Ciudadanos y los mismos candidatos a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana podrán hacer campaña política

Una sentencia de la Corte Constitucional (CC) podría incidir en las funciones de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se enfrentan a una denuncia por infracción electoral en la que se pide su destitución.El 29 de agosto de 2024, la Corte Constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad que presentaron -el 2 de abril del 2018- Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el exvocal electoral Luis Verdesoto en contra de cinco disposiciones de la Ley Orgánica del CPCCS que se reformó tras la consulta popular del 2018.Uno de esos artículos es el relacionado con las prohibiciones para los sujetos políticos que les impide hacer campaña electoral por los candidatos al CPCCS. La CC lo reformó y declaró inconstitucional.Se trata de un artículo innumerado después del 35 de la ley que dice: “Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato a consejero, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley”.Los demandantes esgrimieron que la prohibición afecta el ejercicio de la libertad de expresión de las organizaciones sociales, de los candidatos a vocal del CPCCS y de los ciudadanos. Los jueces aceptaron el criterio y concluyeron que la medida no es constitucional.En la sentencia se aclara que el proselitismo político que hagan en procesos electorales venideros los ciudadanos o candidatos al Consejo se “entenderá como la posibilidad que ellos tienen para hacer uso del derecho a la libertad de expresión, sin que esto implique financiamiento estatal ni modificación al régimen legal de la propaganda y control electoral. Estos sujetos libremente podrían organizar eventos, pronunciarse en redes sociales u organizar debates para promocionar una candidatura, sin que esto implique una infracción electoral”.A continuación reformó ese artículo de la ley, que en adelante dirá así: “Ningún funcionario público, ni un partido o movimiento político podrá realizar actos de proselitismo político de ningún candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley ”.Antes de esta reforma, y aplicando el artículo original, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó con la destitución, la suspensión de los derechos de participación por cuatro años y el pago de una multa por $ 22.000 a Alembert Vera , exvocal del CPCCS, al concluir que incurrió en una infracción electoral grave porque, durante la campaña de las elecciones seccionales de febrero de 2023, su candidatura fue promocionada por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) y varios de sus líderes, como Rafael Correa.Vera recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se analice su caso.Actualmente, en el mismo TCE hay otras denuncias similares, pero una obtuvo sentencia de primera instancia para cuatro consejeros (dos principales y dos suplentes) que fueron también promocionados por la RC a los que se llamó ‘Liga Azul’: Augusto Verduga, Yadira Saltos, principales y están en funciones; y, Vielka Párraga y Eduardo Franco, suplentes.El juez Fernando Muñoz, quien sustanció la denuncia, los sancionó por infracción electoral muy grave con la destitución de sus cargos, la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años y a pagar una multa de 70 salarios.Muñoz razonó en su fallo que los accionados, en su calidad de candidatos, participaron en un conversatorio para incentivar y persuadir a la ciudadanía a sufragar a su favor pese a que los actos de proselitismo político para esta dignidad están expresamente prohibidos.Añadió que participaron personalmente en un conversatorio, promocionaron sus propuestas y pidieron el voto.Los consejeros apelaron esta sentencia para que resuelva el pleno del Tribunal, cuya decisión será de última y definitiva instancia. El proceso sigue pendiente de tratar, ya que se debe resolver la excusa de uno de los jueces.Con estos antecedentes, los jueces declararon inconstitucional la prohibición para que los mismos candidatos a consejeros o ciudadanos puedan hacer campaña política. Es decir, en procesos electorales futuros podrán promocionarse.En tanto, los consejeros denunciados están a la espera de la resolución del TCE, pues de ser destituidos se producirá una nueva correlación de fuerzas en este pleno de siete vocales divididos en dos partes: la mayoría, en la que están el presidente Andrés Fantoni junto con Jazmine Enríquez, Johanna Verdezoto y Juan Guarderas.En la minoría están Verduga y Saltos; y, Nicole Bonifaz.Al mismo tiempo, en la Asamblea Nacional se sustancia un juicio político en contra de Juan Guarderas , planteado por la asambleísta Ana Herrera (RC), quien lo acusa de haber, aparentemente, violado el deber de reserva y protección de un denunciante, de falsificación de firma cuando denunció a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por precampaña ante el TCE, de presuntos indicios de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial.En el caso de que Guarderas sea destituido y censurado, su vocal suplente es Eduardo Franco.La Corte aclaró que esta declaratoria de inconstitucionalidad regirá para el futuro con relación a las normas vigentes al momento de expedir esta sentencia.Los proponentes de la demanda de inconstitucionalidad pidieron a la CC que derogue artículos de la Ley del CPCCS, como el requisito de tener título de tercer nivel; también, que los electores voten por hasta siete candidatos de los que tres sean mujeres, tres hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades.Y, entre otros, que se derogue la disposición que obliga a las “organizaciones sociales que auspicien candidatos a acreditar existencia y vida jurídica de, al menos, diez años y actividad comprobada durante los últimos cinco años”.La CC consideró que, aunque son autoridades electas por sufragio universal cada cuatro años, no son un órgano representativo, por lo que el título universitario es necesario.“Por ejemplo, la Asamblea Nacional esencialmente representa al pueblo ecuatoriano. Sería una imprecisión afirmar lo mismo respecto al CPCCS. Este cargo no es uno de representación democrática del Estado”, señala el fallo y esclarece que tiene “roles protagónicos y decisivos en el manejo del país, ya que al no ser un organismo de representatividad se les puede exigir título de tercer nivel que indique que tienen conocimientos técnicos”.Sobre la obligatoriedad de que los grupos de la sociedad civil tengan representación jurídica, se determinó que “no es atentatoria al derecho a la libre asociación por cuanto no impide que una organización social sin personalidad jurídica pueda cumplir ciertos fines lícitos”. (I)

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