Cuatro presidentes -dos titulares y dos temporales- en 19 meses en el Consejo de la Judicatura (CJ), cuatro de sus cinco vocales investigados y procesados penalmente, un juicio político en la Asamblea Nacional pendiente y acusaciones de componendas para meterle la mano a la justicia ecuatoriana, son la muestra de la inestabilidad en la que ha vivido el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Aunque hasta inicios del 2022 las decisiones tomadas en lo interno del CJ, el cual ingresó con el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de transición, no estaban alejadas de las críticas, es a partir del 2 de febrero de ese año que la situación se complejiza con la renuncia de la presidenta titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Ella no compartió una decisión de la Corte Constitucional (CC) que le retiraba competencias en el tema sancionatorio a quien presidía el CJ.
Publicidad
Ese hecho abrió una pugna de casi un año, respecto a quién debía dirigir la Judicatura. Álvaro Román, suplente de Maldonado, decía ser quien debía ser titularizado para liderar el CJ, pero el pleno del organismo, con los votos de los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, designaba como presidente temporal al también vocal Fausto Murillo. Acciones de protección y una acción extraordinaria de protección ante la CC fueron los recursos a los que acudió Román para evitar la designación.
El envío de la primera terna
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, afirmando que en la presidencia del órgano de gobierno de la Función Judicial debía estar un representante de esa instancia, como lo definía la Constitución, casi de inmediato remitió la primera terna al Consejo de Participación. Esta estuvo encabezada por el abogado en libre ejercicio Alberto Ordóñez y se completaba con los nombres de la jueza Paola Jarrín y el también abogado en libre ejercicio Andrés Valencia.
Publicidad
83 días después de ese envío, ante la falta de respuesta del CPCCS, Saquicela retiró la terna asegurando que lo hacía para evitar que se “consume la arbitrariedad de archivar la terna y con ello una nueva forma de metida de manos en la justicia”. Tres días después de ese hecho, el titular de la CNJ, con los votos del presidente Murillo y el vocal Morillo, fue suspendido por 90 días por denuncias ante una supuesta negligencia manifiesta. Ese caso también llegó a la justicia constitucional, aunque antes el pleno del más alto órgano de justicia ordinaria del país por unanimidad resolvió que su presidente no incurrió en manifiesta negligencia. A inicios de julio, luego de 44 días de estar suspendido, Saquicela volvió al cargo.
Juicio político en la Asamblea
La segunda quincena de julio de 2022 se iniciaba para Murillo, Morillo, Barreno y la renunciante Maldonado con la calificación de un juicio político en la Comisión de Fiscalización, el cual era apoyado por legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano. Se acusaba a los cuatro de un supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional, en 2019.
La correísta interpelante, Viviana Veloz, aseguraba que la justicia estaba secuestrada y en eso tenían mucho que ver Murillo, Barreno y Morillo, al ser funcionales al gobierno de Guillermo Lasso y hacer una evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional, con la consigna de cambiar su conformación y reemplazar a magistrados “incómodos”.
El vocal Morillo le recordó, como parte de su defensa en el Legislativo, que entre 2011 y 2018 la justicia estuvo tomada por el correísmo y que metieron las manos en la justicia, a tal punto que en ese período político se enviaban oficios desde la Presidencia de la República, liderada por Rafael Correa, amenazando a jueces con que si no fallaban a su favor el CJ de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh estarían tras ellos.
El proceso de juicio político no terminó en la censura y destitución de los cuatro interpelados, debido a que no se obtuvieron los 92 votos necesarios para que la propuesta sea aprobada. Pese a esa decisión, en la ahora cesada Asamblea quedó abierta la posibilidad de otro juicio político contra al menos dos integrantes del CJ por supuestamente ser parte de una reunión en la que se planificaba interferir en la justicia a favor de la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori.
El pleno de la Corte Nacional envía la cuarta terna
Para esos momentos ya habían sido enviadas al CPCCS la segunda y tercera terna propuestas por Iván Saquicela como presidente de la CNJ. La segunda terna estaba liderada por la jueza Maritza Romero, le seguía el asesor de la Corte Nacional Antonio Tello y se completaba con el nombre de la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; en cambio, la tercera estaba encabezada por Tello; le seguían Blanca Vallejo, presidenta de la Corte Provincial del Azuay; y, Esteban Mogrovejo, juez de la Corte Provincial del Cañar.
El presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, señalaba que mientras él ejerciera ese cargo sus “manos no se enlodarán por decisiones que afecten la institucionalidad del Ecuador”. Aclaraba que no habría trámite de alguna terna para designar vocal del Consejo de la Judicatura sin el pronunciamiento de la Corte Constitucional”.
Para finales de septiembre de 2022, la CC aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección planteada por Román y aunque no lo designaba como presidente del CJ, pues no provenía de la terna de la CNJ, le ordenaba al CPCCS de Ulloa iniciar de “inmediato” con el proceso de elección del vocal faltante de la Judicatura.
De la tercera terna fueron descalificados Tello y Mogrovejo y solo Vallejo cumplió con los requisitos. Ante ello el CPCCS decidió devolver la terna para que se complete o se envíe una nueva. Para ese momento, en el interior de la Corte Nacional se generaron debates respecto a si los integrantes de la terna debían ser seleccionados solo por el presidente del organismo o por el pleno. Ese criterio se dirimió en la cuarta terna, pues en el pleno de la CNJ con 15 votos a favor y cinco en contra se nominó como integrantes de la terna a los jueces nacionales Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.
Destitución del Consejo de Participación
El Consejo de Participación, para finales del 2022, no obtuvo los votos para designar como vocal del CJ a uno de los candidatos de la cuarta terna. Ante ese hecho, la CC activó su sistema de seguimiento de sentencias y al evidenciar el incumplimiento del CPCCS, en enero pasado, decidió destituir a sus siete integrantes. Como medida de reparación se dispuso que Álvaro Román sea posesionado temporalmente como presidente de la Judicatura hasta que sea designado el presidente titular.
Aproximadamente 22 días se mantuvo como presidente de la Judicatura. Los nuevos consejeros de Participación Ciudadana designaron a Wilman Terán como el vocal que representaba a la CNJ y a la vez como el nuevo líder del órgano de gobierno de la Función Judicial.
Asignación presupuestaria abre un frente con el Ejecutivo
Ya en el cargo, el primer frente que se abrió Terán fue con el Ejecutivo. El 1 de marzo pasado, en medio de un evento institucional, él le solicitó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que disponga las medidas necesarias para que la Función Judicial cuente con el suficiente presupuesto, para así brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y oportuno.
Un mes después, como ciudadano y no como titular de la Judicatura, Wilman Terán presentó una acción de protección contra el presidente Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea. Se decía que la medida buscaba exigir al Ejecutivo el presupuesto suficiente para que la Función Judicial cumpla con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia y se pretendía que se defina una reparación económica de $ 265,7 millones.
La jueza Cecilia Pareja aceptó parcialmente la acción de Terán y ordenó que realicen mesas técnicas de trabajo integradas por el CJ, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación para alcanzar acuerdos sobre las prioridades. Desde el CJ se priorizaron proyectos emergentes que suman $ 155 millones. Respecto a estos, el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer la fuente de financiamiento y la disponibilidad presupuestaria, pero hasta el momento nada se ha concretado. Para Terán, un poder del Estado en donde se trabaja por la justicia de la ciudadanía no puede estar “implorando migajas”.
Fiscalía General alerta sobre la idea de suspender a su titular
Otro de los frentes que se abrió en la administración de Terán fue con la Fiscalía General del Estado, institución que denunció que el CJ buscaba suspender del cargo a la fiscal general, Diana Salazar, “con un informe elaborado de forma maliciosa y sin sustento jurídico”. La fiscal explicó que ella está sujeta a control político de la Asamblea Nacional, mas no al régimen disciplinario de la Judicatura, y dijo que este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía para generar impunidad en ciertos casos de connotación.
La Judicatura analiza una denuncia de carácter disciplinario en contra de la fiscal general del Estado, que fue impulsada por el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), entre cuyos integrantes (y denunciantes) se encuentra Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por el delito de abuso sexual.
Según la denuncia, en el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en 2018, para elegir al fiscal general del Estado, Diana Salazar presentó documentos que no corresponden a producción académica y además varios textos habrían sido plagiados.
Para conocer el informe de la dirección de Control Jurídico, que aparentemente recomendaba la suspensión de Salazar, se convocó a una sesión extraordinaria al pleno de la Judicatura, la cual no pudo concretarse, pues solo estuvieron presentes Wilman Terán y Fausto Murillo.
Ante el anuncio de que la Judicatura aprobó la solicitud para que el CPCCS conforme la Veeduría Ciudadana que vigile el concurso interno para la designación de fiscales provinciales, la Fiscalía General cree necesario que se desarrolle un proceso previo que permita la recategorización de fiscales antes de que se realice desde el CJ el concurso interno de oposición y méritos para la designación de fiscales provinciales a nivel país.
Salazar aseguró que no permitirán que se repartan la Fiscalía General mediante este concurso para nombrar 23 fiscales provinciales y adelantó que defenderán la institución con las acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento jurídico vigente.
Investigaciones y procesos penales contra vocales de la Judicatura
La situación en lo interno del CJ se complicó cuando la Fiscalía, el 28 de abril pasado, anunció que formulará cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocales Morillo y Barreno, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya. Los tres eran parte de una investigación previa abierta el 15 de junio de 2022, ante audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de su destitución.
Casi de inmediato, ante una serie de allanamientos a oficinas del CJ, en Quito, se conocía que además de la causa por tráfico de influencias, contra integrantes del CJ estaban abiertas investigaciones previas por obstrucción de la justicia y lavado de activos; esta última estaría relacionada con el vocal Xavier Muñoz.
Coincidencialmente, al ser el juez nacional Walter Macías quien dio paso a varios de estos actos urgentes de allanamiento y fue, por sorteo, definido como el magistrado que llevaría el caso Vocales contra Barreno, Morillo y Jhayya, el pleno del CJ, con los votos de Wilman Terán y Muñoz, decidió suspender por 90 días a Macías. Esa medida inicialmente en una acción de protección aceptada se levantó, pero en segunda instancia se revocó.
Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza a Wilman Terán
Finalmente, el 19 de agosto pasado, con los mismos votos afirmativos de Terán y Muñoz, se destituyó del cargo de juez a Macías, por supuestamente haber incurrido en una falta grave. Al señalar que con los últimos actos ejecutados por el CJ se ha afectado el principio de independencia y la seguridad jurídica en el país, una buena parte del pleno de la Corte Nacional reiteró la confianza dada a Wilman Terán y exhortó a que den un paso al costado a los restantes integrantes del órgano de gobierno de la Función Judicial.
Tanto la Fiscalía como el Ejecutivo recordaron que ni Barreno ni Muñoz, pese a ser parte de las ternas remitidas por cada instancia en administraciones pasadas, representan los objetivos institucionales actuales, sino que estos funcionarios defienden sus propias agendas. Los aludidos han señalado que no renunciarían a sus cargos y que la única forma legal para reemplazarlos es mediante un juicio político en la Asamblea, instancia que al momento no está conformada.
Hechos relacionados a los casos Las Torres y Vocales serán el fundamento del delito de obstrucción de la justicia por el que se procesará al titular de la Judicatura, Wilman Terán, y otros siete funcionarios de esta institución. El caso está en manos del juez nacional Luis Rivera y hasta el momento no existe fecha para la audiencia en la que la fiscal general, Diana Salazar, formulará cargos contra las ocho personas.
El 5 de septiembre pasado se produjo uno de los últimos hechos por los que se ha criticado al CJ. Nuevamente con solo los votos de Wilman Terán y Xavier Muñoz se aprobó extender a nueve años los períodos de siete jueces de la Corte Nacional que inicialmente fueron escogidos para tres y seis años.
La decisión beneficia a los jueces penales Luis Rivera, juez a cargo del caso por obstrucción de la justicia; Byron Guillén, quien tiene la ponencia del informe ante la denuncia por error inexcusable contra Walter Macías; Felipe Córdova, integrante del Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016; y, Walter Macías, destituido del cargo el 19 de agosto pasado por los votos de Terán y Muñoz; más otros jueces de las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario. (I)