Con el llamado a votar por la consulta y referendo rigen prohibiciones para divulgar publicidad y propaganda en todos los niveles de gobierno

Con la convocatoria a elecciones por la consulta popular y referéndum del 21 de abril regirá la veda en la difusión de publicidad gubernamental, excepto en casos de conmoción interna y catástrofes naturales. La noche del 27 de febrero de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó en cadena nacional de radio y televisión la convocatoria a elecciones por la consulta popular y referendo de once preguntas de iniciativa del Gobierno nacional. Son 13′654.291 electores que serán convocados a pronunciarse el 21 de abril sobre esta propuesta de democracia directa de las que una pregunta es para reformar parcialmente el artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de forma complementaria con la Policía Nacional en la seguridad interna, y que se tramitó en la Asamblea Nacional. Las diez restantes son planteadas por el presidente Daniel Noboa Azín y, de ellas, seis son de plebiscito, pues formulan hacer cambios a leyes en materia de seguridad que, de ser aprobadas, la Presidencia de la República enviará a la Asamblea Nacional los textos para su trámite respectivo. Las cuatro preguntas restantes son enmiendas constitucionales que buscan un pronunciamiento popular sobre la extradición de ecuatorianos; crear judicaturas especializadas en materia constitucional; reconocer el arbitraje internacional para solucionar controversias; y, que se permita el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, modificando la Constitución y el Código del Trabajo. Desde este 28 de febrero de 2024 y hasta el 4 de marzo , el CNE abrirá sus sistemas para que las organizaciones políticas y de la sociedad civil puedan inscribirse para participar en la campaña y acceder al Fondo de Promoción Electoral (FPE) para difundir propaganda en medios de comunicación por la opciones sí o no respecto del cuestionario. Serán doce días de proselitismo político que arrancará el 7 de abril y culminará el 18 de abril. No obstante, el Código de la Democracia establece ciertas reglas a cumplir para evitar el uso de fondos estatales en la promoción electoral. El artículo 205 señala que a partir de la convocatoria a elecciones está prohibido difundir cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el CNE. En el 207 se precisa que desde la convocatoria y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa u otros medios impresos. También se prohíbe la exposición en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos de la imagen, voz y nombres de personas que estén interviniendo en el proceso; y, las entidades del Estado no podrán hacer eventos con artistas internacionales durante este periodo. De estas prohibiciones está exenta la información en casos de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales. Articulado al Código, el reglamento de Promoción Electoral impone la prohibición de la publicidad o propaganda en todos los niveles de gobierno por radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias y prensa, salvo aquellas que sean autorizadas por el CNE. Un hecho excepcional en las próximas semanas es que las autoridades de elección popular y los más de 4.000 organismos estatales, como ministerios, gobiernos locales, Presidencia de la República, entre otras, deben cumplir con el informe de rendición de cuentas del periodo fiscal del 2023. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fijó como plazo del 1 al 31 de marzo para que se desarrollen las deliberaciones públicas de los informes de actividades, cuyo reglamento para el efecto impide que se incurra en actividades de proselitismo político, promoción personal o partidaria en todos sus niveles. Tampoco se podrá incurrir en gastos de espectáculos públicos, hoteles, hostales, locales privados o contratación de artistas. Para desarrollar este plebiscito y referendo, la autoridad electoral requirió de un presupuesto de $ 60 millones, pero se espera que el Gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas- cancele deudas pendientes que arrastran de las elecciones seccionales del 2023 y de las presidenciales y legislativas anticipadas de agosto y octubre del 2023. De acuerdo con cifras oficiales difundidas durante una plenaria de los consejeros del 26 de febrero último, el monto adeudado ascendería a los $ 6′837.247, de un total aproximado de los $ 12 millones. En la sesión, un funcionario del área financiera explicó que la deuda se sigue manteniendo y «el Ministerio de Economía sigue pagando al ‘goteo’. Se han hecho acercamientos, pero la respuesta ha sido que se igualarán de acuerdo con los ingresos de la caja fiscal». En contraposición, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, aseguró que el Gobierno nacional está saldando de a poco las deudas y les habrían asignado $ 3 millones, luego otros $ 3 millones para pagar a medios de comunicación por la contratación de franjas publicitarias en tiempos de campaña. Debían «alrededor de $ 12 millones y ahora estarían por unos $ 2 o $ 3 millones que se han comprometido a saldar», dijo Atamaint en una entrevista en radio Sucesos, el lunes 26 de febrero. (I)

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