La oposición al Gobierno captó la mayoría en la comisión ocasional que se encargará del tratamiento del proyecto de reforma constitucional del presidente de la República, Daniel Noboa, para el establecimiento de las bases militares.
El acuerdo entre las bancadas correísta y socialcristiana viabilizó la creación de una nueva comisión que tramite las reformas constitucionales y, con ello, el PSC dejó de lado su reclamo de que la propuesta del Ejecutivo debía ser tramitada en la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales, presidida por el asambleísta Otto Vera (PSC), quien un día antes fue designado como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
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La comisión ocasional para el tratamiento de la reforma constitucional tendrá un plazo de 180 días (seis meses) para su actuación y podrá prorrogarse por el mismo plazo con aprobación previa del Consejo de Administración (CAL).
La mesa está integrada por los asambleístas Gisella Garzón (RC), Sofía Sánchez (PSC), Mariana Yumbay (Pachakutik), Arturo Usha (UP-Democracia Sí), Rafael Dávila (Avanza-SUMA), Nataly Morillo (ADN) y Jorge Peñafiel (Construye). La moción para integrar la nueva comisión la presentó el asambleísta Otto Vera (PSC), tras señalar que no puede continuar la comisión ocasional que presidía por dos razones: la primera, porque ocupa el cargo de primer vicepresidente de la Asamblea, y eso impide presidir una comisión; y la segunda, porque pronto vencerá el plazo para que concluya el trabajo de la comisión donde se tramita una enmienda constitucional del PSC respecto a los requisitos para ser asambleísta.
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Las bancadas del PSC y RC, en las últimas semanas, actúan bajo la misma línea y con ellos también lo hace Pachakutik, los legisladores autodenominados independientes pero que representan al partido Avanza y SUMA, así como el representante de la alianza Unidad Popular-Democracia Sí. Con ello, en la mesa ocasional para el trámite de la reforma constitucional hay cinco miembros que representan a la oposición, frente a una delegada del oficialismo, Natali Morillo. A un lado está el delegado de Construye, Jorge Peñafiel.
La legisladora Gisella Garzón (RC), quien lidera la lista de los integrantes de la comisión y será la encargada de instalar la sesión para nombrar a las autoridades de la mesa, anticipó que habrá una diversidad de criterios en un tema como el planteado por el Ejecutivo, y que sería un absurdo renunciar a los criterios particulares.
Anticipó que hasta la comisión se llamará a expertos colombianos en temas de seguridad para determinar el beneficio recibido en ese país por las bases militares extranjeras, y además solicitará la presencia de los representantes de los ministerios de Defensa Nacional y Policía para saber cuál es la planificación real sobre el tema y que respondan para qué quieren presencia de fuerzas armadas extranjeras, por qué tiempo, con qué objetivos y cuáles serán los parámetros tangibles; y cómo la gente puede vivir o sentir una real transformación del caso, y no únicamente “un tema que se utilice para la campaña en momentos de elecciones y ya, sino que se traduzca realmente en algo para la gente”.
Garzón manifestó que con la mayoría de la mesa no cuenten para mentirle al país, porque no se puede jugar con el tema de la seguridad.
Indicó que el informe para primer debate, a su criterio, debe ser muy técnico y, sobre todo, superar aquello que la Constitución y el mismo Estado pueden defender y sostener, donde se señala que las FF. AA. son las que precautelan la seguridad en nuestros límites de frontera.
Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, señaló que en la designación de autoridades se debe dejar claro cuáles son las prioridades de la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico y toda la dinámica que se lleva a cabo desde hace varios años en Ecuador, y manifestó que las bases militares en el país tienen que persistir y tener cooperación de todos los sectores.
Manifestó que se tendrán que ver los votos en la comisión para designar como presidente de una persona que no utilice un espacio institucional para darle pie a la impunidad de las bancadas criminales. Aún están discutiendo quién presidirá la comisión, pero señaló que es indudable que el correísmo la lidere, pero sin los votos del movimiento Construye.
Natali Morillo, de la bancada ADN, pidió a los asambleístas de la mesa dejar todas las disputas políticas y pensar que la alta criminalidad que tiene América Latina y el mundo necesitan acciones concretas multilaterales para los procesos de investigación criminal. Dijo que se necesita establecer una hoja de ruta y un calendario de trabajo.
Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, dijo que lo más pronto posible se reunirán para nombrar sus autoridades y elaborar un plan de trabajo para llevar adelante la aprobación de las reformas parciales a la Constitución, pero anticipó a título personal que la presencia de las bases militares extranjeras no ha solucionado los problemas, porque el narcotráfico, extorsión y delincuencia siguen más vigentes que nunca.
Hasta las 15:00 de este 30 de octubre, no había convocatoria para la primera reunión de la mesa, que arrancará sus actividades con la designación de las autoridades. Desde el día en que se reúna la mesa ocasional se deberán contar no menos de 30 días ni más de 60 días para presentar el informe para primer debate.
El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. (I)