean o modifican derechos subjetivos singularizados y están dirigidos a un determinado sujeto o grupo de sujetos y se agotan con su cumplimiento de forma directa.Para la Corte, esta medida se dirige hacia un individuo o un grupo de individuos plena y claramente identificables “y producen efectos jurídicos directos, los cuales podrían ser favorables a los intereses subjetivos del administrado o también resultar desfavorables”, en cuyo caso le atañen a los interesados directos.No obstante, en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 500, los jueces observaron que el Decreto 505, similar al 500, “tiene potencialidad de producir efectos contrarios a la Constitución porque se entrega el mandato del país a una sola persona”.Esto porque se entregó “la Presidencia de la República a una tercera persona y, como ya quedó establecido (...), su ejercicio tiene consecuencias para el ordenamiento jurídico y el funcionamiento del Estado, incluso después de haber perdido vigencia”, pues los decretos 500 y 505 han sido derogados.Quien llega a ocupar la Presidencia “asume facultades constitucionales tales como expedir normas reglamentarias, nombrar autoridades, suprimir o crear ministerios, dictar estados de excepción o ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, todas las cuales, si son ejercidas, tienen la potencialidad de seguir surtiendo efecto luego de su encargo”, justifica el documento.Pero mientras Abad no viaje a Turquía como encargada de negocios, operará la ausencia temporal y Gellibert seguirá en la Vicepresidencia. (I)

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