Este 31 de agosto sería la fecha ideal para que Daniel Noboa Azín firme el decreto ejecutivo convocando a su consulta popular y referéndum para someterlo a las urnas a mediados de diciembre, como es su aspiración.
El presidente de la República, Daniel Noboa, ofreció el 5 de agosto pasado que convocará a una consulta de siete preguntas, con la expectativa de que se vote el 14 de diciembre, tomando en cuenta que los demás domingos de ese mes hay eventos festivos como la fundación de Quito, Navidad y Fin de Año.
Desde el inicio de este proyecto político luchamos por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional, y lo valiente sobre lo complaciente.
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 5, 2025
A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que…
Noboa reveló el cuestionario en su cuenta de red social X, pero hasta el momento no se ha enviado el documento formal con los anexos a los jueces de la Corte Constitucional (CC).
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El mandatario tiene que disponer la convocatoria a elecciones, luego que la CC emitió un dictamen favorable de constitucionalidad de una pregunta para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?, dice la pregunta que propone reformar parcialmente el artículo 5 de la carta política.
La propuesta se presentó el 16 de septiembre de 2024 y nueve meses después, la Asamblea Nacional la aprobó en su pleno y la CC dictaminó la constitucionalidad de la interrogante, los considerandos, frase introductoria y anexos presentados para convocar al referéndum.
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Con esta decisión, corren 45 días para que se convoque a elecciones nacionales y 60 para organizarlas, según lo establece el artículo 442 de la Constitución.
Estos plazos rigen una vez que Noboa firme el decreto ejecutivo en el que convoca al referéndum y lo envíe al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice el sufragio.
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El consejero electoral José Cabrera explicó que cuando se emita este decreto ejecutivo empezarán a contarse los 45 días, en los que se preparará la logística, como el Plan Operativo Electoral (POE) que incluye el presupuesto; el padrón de electores; el número de juntas receptoras del voto (JRV), entre otros aspectos.
Con esos elementos, hasta antes de los 45 días el CNE debe convocar a la población a sufragar y en los 60 días restantes preparará el proceso.
Semanas atrás, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó que estaban analizando los asuntos logísticos para este plebiscito y no adelantó cuánto costaría prepararla.
En consideración de procesos electorales anteriores podría bordear los 55 o 60 millones de dólares, según información del CNE.
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Pese a que esta pregunta está lista, hay otra sobre la que aún faltan pasos que cumplir.
El jueves último, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma parcial para eliminar las disposiciones constitucionales que obligan al Estado a financiar el fondo partidario y el fondo de promoción electoral para las organizaciones políticas y candidatos.
La legislatura debe notificar a la Corte de su resolución para que revise la constitucionalidad del cuestionario, los anexos, los considerandos.
Para emitir un pronunciamiento, los jueces tienen un plazo de 20 días, pero se cuenta desde que el juez a cargo de la causa avoca conocimiento.
Hasta esta publicación, la Asamblea aún no remitía a la CC el expediente con la reforma parcial que se aprobó este 7 de agosto.
De entre las siete preguntas que ofreció Noboa el martes, por lo menos, tres requerirían de una enmienda o reforma constitucional, tomando en cuenta anteriores dictámenes de la CC sobre propuestas similares que se han presentado años atrás.
Entre estas, ofertó “eliminar” el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de la estructura del Estado y que sea la Asamblea Nacional la que elija a las autoridades de control.
Así también, que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser controlados por instancias políticas; y, reducir el número de asambleístas de 151 a 71.
De considerar que estos cambios requieren reformas parciales, el Parlamento tendría que tratarlas en dos debates y aprobarlas, por lo que se postergarían hasta el primer trimestre del 2026, de acuerdo con los cálculos que se hacen los técnicos en el CNE. (I)
