Con la vinculación de tres personas, suman ya 18 los procesados por el peculado investigado en la compra de siete helicópteros Dhruv

Tres procesados y 30 días de investigación se suman al proceso penal por el delito de peculado en el que se investiga la existencia de irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv , realizada en 2008 por parte del Estado ecuatoriano, representado por el Ministerio de Defensa para ese momento, y la compañía de la India Hindustan Aeronautics Limited (HAL), fabricante de las aeronaves.Por decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera y a pedido del fiscal general subrogante Wilson Toainga, desde este 12 de enero fueron incluidos como investigados el teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Alonso Espinoza , el brigadier general de la FAE Antonio Puga y Juan Cortez, representante legal de la compañía HAL para Ecuador.Según Toainga, se vincula a la investigación a Puga por ser el jefe del proyecto de adquisición de los siete helicópteros Dhruv, a Espinoza por haber sido el jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE responsable de la recepción de las aeronaves adquiridas, y a Cortez, representante legal de la empresa Sumil, quien a su vez representa a la HAL, empresa adjudicataria del contrato de los siete helicópteros para la FAE.El fiscal general subrogante señaló que durante los primeros días de instrucción fiscal aparecieron nuevos elementos de los que se desprende la participación de los tres vinculados en el proceso preparatorio, precontractual y de ejecución para la adquisición de los siete Dhruv. Documentos como convenios, oficios, informes, así como pericias y versiones fueron parte de los elementos de convicción que presentó Toainga para justificar la vinculación.Fiscalía presentó 28 elementos individuales contra Cortez, seis contra Espinoza y once contra Puga. También Toainga hizo conocer de cuatro elementos de convicción generales a los tres ahora procesados.Rivera además de aceptar la vinculación de Cortez, Puga y Espinoza, dio paso a las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida de país que solicitó Toainga. Los procesados deberán asistir ante la secretaría de la Sala Penal de la CNJ cada 15 días desde el 17 de enero próximo.El juez además ordenó la prohibición de enajenar bienes que tengan los vinculados en el territorio por un máximo de 500 salarios básicos unificados al 2021 ($ 200.000).Una vez la instrucción fiscal se extiende 30 días más con la vinculación, es decir, concluirá a los 120 días, el fiscal Toainga solicitó al juez Rivera que se mantenga la prohibición de enajenar los tres helicópteros que quedan y que fue dispuesta inicialmente por los 90 días de instrucción. El pedido fue aceptado.Lorena Tirira, representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), quien comparece como víctima en esta causa, aseguró que esta investigación penal se inició luego que se determinaron irregularidades con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución para la compra de los siete helicópteros Dhruv. La posible afectación al Estado ecuatoriano en esta caso superaría los $ 63 millones.Para Tirira, la Fiscalía dejó claro que el rol de las tres personas vinculadas fue indispensable para esta contratación y usaron arbitrariamente los recursos del Estado para favorecer a la empresa HAL. Las defensas de Cortez y Puga, Holguer Gavilanes y Paúl Guerrero, respectivamente, no se opusieron a las medidas cautelares que pidió la Fiscalía, pero dejaron claro que en estos próximos 30 días desvirtuarán cada uno de los elementos que, se dice, existe sobre ellos.Quien sí rechazó los elementos y además las medidas cautelares fue Diego Velasco, defensor de Espinoza. El abogado argumentó que se está vinculando a su cliente con elementos de descargo existentes en el expediente del caso y aclaró que Espinoza no participó en ninguna de las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución como lo ha dicho la Fiscalía.“El general Espinoza es el único vinculado sin haber ejercido ningún hecho penalmente relevante. Le parece relevante a la Fiscalía la actuación del general Espinoza y no le parece penalmente relevante la actuación de quienes suscriben las actas de entrega de los helicópteros y no están siendo procesados ”, apuntó Velasco.Para Patricia Ochoa, esposa del asesinado comandante de la FAE Jorge Gabela, son pertinentes las vinculaciones, pues, por ejemplo, cree que el general Alonso Espinoza es la persona más indicada para aclarar al país por qué se dieron estas malas adquisiciones para el Estado y pésimas para los familiares de quienes fallecieron en los accidentes de los helicópteros Dhruv. A decir de Ochoa, Espinoza fue quien ejecutaba el proyecto Dhruv.El general Gabela en su momento denunció irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron , dejando como resultado a tres personas fallecidas en los mismos.Cortez, Puga y Espinoza se suman a los ya investigados Javier Ponce y Wellington Sandoval, ex ministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa ; el ex comandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; el ex director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales; el ex jefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jame Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.Una vez decidida la vinculación, el juez Rivera trató el pedido de Fiscalía para revisar la medida cautelar de presentación periódica que no ha cumplido, desde el 18 noviembre pasado, el procesado Carlos Morales. Debido a que el investigado tiene 72 años y justificó que por temas de salud no pudo asistir a las presentaciones periódicas, Rivera le cambió la medida cautelar de presentación por la de arresto domiciliario. Morales es el único de los procesados que ha incumplido las medidas ordenadas en este caso para asegurar que enfrenten el proceso los investigados. (I)

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