El martes se tratará la acción de protección que detuvo el concurso de elección de jueces para la Corte Nacional

Este martes está previsto que se resuelva la acción de protección planteada en contra del concurso público para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura (CJ).

Manuel Arévalo Rivera, uno de los participantes en esta selección de magistrados, interpuso un recurso de acción de protección con medidas cautelares, alegando que el Consejo de la Judicatura estaría violentando sus derechos constitucionales.

La razón: que fue inadmitido porque no cumple con el requisito de contar con diez años de haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia.

Esto, pese a que, según Arévalo, su actividad con prestación de servicios remunerados inició el 18 de septiembre del 2012 y contaría con catorce años de experiencia, por lo que cumple el requisito contemplado en la Constitución para ser juez nacional.

Según el demandante, que es juez en Quevedo (Los Ríos), la Judicatura viola sus derechos como el de desempeñar empleo, de igualdad y no discriminación, a la defensa en la garantía de motivación, la seguridad jurídica, entre otros.

La causa se tratará en el despacho de la jueza de Quevedo, Mónica Díaz Fuentes, quien aceptó la solicitud de medida cautelar y suspendió el concurso hasta resolver el fondo de la solicitud. Llamó a la instalación de la audiencia para el 21 de mayo a las 15:00.

El Consejo de la Judicatura cuestionó que estos recursos retarden el desarrollo de la selección de autoridades, pero estas 48 horas de suspensión se recuperarán dentro del cronograma establecido.

En el proceso participan 172 personas que pasaron a la fase de calificación de sus méritos y otros 94 quedaron excluidos.

El objetivo es designar a diez jueces para las salas especializadas de la Corte Nacional: tres para la Sala de lo Contencioso Administrativo, uno para la Sala de lo Contencioso Tributario, tres para la Sala de lo Penal, dos para la Sala de lo Civil y Mercantil; y, uno para la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia. (I)