Tribunal de Manabí convoca para el 29 de septiembre a audiencia para resolver acción de protección por creación de veeduría ciudadana

Para el próximo 29 de septiembre, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí convocó a una audiencia pública para resolver sobre el recurso de apelación a una acción de protección que busca conformar una veeduría ciudadana para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-T).

Una ciudadana identificada como Betty Moreira Marcillo planteó una acción de protección para que se le permita «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS-Ttansitorio, sobre la base de facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018».

Moreira planteó este recurso porque el excoordinador jurídico del Consejo, Julio Varas, designado en el periodo de Gina Aguilar, sugirió el 16 de mayo, no conformar esta veeduría por la existencia de un dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se determinó que el CPCCS definitivo «no goza de autotutela» para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio.

Un juez de primer nivel de la Unidad Judicial de Manabí, Leiver Quimís, admitió el recurso y ordenó que el actual Consejo de Participación Ciudadana conforme esta veeduría de inmediato, con presupuesto y asistencia técnica; a la vez que previno a cualquier autoridad a no interferir en su funcionamiento.

La Procuraduría General del Estado apeló a la sentencia de primer nivel alegando la vigencia de este dictamen interpretativo de la Corte Constitucional.

La sentencia de mayo del 2019 establece que el régimen de transición que dispuso la consulta popular del 2018 dotó de competencias ordinarias y extraordinarias a ese Consejo como la evaluación de autoridades y cese anticipado de sus funciones; y, la selección y/o designación de sus reemplazos.

Además, que el CPCCS definitivo «no goza de autotutela» para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio.

Es así, que con la apelación de la Procuraduría se integró un tribunal en la Corte Provincial de Justicia de Manabí con las juezas María Miranda Durán (ponente), Carmita García Saltos y, Gina Mora Dávalos, quienes convocaron a la audiencia pública para el viernes, 29 de septiembre, a las 12:00 en una de las salas de la Corte, ubicado en la ciudad de Portoviejo.

El director regional de la Procuraduría, Israel Cedeño Pico requirió ser escuchado en la audiencia para exponer elementos que permitan a las juezas tener un «mejor criterio» en la causa.

Esto ocurre, en tanto este 11 de septiembre culmina el plazo que dio el Consejo de Participación Ciudadana para que las personas interesadas en formar parte de esta veeduría se inscriban y sean capacitadas y acreditadas como veedoras.

Por el momento, el Consejo no ha informado el número de inscritos, pues el plazo se cierra a las 17:00 de este lunes.

Por otra parte, la Corte Constitucional activó una fase de seguimiento al cumplimiento de su sentencia interpretativa del 2019, al conocer que el CPCCS, presidido por Alembert Vera, dio paso a la conformación de esta veeduría.

Vera, en una declaración del 30 de agosto pasado, resaltó el fallo de Quimís y aclaró que la autotutela no atañe a la ciudadanía y calificó de ilegal la actuación del excoordinador jurídico, Julio Varas.

«Hemos tenido que reconocer, sin allanarnos cuando han existido errores o exabruptos por la anterior administración», dijo Vera.

«Los ciudadanos solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del trujillato. Es lamentable que durante la administración anterior, de forma ilegal, el excoordinador jurídico, sin competencia para hacerlo, decidió no dar paso a esta veeduría. Es decir, desde el propio Consejo se limitó la actividad de la ciudadanía», enfatizó.

Advirtió a la prensa de que «no se aventure a generar presupuestos de ilegalidad», pues era «evidente que la autotutela que supuestamente habla la Corte sobre el propio CPCCS no atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública y no es posible que después de tantos años, viendo la demostración de la destrucción institucional que significó este trujillato, la descomposición, de la sociedad de la democracia se pretenda limitar la actividad ciudadana», indicó e invitó a la ciudadanía a participar en esta veeduría.

Bajo ese contexto, la Corte Constitucional solicitó información al organismo de qué acciones tomó para dar seguimiento a su dictamen interpretativo.

Este proceso mantiene en preocupación a sus vocales, de los que tres de siete se desmarcaron de la posición de Vera y piden ser escuchados por los jueces, antes de tomar una determinación sobre un posible incumplimiento de su sentencia.

El 9 de septiembre, los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni ingresaron un escrito a la Corte, en el que aclaran que los procesos internos de la institución le corresponden al presidente (Alembert Vera) que es «quien ejerce la atribución de ordenador de gestión, esto se refiere a la autoridad que ordena las actuaciones administrativas a realizarse dentro de la institución y por lo tanto es de su responsabilidad las actuaciones internas, inclusive si se tratara de referirse a la convocatoria a la veeduría en mención como una actuación delegada es preciso informar que no existe de por medio delegación».

Así también, señalaron de un posible incumplimiento de la sentencia interpretativa al haberse aprobado un informe de investigación en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, relacionado con el presunto ‘plagio’ de su tesis universitaria para obtener su título de tercer nivel en la Universidad Central del Ecuador.

Esto a raíz de la solicitud de un colectivo denominado Acción Jurídica Popular que pidió la activación de una audiencia pública para interpelar a Diana Salazar.

Los dos vocales recordaron que a esa audiencia pública asistieron los consejeros Augusto Verduga, Alembert Vera y Yadira Saltos.

Aunque, la aprobación de instalar esa audiencia se dio el 31 de mayo de 2023, con los votos de Verduga, Vera, Saltos, Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz.

Sin embargo, Nicole Bonifaz, vicepresidenta del CPCCS, expresó también su preocupación a la Corte por la conformación de la veeduría ciudadana y aclaró que el representante legal del organismo es Alembert Vera. (I)