Una mayoría afín al gobierno de Daniel Noboa podría desvanecerse en el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la víspera de iniciar dos procesos medulares en la selección de autoridades de la administración de justicia.
La censura y destitución por un juicio político de Juan Guarderas, en la Asamblea Nacional, cambiaría la correlación de fuerzas en el pleno del CPCCS, que empezará el 2025 con la selección de cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y hacer el reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas, una de ellas, la que hará el concurso para la elección del titular de la Fiscalía General del Estado en reemplazo de Diana Salazar.
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El Gobierno elevó su reclamo. El viernes anterior usó la cuenta oficial de la Presidencia de la República para reprochar que con los votos del PSC, Construye y RC se dio paso a la principalización de Eduardo Franco “dándole la mayoría a la liga azul en el Consejo”.
Las tiendas partidistas de la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC), Construye y el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), además de los independientes, están llamadas a una sesión virtual para este 30 de diciembre para proponer tres nombres que participarán en la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025 – 2031.
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Hasta el 28 de enero de 2025, el CPCCS tendría que seleccionar a los diez vocales, entre principales y suplentes, de los candidatos que envíen la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.
El Consejo les dio como plazo hasta el 31 de diciembre.
Simultáneamente, el político Eduardo Franco Loor, se principalizará como vocal del CPCCS en lugar de Guarderas. Es afín a las filas del movimiento correísta de la RC y fue abogado de Jorge Glas, sentenciado por hechos de corrupción cometidos en el gobierno de Rafael Correa.
Su incorporación se hará con una discusión pendiente planteada por sus coidearios, los vocales Augusto Verduga y Yadira Saltos, que están inconformes con el procedimiento para elegir a los miembros de la Judicatura.
Verduga reclama que se convocó a integrar la veeduría ciudadana (el 4 de diciembre), antes de que se haya aprobado el reglamento para elegir a estas autoridades, el mismo que se emitió el 13 de diciembre.
También está elaborándose el reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas, que se encargan de hacer los concursos de méritos, oposición e impugnación, de los que hay dos que están previstos en este año: la elección del titular de la Fiscalía General del Estado y de tres vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Elección de autoridades del Estado con ‘mayorías móviles’
En mayo de 2023 arrancó el periodo de cuatro años en funciones de siete vocales del CPCCS electos por voto popular y, en los últimos 17 meses, el funcionamiento de las mayorías móviles ha sido una constante.
Esta administración arrancó con Alembert Vera como presidente, dignidad a la que llegó con el apoyo de Augusto Verduga y Yadira Saltos, los candidatos de la ‘liga azul’, como los bautizó el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) liderado por Rafael Correa.
A ellos se sumaron las consejeras Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto. En la minoría estaban Andrés Fantoni y la entonces consejera Michelle Calvache, quien renunció a su cargo para postularse a la Vicepresidencia de la República en los comicios generales de febrero. Aunque tampoco concretó su inscripción.
En octubre del 2023, Vera fue destituido por la Corte Constitucional por incumplir uno de sus dictámenes y lo sucedió Bonifaz, quien era la vicepresidenta.
En lugar de Vera se principalizó Juan Guarderas, quien se adhirió a Calvache y a Fantoni.
Entre denuncias de presuntos actos irregulares en el concurso que se hacía para elegir al titular de la Defensoría Pública, Verdezoto se distanció de Bonifaz y se unió a Calvache, Fantoni y Guarderas.
Formaron una mayoría y removieron a Bonifaz de la presidencia el 3 de abril.
Fantoni, quien era vicepresidente, subió a la presidencia y Verdezoto fue designada vicepresidenta. Tras la renuncia de Calvache se integró Jazmín Enríquez, quien optó por unírseles.
Verduga y Saltos mantienen su dupla y ocasionalmente los respalda Bonifaz.
Ahora, con la destitución de Juan Guarderas, se principalizará Eduardo Franco, también parte de la llamada ‘liga azul’ y simpatizante de las filas de la RC.
Aunque el consejero espera una decisión final del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia de infracción electoral que pesa también en contra de Verduga y Saltos, quienes, en un primer fallo, fueron sancionados con la destitución.
Con esos antecedentes, la mayoría de Fantoni podría tambalear. Se ha mantenido cercano al gobierno de Daniel Noboa e incluso consiguieron que se les dé un nuevo edificio para el funcionamiento del CPCCS y también se habían comprometido recursos para preparar el concurso público de fiscal general.
Mientras tanto, Guarderas denunció por precampaña a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), buscando su destitución en el cargo, en medio de las opciones legales y políticas a las que recurre el Gobierno para sacarla.
La posición de Guarderas fue también clave para la llegada de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura, de una terna que envió José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El exconsejero decía que quería “despartidizar” el CJ y apoyó a la facción del correísmo para echar abajo la elección de la académica Dunia Martínez.
En julio, Yadira Saltos mocionó reconsiderar esa designación y Guarderas fue la ‘bisagra’, ya que se convirtió en el quinto voto que necesitaban junto con los de Bonifaz, Verduga, Saltos y Verdezoto.
Esto propició una nueva votación y se escogió a Godoy.
Cinco meses después, la RC agilizó el trámite del enjuiciamiento en su contra y lo destituyeron con justos 70 votos que se necesitaban, en una sesión del 27 de diciembre de 2024.
Entre esas 70 voluntades están algunas de la bancada de Construye, pues lo responsabilizan de promover la llegada de Godoy a la Judicatura, quien fue abogado de Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de una empresa de aviación SKY Jet Elite, que fue detenida por la DEA en el 2014, por presuntos nexos con el narcotráfico.
Godoy inició un proceso en la extinta Superintendencia de Comunicación para que los medios de comunicación que publicaron esa noticia la rectifiquen.
Ahora se viene un nuevo juicio. La asambleísta del correísmo Ana Herrera —también interpelante de Guarderas— solicitó enjuiciar a la consejera Verdezoto por incurrir en un aparente conflicto de intereses en la designación del defensor público y porque además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento.
Verdezoto era parte de la mayoría del correísmo y se distanció al revelarse fotografías de una aparente reunión en la que aparece junto con el excandidato a defensor público Édgar Frías, quien renunció el concurso al conocerse que había comprado un carro de alta gama que habría pertenecido al narcotraficante Leandro Norero (+) y la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa. (I)