La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), convocó a los miembros de la mesa para este lunes a las 21:00, a sesión presencial, para conocer y analizar la sentencia dictada por el juez Édgar Romero respecto de los juicios políticos en contra de exministros de Estado y que fueron archivados.
La sesión está convocada de manera presencial y en la agenda también incluye conocer la calificación que realizó el Consejo de Administración Legislativa (CAL) al juicio político presentado en contra de la fiscal Diana Salazar, y además el pedido que formuló ella para que se reactive el trámite de los procesos en su contra.
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Pamela Aguirre convocó para este lunes luego que el sábado la comisión tuvo que suspender la reunión tras registrarse un apagón del servicio eléctrico que afectó a varias provincias del país.
En la agenda prevista para este lunes se incluyen dos puntos en el orden del día.
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- Conocimiento y análisis de la sentencia dictada por el juez Édgar Romero, dentro del juicio n.º 1728320240121 y documentación relacionada, referido a la acción constitucional presentada por la asambleísta Inés Alarcón.
- Avocar y calificar los trámites de enjuiciamiento político en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado.
El asambleísta Lenin Rogel, miembro de la Comisión de Fiscalización por el PSC, señaló que aún no hay una hoja de ruta clara sobre el procesamiento de los juicios políticos, toda vez que existe un pronunciamiento del pleno de la Asamblea sobre la disposición judicial que concedió una acción constitucional de protección a la asambleísta Inés Alarcón por el archivo del juicio político a tres ministros del gobierno de Guillermo Lasso.
Respecto de la multa impuesta por el juez en contra de la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, y la advertencia a los miembros de la mesa de Fiscalización de ser multados por cada día que no den cumplimiento a la sentencia judicial, dijo que tomarán la mejor decisión para cumplir la norma respectiva.
Aclaró que no podrían ser multados los miembros de la mesa de Fiscalización sin haber sido convocados a una sesión de la comisión, pues lo anunciado por la presidenta Pamela Aguirre fue a título del cargo que ostenta.
Rogel dijo que una vez conocida la sentencia del juez Édgar Romero, el siguiente juicio que debe evacuarse es el presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) en contra de la fiscal Diana Salazar.
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, manifestó: Se debe dar cumplimiento de la sentencia judicial “nos guste o no, esté bien o esté incorrecta, tenemos que cumplir con lo que dice la sentencia; si es que existe una multa por incumplimiento de sentencia, tendrá que cumplirse igualmente porque vivimos en un Estado de derecho”.
Si la sentencia es ilegal o está en contra de la norma o que sea nula, tendrá que definirse en un recurso de alzada y ese tribunal resolver lo pertinente, mientras tanto se tiene que cumplir con lo establecido en la sentencia del juez.
Inés Alarcón, de la bancada ADN, reiteró que la sentencia del juez es de obligatorio cumplimiento y en caso de que no se ejecute habrá sanciones, como multas y hasta la destitución del funcionario público.
También se mostró a favor de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inicie el juicio político a la fiscal general del Estado y que, en paralelo, responda al juez Édgar Romero de que hubo un cumplimiento de la sentencia, pero que habrá un orden para el trámite de los juicios archivados.
La asambleísta Gissela Garzón (RC), proponente del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, explicó que en el último impulso del juez sobre la acción de protección, lo que reconoce es que la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, unilateralmente no puede tomar decisiones y por lo tanto, la decisión de suspender el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, no nace de la mesa, sino del cuerpo colegiado de la comisión.
A criterio de RC, no solo que se abusa de una sanción económica a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, sino que se está desconociendo una sentencia constitucional que es mandatoria para el juez, los asambleístas y la Corte Nacional de Justicia.
Respecto del trámite del juicio político a la fiscal Diana Salazar, dijo que lo único claro entre todas las bancadas es que el juicio a la fiscal, por el principio de prelación, debe ser tramitado antes de los tres juicios a los ministros del gobierno de Guillermo Lasso; y eso se tendrá que respetarse. (I)