Un total de 70 postulantes al concurso para la selección y designación de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ) superó la fase de exámenes de confianza y pasa a la fase de oposición. La aplicación de esta etapa del proceso se realizó entre este lunes 15 y el martes 16 de julio.
El informe con los nombres de los 70 profesionales que pasan a la siguiente fase del concurso fue aprobado el lunes 22 de julio último por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), dentro de una sesión extraordinaria, con el voto de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y del nuevo presidente del organismo, Mario Godoy.
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Datos de la Judicatura revelan que dentro de los 70 postulantes que siguen en carrera hay trece que aspiran a la Sala Civil y Mercantil, once pretenden un cupo en la Sala Contencioso Administrativo, diez buscan una vacante en la Sala de lo Contencioso Tributario, ocho postulan para la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia, y 28 para la Sala Especializada de lo Penal.
Este concurso espera hasta octubre próximo escoger diez jueces y entre trece y quince conjueces para las cinco salas especializadas del más alto órgano de justicia ordinaria del Ecuador. El 25 de marzo pasado se hizo público el inicio del nuevo concurso público.
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En enero pasado, el pleno del CJ, con el voto del entonces presidente del CJ, Álvaro Román, de la vocal Yupangui y del entonces vocal principal Fausto Murillo, de forma unánime, declaró la “nulidad insanable” total del concurso defendido por el en ese momento expresidente de la Judicatura Wilman Terán. Se explicaba que la decisión tomada obedecía a la identificación de anomalías en distintas fases del concurso, las cuales, se dijo, habían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad que rigen el proceso. Además, se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y penales.
Luego de la entrega del formulario de declaración de conflicto de intereses, la prueba de competencias laborales y la prueba de honestidad, los cuales eran los tres componentes de las pruebas de confianza, 35 profesionales del derecho que participaban no superaron la etapa y dos restantes no se presentaron a rendir la prueba. Todos ellos fueron excluidos del proceso inmediatamente.
Según la Judicatura, la aprobación del informe final se dio con el voto unánime de los vocales y del presidente del organismo, pues se habría considerado que el proceso se desarrollaba “cumpliendo con los principios de transparencia y publicidad; sin observaciones, y con el acompañamiento de una empresa externa, cuyos representantes ratificaron que se realizó un trabajo técnico”. (I)