Con la suspensión provisional del concurso público para elegir a una nueva autoridad en la Contraloría General del Estado que lleva a cabo una comisión ciudadana, tres actividades públicas están pendientes de realizarse para terminar con la designación de este alto funcionario, que estará en manos del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Un juez de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas), Jorge Medina Brown, admitió a trámite una acción de protección y dictó medidas cautelares que suspendieron provisionalmente el concurso público para la elección de méritos, oposición e impugnación del titular de la Contraloría General del Estado, que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección.
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La audiencia pública para sustanciar el recurso se convocó para el martes 26 de septiembre, un día después de que los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana se presenten a una audiencia pública en la Corte Constitucional (CC), en la que expondrán sus actuaciones frente al cumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio.
Esto, una vez que el mismo Consejo está conformando una veeduría ciudadana que busca evaluar y diagnosticar la elección de los actuales jueces de la Corte Constitucional, que fueron electos por el Consejo de Transición en el 2019.
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La Corte puede señalar sanciones administrativas o la destitución de servidores, en el caso de que concluya que hubo un incumplimiento de su sentencia.
En tanto, en el trámite de la acción de protección, las medidas cautelares se dictaron el jueves 14 de septiembre, y el 18 de septiembre el Consejo de Participación Ciudadana anunció, bajo protesta, que se suspendía el concurso.
El recurso fue interpuesto por una ciudadana identificada como Jenniffer Díaz Ortiz, quien alegó vulneraciones a derechos constitucionales y responsabilizó al CPCCS y a su presidente, Alembert Vera, de no vigilar las actuaciones de la comisión ciudadana.
El viernes anterior, Vera dijo que no había sido notificado de estas medidas cautelares, por lo que el concurso, en el que hay 103 aspirantes al cargo, no se detendría.
Por ello, el juez Medina extendió la notificación de su fallo al presidente de la comisión ciudadana, Marco Chalco, el sábado 16 de septiembre a las 16:00, para que “no se alegue algún vacío para justiciar su incumplimiento”. Advirtió que quedaba suspendida “cualquier actividad” que estaba prevista para realizarse, “careciendo de valor jurídico cualquier acto que se lleve a cabo”.
Tomando en cuenta que para los próximos días estaban listas varias actividades públicas en la penúltima y última fase de este concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana.
Una de ellas era la rendición del examen de conocimientos sobre 50 puntos, a la que fueron convocados los 103 candidatos a ser contralor para este martes, 19 de septiembre, a las 09:00 en el colegio Sebastián de Benalcázar, en Quito.
El cuestionario de 2.000 preguntas fue elaborado por doce catedráticos en los últimos cinco días, en un lugar considerado ‘secreto’. La tarea la terminaron el sábado en horas de la tarde.
Ese banco de preguntas debía publicarse en la página web del Consejo de Participación Ciudadana el domingo 17 de septiembre, ya que el reglamento señala en su artículo 43 que “las preguntas se publicarán 48 horas antes de la rendición del examen y las respuestas 24 horas después”.
La siguiente etapa es la de recalificación, en la que el reglamento abre un periodo para que los candidatos puedan solicitar por escrito y “debidamente fundamentado” la recalificación sobre “su propia puntuación de los méritos, acción afirmativa y de oposición”.
Para ello, tendrán un término de tres días contados a partir de la notificación de resultados; luego, la comisión ciudadana de selección resolverá la solicitud de recalificación dentro del término de tres días.
La última fase es la designación, en la que la comisión ciudadana tiene un término de dos días para enviar al pleno del Consejo de Participación Ciudadana el informe con las puntuaciones finales de los candidatos que superaron la fase de impugnación y la calificación respectiva, tanto en méritos (50 puntos) como el examen escrito (50 puntos), cuyo informe es vinculante y no puede alterarse.
Los siete vocales del CPCCS tienen otros dos días término para conocer ese listado y proceder con la designación del nuevo contralor, de aquel que haya obtenido el más alto puntaje. De observarse que hay un empate, el ganador se definirá mediante un sorteo público.
Estas actividades estarán suspendidas hasta que el juez de Bucay se pronuncie sobre la acción de protección, en la que la audiencia se instalaría el 26 de septiembre.
El recurso se planteó luego que la comisión ciudadana aprobó —el 12 de septiembre— el informe de calificación de méritos de los 103 postulantes, en el que solo dos obtuvieron la más alta nota: Alejandra Vivanco con 49,5/50 y Juan Falconí Puig con 47.
Los restantes aspirantes obtuvieron de 45 puntos hacia abajo, siendo el menor puntaje 8/50.
Bajo ese hecho, hay varios concursantes que reclamaron mediante escritos enviados a la comisión haber sido afectados en la revisión de sus méritos.
Otros, como Vladimir Porojnia, Carlos Almeida, Norma Reyes Solano —como presidenta del colectivo denominado Frente de Liberación de la Justicia— y Fernando Albán —del Observatorio por la Independencia de la Función Judicial—, presentaron sus escritos en calidad de amicus curiae en la acción de protección, aunque no se conoce si a favor o en contra del recurso constitucional.
Otra candidata, Gabriela Obando, también presentaría su escrito, ya que teme que el proceso sea anulado, pese a que aún existen acciones administrativas, como la recalificación, para exigir a la comisión que revea las calificaciones.
Obando estimó que se la perjudicó con diez puntos en la calificación de experiencia específica, porque —según la comisión— no había detallado sus actividades en el libre ejercicio profesional e ignoraron otras iniciativas en participación ciudadana, lucha contra la corrupción y la docencia.
El puntaje que le asignó la comisión fue de 39,5/50, pero cree que su carpeta es de 50 puntos. (I)