Audiencias de evaluación y preparatoria de juicio, de juzgamiento, apelaciones a sentencias de primer nivel son las diligencias que deberán resolverse en este 2025 en al menos una docena de casos judiciales de connotación nacional. La mayoría de ellos tiene que ver con actos de corrupción en la función pública, especialmente en un sistema de justicia que se ha demostrado que es frágil ante la infiltración de la política y el crimen organizado.