Para junio próximo, con el inicio de una nueva administración en la Presidencia de la República, se ha previsto concluir la elección de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y próximamente iniciar el concurso público de selección del titular de la Fiscalía General del Estado, pero no hay dinero que cubra los gastos operativos ni salariales.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) contaría con apenas $ 2.000 asignados para llevar a cabo los concursos públicos de designación de autoridades de control, que es una de sus atribuciones.
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En la víspera no logra concluir el concurso público para la renovación parcial del pleno del Consejo Nacional Electoral pese a que lleva pendiente desde el 2021.
A finales del 2024 ofreció arrancar con el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir al reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, que en abril termina su periodo. Adicionalmente, hay otras seis instituciones que requieren nuevas autoridades y los concursos no avanzan.
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Para este 2025, el Consejo de Participación tendrá un presupuesto prorrogado -al ser un año electoral- de $ 7′500.000 que le asignó el Ministerio de Economía y Finanzas, de los que $ 6′500.000 están comprometidos para los salarios de los funcionarios.
Para otros gastos, entre los que están las dietas y gastos operativos, el organismo cuenta con $ 117.000.
Para el ítem de designación de autoridades, apenas se les asignaron $ 2.000, en tanto está en desarrollo el proceso de renovación parcial (dos vocales principales y dos suplentes) del Consejo Nacional Electoral y de un fiscal general.
Aunque se prevé hacer reformas presupuestarias, previa aprobación del ministerio, a lo largo de este año, dependiendo de las necesidades institucionales.
El lunes pasado, el pleno del CPCCS aprobó con la indignación de sus consejeros el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Contrataciones.
La consejera Nicole Bonifaz señaló que estos valores reflejan la “inexistencia de recursos para cumplir con la responsabilidad en la designación de autoridades” y pidió que las coordinaciones administrativas elaboren informes técnicos que detallen las necesidades para comunicarlas al ministerio.
El vocal Augusto Verduga también lamentó la crisis económica, por la que incluso deben costear la gasolina de los vehículos institucionales, refirió; en tanto que el presidente, Andrés Fantoni, reconoció que están viviendo una situación “caótica” y que solicitará a las autoridades gubernamentales reuniones para pedir recursos.
Bajo ese escenario está funcionando la comisión ciudadana encargada de elegir a los dos vocales del CNE, aunque sin paga.
Las comisiones ciudadanas se componen de diez personas, de las que cinco están en representación de la ciudadanía y la sociedad civil y los restantes cinco provienen de las funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
El concurso avanzó hasta la calificación de los méritos de 165 aspirantes; y, en el 2023 se detuvo por problemas legales, renuncias que la dejó sin comisionados. En noviembre del 2024 se reactivó con ocho miembros.
En la actualidad debe seguir a la etapa del examen de conocimientos y práctico, y se está escogiendo a los catedráticos que se encargarán de elaborar las preguntas y los casos a los que responderán los concursantes.
No obstante, los cinco comisionados de la ciudadanía reclaman el pago de sus dietas que no han recibido desde el 2023; y, del 2024, de nueve sesiones ordinarias y dos extraordinarias, según los informes.
Pese a las solicitudes no han tenido respuesta “formal ni motivada al requerimiento de pago de las dietas correspondientes a los años 2023 y 2024″.
La ley del Consejo de Participación establece que los comisionados, mientras duren sus funciones, recibirán “dietas diarias equivalentes al 3,3 % de la remuneración mensual” que recibe un consejero, es decir, más de $ 4.000.
El presidente de la comisión, Jhon Silva Gorozabel, envió varios oficios al pleno, sin respuesta. Este retraso les genera “incertidumbre y compromete la percepción pública sobre la eficiencia y transparencia del proceso administrativo”, señalaron en una resolución tomada por la comisión el lunes pasado.
Para este concurso se ha previsto el financiamiento de un equipo técnico informático que resguarde la reserva de los cuestionarios y exámenes que elaborarán los catedráticos para los postulantes a ser vocal electoral. (I)