En los últimos seis años de gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la designación de autoridades de cinco organismos del Estado los ha llevado a la inestabilidad interna con destituciones de sus vocales, que gobiernan bajo las mayorías móviles en las que quien tiene cuatro votos en contra de tres, gana.
El Consejo de Participación Ciudadana se creó en la Constitución de 2018 con más de una docena de atribuciones, de las que la elección de autoridades del Estado es su agenda principal y sus siete consejeros se eligen por voto popular desde el 2019.
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Desde entonces, ninguno de los ocho presidentes ha completado los dos años de gestión para los que fueron electos. La razón: las pugnas por la elección de autoridades de control, primordialmente, de la Contraloría General, la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cuyo último caso, pese a que no se ha cumplido con la renovación de sus cinco vocales, no ha habido sanciones políticas.
Este viernes se espera conocer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que sentará jurisprudencia respecto de la elección de estos consejeros, ya que cuatro de ellos, fueron sancionados en primera instancia con la destitución de sus cargos, por ser promocionados políticamente por una organización política, lo que es una prohibición constitucional.
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Si el TCE ratifica la sanción en segunda y definitiva instancia el CPCCS tendrá nuevos rostros.
Estos recambios se producen desde el 2019, cuando la mayoría que integraba José Tuárez con exconsejeros afines al correísmo duró poco más de un mes en funciones luego que fueron censurados por la Asamblea Nacional al pretender revisar cómo se dio la elección de los jueces de la Corte Constitucional (CC) que hizo el extinto CPCCS de transición.
En la presidencia de Sofía Almeida, sobrina del político Luis Almeida, hizo mayoría con Ibeth Estupiñán, David Rosero y Javier Dávalos; en la minoría estaban Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.
Un día discutían el reglamento para la elección del titular de la Superintendencia de Bancos y la exconsejera Estupiñán no respaldó el proyecto de la mayoría y se cambió de fila: se sumó a la minoría y removieron a Sofía Almeida y David Rosero de la presidencia y vicepresidencia, en su orden.
Subieron Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira a esas dignidades, en paralelo a que en el Consejo de la Judicatura renunció a la presidencia María del Carmen Maldonado.
Estaba en marcha el concurso público para elegir al titular de la Contraloría General y la mayoría de Ulloa cambió el reglamento para la designación, lo que provocó que las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC) los interpelaran políticamente y los destituyeran. Aunque con una acción de protección se quedaron en sus cargos.
Con la administración de Ulloa, en el 2022, se eligió a dos superintendentes de Bancos, que dejó un conflicto político y jurídico que hasta la actualidad tiene consecuencias.
La terna para elegir a esta autoridad la envió el expresidente de la República Guillermo Lasso y el 20 de julio de 2022 fue designado Raúl González Carrión con los votos de Almeida, Dávalos, Rosero y Bravo; y, el 11 de agosto, lo posesionó la Asamblea Nacional.
El gobierno de Lasso no apoyó la elección de González y se filtró un audio en el que el exasesor Aparicio Caicedo lo exhortaba a declinar de su nominación. A la par, una mujer presentó una acción de protección con la que se declaró nula su designación y González no ejerció.
El exmandatario envió una nueva terna de la que el 3 de diciembre de 2022, los consejeros UIloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán designaron a Roberto Romero von Buchwald, pero la Asamblea no lo posesionó.
En paralelo se elegía al presidente del Consejo de la Judicatura. En reemplazo de Maldonado ascendió Fausto Murillo, esto motivó un reclamo de Álvaro Román, quien era el vocal suplente de la expresidenta, y el conflicto escaló a la Corte Constitucional.
La CC dispuso que Román asuma la presidencia de la Judicatura hasta que se elija a un titular y que se lo haga con celeridad.
El expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela envió tres ternas de candidatos y los cuatro vocales no sumaron votos por ninguno y solicitaron una cuarta terna.
Esa sesión ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2023 y no participaron los exvocales de minoría.
La Corte dio seguimiento al cumplimiento de su sentencia y concluyó que hubo una actuación sistemática de parte de los consejeros.
El 23 de enero de 2023 los destituyó de sus funciones a los siete: Ulloa, Rivadeneira, Bravo, Estupiñán y a los tres de minoría, Almeida, Rosero y Dávalos, a estos últimos por omisión, porque no asistieron a ninguna de las sesiones en las que se trataba este proceso.
Para no dejar en acefalía el Consejo se principalizaron consejeros suplentes con Gina Aguilar en la presidencia y designaron a Wilman Terán como presidente de la Judicatura, quien con apenas ocho meses de funciones fue detenido y ahora sentenciado por los delitos de delincuencia organizada y obstrucción de la justicia en los casos Metástasis e Independencia judicial.
Con la disolución de la Asamblea Nacional se inició el periodo de Daniel Noboa en la Presidencia de la República y el Consejo le solicitó su terna para elegir a la autoridad de la Superintendencia de Bancos.
Nominó a Roberto Romero von Buchwald y fue elegido el 4 de diciembre de 2024, pero se posesionó recién el lunes en la Asamblea Nacional.
Tras las elecciones de febrero de 2023, siguió un CPCCS con la presencia de tres consejeros afines al correísmo conocidos como la ‘liga azul’, con Alembert Vera, Yadira Saltos y Augusto Verduga (y suplentes con Eduardo Franco y Vielka Párraga), a la que se adherían Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto, ya que eran parte de la mayoría.
En la minoría estaban Michelle Calvache y Andrés Fantoni.
Alembert Vera, exabogado del exmandatario Rafael Correa, aupó dos procesos para examinar la elección de Diana Salazar como titular de la Fiscalía General y de los jueces de la Corte Constitucional.
Lo apoyaron sus cuatro coidearios para que el colectivo Acción Jurídica Popular, integrado por activistas políticos en el que están la candidata a asambleísta Priscilla Schettini, la abogada Angélica Porras y el juez electoral Richard González, iniciara una fiscalización a Salazar que se centró en revisar su tesis universitaria.
Concluyeron que Salazar había plagiado textos de su trabajo de graduación y la acusaron de delitos como tráfico de influencias. No obstante, la Universidad Central del Ecuador declaró que no hubo plagio.
En esa coyuntura, Vera dio paso a la creación de una veeduría ciudadana para fiscalizar el concurso público que se hizo en el 2019 para la elección de jueces de la CC, pese a que la misma Corte dictaminó que los procesos hechos en el Consejo de Participación transitorio estaban blindados por darse en un periodo extraordinario.
Se inició una fase de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y aunque se evaluó a los cinco vocales que eran parte de la mayoría, solo destituyeron a Alembert Vera en octubre del 2023.
Ascendió a la presidencia la vicepresidenta Nicole Bonifaz, y en abril del 2024 se formó una mayoría con Andrés Fantoni, Michelle Calvache, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas y la removieron de esa dignidad. Designaron a Fantoni a la presidencia y Calvache a la vicepresidencia.
En su periodo de funciones, el presidente Daniel Noboa envió una nueva terna para la elección del superintendente de Bancos y Roberto Romero von Buchwald la encabezó.
Fue designado el 4 de diciembre de 2024. Un día después, la CC aceptó parcialmente una acción extraordinaria de protección de Raúl González, que reconoció la violación a la seguridad jurídica, pero aclaró que su fallo no afectaba los procesos de designación realizados antes de su pronunciamiento.
En diciembre pasado también se destituyó a Juan Guarderas en un juicio político impulsado por la bancada correísta al que apoyaron otros grupos de legisladores.
Más que por las causales de incumplimiento de funciones, había molestia en los miembros de la bancada de Construye e independientes porque Guarderas fue quien abrió el camino para que la RC y el Gobierno tengan en el Consejo de la Judicatura a Mario Godoy como presidente.
Con su destitución se principalizó Eduardo Franco, del ala afín al correísmo, con lo que sumaron cuatro voluntades con Saltos, Bonifaz y Verduga.
Su primera acción fue remover a Johanna Verdezoto de la vicepresidencia –a la que ascendió en lugar de Michelle Calvache, quien renunció al cargo para candidatizarse a la Vicepresidencia de la República, aunque sin éxito–. La reemplazó Yadira Saltos.
Con esa mayoría aprobaron el 22 de enero una resolución que ratificó a Raúl González en la Superintendencia de Bancos y a Romero lo dejaron designado para que asuma en el 2027.
La CC emitió un auto de aclaración que echó abajo lo resuelto y obligó a los cuatro vocales a recular de lo actuado. Pero se abrió la fase de seguimiento al cumplimiento de la sentencia y están en riesgo de ser sancionados por incumplir un fallo constitucional, que puede ser la destitución.
La Fiscalía los investiga por presunto incumplimiento de orden de autoridad legítima y usurpación de funciones y, en este contexto, Augusto Verduga pidió vacaciones y lo sucedió Gonzalo Albán, afín a la mayoría de Andrés Fantoni.
“El Consejo es una institución que la hemos agarrado en cenizas, hemos puesto los cimientos”, expresó Fantoni. (I)