Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) reclaman al Ministerio de Economía y Finanzas la reducción de $ 20 millones del presupuesto inicialmente fijado para organizar la consulta popular y referéndum de este 21 de abril, acción que podría poner en «riesgo» el proceso eleccionario.

El Consejo Nacional Electoral aprobó el 20 de febrero del año en curso un valor de $ 60 millones para llevar a cabo el plebiscito y referendo de once preguntas de iniciativa gubernamental, pero el Ministerio de Economía había resuelto reducirlo a $ 40 millones.

«El Ministerio de Finanzas de forma unilateral e inconstitucional ha decidido que el presupuesto es de $ 40 millones y no hay más... Los otros $ 20 millones se entregarán en el transcurso de los días, ahí se verá», había sido la posición del Ejecutivo ante los requerimientos del CNE, relató el consejero José Cabrera en una entrevista con radio Sucesos, este 7 de marzo.

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Según Cabrera, se esperaba que el 1 de marzo se adjudicaran los $ 60 millones -a través de las certificaciones presupuestarias para contratar los proveedores de servicios-, lo que no se ha hecho y complica las actividades logísticas del Consejo.

El fondo de este suceso es que el Estado no tiene dinero y es difícil que se puedan ajustar los valores para reducir $ 20 millones, anticipó el vocal.

Las respuestas desde el Ejecutivo sorprenden a los funcionarios electorales. Por ejemplo, se requieren recursos para organizar el voto de los ecuatorianos en el exterior y se había planteado al CNE que preste $ 1,9 millones para hacerlo.

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Es decir, «que el CNE preste $ 1,9 millones, que son para el pago de salarios de los funcionarios, para dar a la Cancillería para que organice el voto en el exterior», contó Cabrera.

A las Fuerzas Armadas se les adeudarían unos $ 7 millones de las elecciones nacionales anticipadas del 2023 y otros $ 6,8 millones de procesos anteriores para pagos a proveedores y la difusión de franjas electorales a los medios de comunicación.

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Ante las insistencias, el miércoles se habría concedido la certificación presupuestaria por $ 29 millones para la impresión de papeletas e integración del paquete electoral, y otros $ 9 millones para la contratación de personal sin relación de dependencia.

«Hemos dado las explicaciones y justificaciones necesarias de por qué el presupuesto es de $ 60 millones y no de $ 40 millones como de forma inconsulta el Ministerio de Economía lo planificó», indicó Diana Atamaint, presidenta del CNE.

Este jueves detalló que el organismo avanza con plazos vencidos para la contratación de proveedores y servicios. Y hasta el momento «no tenemos ni un solo centavo para entregar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que ellos necesitan tener sus recursos para contratar sus servicios logísticos, como de transporte», puso como ejemplo.

Atamaint se preguntó si el Gobierno nacional tiene recursos listos para pagar los anticipos de las contrataciones, porque sin ellos no podrán recibir los productos.

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«Esto sabíamos muchos meses atrás. No es una cosa improvisada, se debió haber previsto la necesidad de recursos», criticó la consejera.

El Consejo había hecho un pago al Instituto Geográfico Militar (IGM) de impresión de papeletas de elecciones anteriores para que, a su vez, ellos paguen a sus proveedores.

Sin embargo, el Ministerio de Economía no haría efectivo alrededor de $ 3 millones o $ 4 millones para que el IGM pueda cerrar esas deudas.

Si no hay dinero «sería inviable hacer la consulta popular y el referéndum», anotó Atamaint.

José Cabrera comentó que en el interior de la institución están analizando las alternativas legales para organizar estos comicios, pues la Constitución y el Código de la Democracia establecen plazos de 15 días para convocar a elecciones y 60 para llegar a la votación.

«Esto no es cuestión solo de imprimir papeletas y repartir, porque incluso para distribuir se necesita dinero. Tenemos que resolver entre todos los consejeros cómo se podrá trabajar», recalcó. (I)