La constitucionalidad del decreto ejecutivo 754 que contiene el reglamento al Código Orgánico de Ambiente pasó al debate interno del pleno de la Corte Constitucional (CC), una vez que se escucharon en audiencia pública argumentos a favor y en contra del Gobierno nacional y organizaciones sociales.
Por casi cuatro horas, este lunes 18 de septiembre, los jueces de la Corte Constitucional escucharon posiciones a favor y en contra del reglamento al Código Orgánico de Ambiente, que lo emitió el primer mandatario, Guillermo Lasso, a través del decreto ejecutivo 754 en junio pasado.
Dicho decreto incorporó reformas al reglamento al Código Orgánico Ambiental, que están articuladas a la ejecución de la consulta ambiental y la participación ciudadana de los territorios o comunidades en los que se buscaría iniciar un proyecto estratégico.
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En contra de esa normativa se planteó una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo por la Fundación Pachamama, el Centro de Derechos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que expusieron su rechazo al texto.
La jueza constitucional Alejandra Cárdenas es la ponente y deberá elaborar el proyecto de dictamen, para conocimiento y resolución del pleno, respecto de esta acción que se presentó a finales de julio y sobre el cual se emitieron medidas cautelares que tienen suspendida la ejecución de la normativa.
A favor del reglamento se presentaron los representantes del régimen de Guillermo Lasso, como el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Dávalos; de la Presidencia de la República, con la representante Yolanda Salgado; y, el delegado de la Procuraduría General del Estado.
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También se permitieron las exposiciones de amicus curiae de cámaras de minería, gremios, activistas y líderes indígenas.
Uno de los principales pedidos del régimen fue desistir de las medidas cautelares que fueron admitidas en el trámite de esta acción, pues mantienen suspendida la ejecución de unos 178 proyectos estratégicos. Entre estos estarían la construcción de diez hospitales, que en su conjunto bordean una inversión de más de $ 2.000 millones, según el ministro Dávalos.
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Los demandantes alegaron que el decreto es inconstitucional porque asimila los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados con el derecho a la consulta ambiental.
Es decir, «se pretende aplicar la consulta ambiental a pueblos indígenas, reduciendo el umbral de protección que garantiza la consulta previa, libre e informada», se aseguró desde la Conaie.
Su presidente, Leonidas Iza, aseveró que se está violando el derecho a la consulta y sometiendo un marco jurídico que no corresponde a las comunidades.
«Con el decreto se quiere poner en vigencia un reglamento por el cual se ha cometido persecución y violencia a las comunidades indígenas. Se pretende aprobar concesiones mineras violando nuestros derechos», señaló Iza y añadió que mediante simples trámites reglamentarios se pretende obtener licencias ambientales para proyectos mineros, por ejemplo.
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El jurista Mario Melo, como representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), explicó que este decreto confunde el derecho a la consulta previa con el derecho colectivo de la consulta ambiental y reduce el ámbito de protección del derecho a la consulta previa, libre e informada a través de una norma reglamentaria, por lo que es inconstitucional.
La representante de la función Ejecutiva, Yolanda Salgado, criticó que la demanda no cuenta con argumentos claros y específicos y rechazó que haya sido admitida a trámite.
«La demanda contiene afirmaciones falaces y se ha conducido a error a la Corte al haber permitido la admisión. (…) de ahí, la aceptación de una medida cautelar que no tiene razón de ser», expresó Salgado y aseguró que se está «confundiendo la consulta ambiental con la consulta previa, libre e informada y se desconoce la realización de la consulta prelegislativa».
Después de esta audiencia pública, la jueza Cárdenas elaborará su proyecto de dictamen, en el que propondrá al pleno aceptar o negar la acción pública de inconstitucionalidad de la norma y levantar, de ser el caso, las medidas cautelares. (I)
