El colectivo ciudadano Defiende tu Voto presentó una denuncia en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, supuestamente cometido en el proceso de recuento de votos y que representaría una afectación de un millón de sufragios en los escrutinios del 20 de agosto pasado.
Como hecho se relata que el 31 de agosto el pleno del CNE, presidido por la consejera Diana Atamaint, proclamó los resultados definitivos de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República de las elecciones anticipadas 2023. Según el accionante, ese acto de proclamación presuntamente estuvo sustentado en actas de escrutinio falsas.
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Óscar Ayerve, integrante del colectivo, contó que el colectivo una vez que concluyó el proceso electoral del 20 de agosto, entregó un primer informe al CNE, donde hizo notar que en los registros que fueron obtenidos del sistema informático del organismo electoral había 3.074 inconsistencias numéricas de las 40.776 investigadas.
Además, se pidió al CNE que se entregue de manera certificada la documentación relacionada con las actas de sufragios que nunca fueron ingresadas al sistema.
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Que también se informó que las inconsistencias entre las actas de escrutinio, actas de recuento versus las actas vinculadas a los sufragantes tenían graves y serias discrepancias.
Dijo que causó enorme sorpresa comprobar que las actas vinculadas a las elecciones presidenciales de las circunscripciones del exterior no estaban contabilizadas en el resultado final de presidente de República y en las actas de la consulta del Yasuní, por tanto, se registraron discrepancias en 625 actas no constantes en la totalidad de las 70.776 actas, lo cual provoca una seria discrepancia de resultados electorales.
Esto, unido a una serie de documentos registrados y certificados han motivado para sustentar la denuncia que tiene relación con la falsificación y uso de documento falso, delito contemplado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Indicó que el colectivo ha pedido a los ciudadanos del país que se activen para solicitar la renuncia de los cuatro miembros de la mayoría del CNE: Diana Atamaint, Enrique Pita, Estela Acero y José Cabrera, porque no brindan confianza a la democracia y a la transparencia electoral del país.
Las actas adulteradas, sin duda, añadió Ayerve, representan a más de un millón de votos, pero serán los peritos y expertos que avalen toda la documentación presentada por el colectivo, y es un tema que deberá ser resuelto con responsabilidad, anotó.
Dijo que formalizó la denuncia ante la Fiscalía para que se determinen con precisión las afectaciones de algo que significa manipulación y adulteración de documento público, como son las actas de escrutinio, y una falta grave al no subir al sistema Azure las actas de sufragantes.
Néstor Marroquín, abogado y miembro del colectivo, afirmó que tiene el documento certero de que “efectivamente la falsificación se produjo y consecuentemente una alteración de resultados que configura el delito de fraude electoral”.
El vocero comentó que las pericias solicitadas a la Fiscalía permitirán obtener el elemento prueba necesaria para acudir al Tribunal Contencioso Electoral a solicitar sanciones en contra de los integrantes del CNE por no cumplir con su función y no brindar transparencia y garantía.
Marroquín manifestó que en 3.074 juntas receptoras del voto existen anormalidades numéricas y eso se sustenta en pruebas que presentaron a la Fiscalía. Una de ellas, explicó, en la provincia del Guayas, suscripción 2 del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, que corresponde a la junta 1 masculino del Centro de Privación de Libertad n.º 4, y cuando se corre el programa para validar los datos y se señala que en esa junta electoral se presentó cero votantes para asambleístas nacionales, provinciales y la consulta de Yasuní.
Pero en el recuento se evidencia que se ha cambiado arbitrariamente la cantidad del resultado de sufragantes de 43 originalmente registrados a 300 en la elección del binomio presidencial y a 0 en las otras dignidades.
Este cambio artificial de sufragantes, añadió, que no se puede contrastar con el número real porque el CNE no publica la denominada hoja padrón o acta de sufragantes, obliga a realizar un examen en el padrón electoral y verificar si efectivamente en esa junta se presentaron a votar 300 personas, 43 personas o ninguna. Dado que, como testigo indubitado, este documento contiene las firmas, rúbricas o huellas dactilares de las personas que se acercaron a sufragar. (I)