Ministro Harold Burbano dice que resolución judicial a favor de Alexandra Villacís ‘se vuelve inejecutable al no tener la claridad’ de quién debe corregir la inhabilidad

El Ministerio del Trabajo aún no corregirá el impedimento para ejercer cargo público emitido en contra de Alexandra Villacís Parada —considerada exvocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) —, mientras la justicia ordinaria se pronuncie sobre un recurso de aclaración y ampliación en una sentencia de habeas data . “La sentencia oral y escrita tiene vacíos. Entre ellos, el principal, cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del Servicio de Rentas Internas (SRI). El Ministerio del Trabajo es solo un repositorio de información de las instituciones en donde se generan las obligaciones. Entonces, ejerciendo el debido proceso y la seguridad jurídica, hemos preguntado a la jueza quién es el responsable de ese cambio o responsable de la rectificación: si el Ministerio del Trabajo bajo prevenciones de ley, es decir, notificando al SRI que esto fue una resolución judicial; o si el SRI debería enviarnos información previa. Eso generará claridad en la sentencia”, manifestó el ministro del ramo, Harold Burbano , este 26 de marzo de 2026.Su declaración se dio a propósito de la acción de habeas data que interpuso Alexandra Villacís, quien fue electa vocal suplente para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura en delegación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La abogada y catedrática fue inhabilitada para principalizarse en ese cargo el 9 de febrero pasado, en tanto se sustanciaba el juicio político en contra de Mario Godoy , exvocal y presidente del CJ, a quien ella debía sustituir en caso de una ausencia temporal o definitiva. A Villacís le apareció una inhabilidad para ejercer un cargo en el Estado, porque aparentemente mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas de años atrás. Ella planteó este recurso jurisdiccional de habeas data para que el ministerio corrija dicho impedimento y, el 24 de marzo, la jueza de la Unidad Judicial Civil de Pichincha Viviana Pila lo aceptó y ordenó que se rectifiquen los datos personales de la accionante en un plazo de 24 horas. Previamente, el 9 de febrero, el Consejo de la Judicatura solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —encargado de hacer los concursos públicos y por ternas para elegir autoridades del Estado— que active el mecanismo de selección de un suplente al observarse la prohibición para Villacís. En esa línea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez , envió una lista de tres nombres para que se escoja a su suplente y a un consejero principal que reemplace a Mario Godoy, quien fue destituido y censurado por el pleno de la legislatura el 18 de febrero pasado. Este jueves, Harold Burbano informó que había sido notificado con la sentencia de la jueza Pila, pero que interpuso un recurso de ampliación y aclaración. “Las sentencias que deben cumplirse son aquellas que estén ejecutoriadas y además que sean ejecutables. En este caso, la resolución oral, como la escrita, se vuelve inejecutable al no tener la claridad de quién se hace responsable del cambio de información o de la rectificación”, subrayó Burbano, durante un evento que se realizó en la Cancillería, en Quito, este jueves.Se requiere claridad de quién debe hacer el cambio, si el ministerio y este, a su vez, informar al SRI, “porque desconocemos si existe o no una obligación”; o, si el “SRI debe primero aclarar la información y enviarla al ministerio”, dijo. El funcionario aseguró que este tema se está manejando de manera “muy técnica” y que, “si se ha politizado en otro espacio, no vamos a caer en eso”. En paralelo, el Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante el proceso de selección de un vocal principal y suplente para la presidencia de la Judicatura, de la terna que envió la CNJ. El miércoles último se conoció el informe de cumplimiento de requisitos de los tres aspirantes nominados por Marco Rodríguez, de los que solo la jueza nacional Mercedes Caicedo los cumplió. Los otros dos: María Fernanda Morejón y Óscar Chamorro, reportaron inhabilidades. Por ello, se solicitó a Rodríguez que complete la terna para seguir con el procedimiento. La decisión se tomó pese a que Alexandra Villacís pidió a los siete consejeros de Participación Ciudadana que se “abstengan” de seguir con el procedimiento, tomando en cuenta que la justicia ordinaria ordenó que se rectifique la inhabilidad para ejercer cargos públicos. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni , argumentó durante la sesión ordinaria del 25 de marzo que el organismo no era parte procesal en este litigio y que tampoco había sido notificado, por lo que avanzarían con la selección de los consejeros principal y suplente. Adicionalmente, pese a que el Consejo de Participación determinó que la postulante María Fernanda Morejón registraba un impedimento en el Ministerio del Trabajo, hubo un cambio.En el sistema informático de ese ministerio, Morejón ya “no” tiene prohibición, inhabilidad o impedimento para ejercer cargos. Este suceso deberá analizarlo el CPCCS en su pleno. (I)

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